Política
(San Juan, Puerto Rico, 22 de mayo de 2026) – La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura advirtió sobre mayores limitaciones de acceso a la justicia para comunidades y organizaciones ambientales, así como la amenaza de destrucción contra la Zona Cársica contenidas en los proyectos de la Cámara 1213 y 1079.
Sobre el Proyecto 1213, el representante Denis Márquez Lebrón, incluso advirtió que es más abusivo y peor que la Ley 82 que acaban de aprobar. A juicio de Márquez, varias de las disposiciones del Proyecto 1213 hacen más difícil y costoso para la ciudadanía acudir a los tribunales a defender sus derechos. Señaló que el proyecto establece nuevos obstáculos para resistir el impacto de actuaciones permitidas bajo el Código. Dio como ejemplo, la exigencia de incluir en petición judicial la declaración de profesional cualificado, penalización del reclamo de derechos, extiende la fianza obligatoria a los casos de usos y actividades y, limita los remedios judiciales al injunction contemplado en el Código de permisos propuesto.
Además, alertó que se penaliza solamente a quienes soliciten la paralización de alguna actuación que le ocasione daño con la imposición de honorarios y una pena adicional si el tribunal determina que su solicitud no tenía méritos, lo que podría desalentar el ejercicio del derecho a reclamar.
“El Proyecto de Código de Planificación y Permisos impone unos obstáculos adicionales al de la fianza que atenta contra el acceso de la ciudadanía a la justicia y defensa del medio ambiente. Con ello, se refuerzan las fallas sistémicas que hace más flexible los mecanismos de permisos que permiten crímenes ambientales y la destrucción de nuestras costas y áreas protegidas en menoscabo de nuestro desarrollo económico sostenible”, señaló Márquez Lebrón.
En tanto, la senadora María de Lourdes Santiago y, la representante Adriana Gutiérrez Colón, denunciaron que el Proyecto de la Cámara 1079, de la autoría del representante Carlos “Johnny” Méndez, constituye una amenaza de destrucción contra la Zona Cársica, un recurso natural no renovable, vulnerable a daños irreversibles y que abarca cerca más del 20% de la superficie de Puerto Rico.
Ambas legisladoras denunciaron que la medida propone revocar el mandato de “conservación” establecido en la Ley 292-1999 para sustituirlo por una política de “aprovechamiento” de recursos de agua y materia prima. Además, advirtieron, que se “borraría de un plumazo” la delimitación vigente de la Zona del Carso, y las correspondientes protecciones, eliminando de la ley toda mención de las áreas que hoy la componen, y delegando en la Junta de Planificación un nuevo estudio a partir del cual se harían las nuevas designaciones de zona cársica.
“Esta medida, de aprobarse, pudiera provocar acciones como la extensión del vertedero de Toa Baja (acción que hoy está expresamente prohibida) hacia el hábitat crítico del coquí llanero; la extracción de agregados para material de construcción; la edificación de estructuras en suelos inestables; y la contaminación del agua que a través de infraestructura como la del Supertubo, abastece a medio millón de puertorriqueños”, indicó la Senadora Santiago Negrón.
“Un municipio como Florida, depende totalmente de los sumideros para el desagüe pluvial. Intervenir con el carso pone en peligro de serias inundaciones a toda esa zona. Y no se puede olvidar que Esencia colinda con uno de los bolsillos de la zona cársica, y que cualquier cambio en zonificación beneficiaría el progreso del proyecto”.
Otras objeciones del PIP con relación al proyecto 1079 son la limitación de la injerencia del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la asignación a la Junta de Planificación, sin exigir un término fijo para ello, la tarea de una nueva delimitación del carso y a la OGPe la concesión de endosos y permisos para la zona.
Señalaron que no puede ser casualidad que ya esté programado un “conversatorio” convocado por la industria de la construcción en el que uno de los temas será “reglamentación del carso”.
Gutiérrez Colón alertó que bajo el nuevo estatuto “se permitiría la instalación de torres o antenas de comunicación y se levantarían restricciones aplicables a propiedades privadas dentro del área protegida”.
Recordó, además, el terrible incidente del derrumbe de Villa España, Bayamón, en el año 2013, como ejemplo del “gravísimo riesgo geológico” que implica la construcción en esa zona.
Tanto Santiago, como Gutiérrez Colón, precisaron que la Zona Cársica incluye áreas de enorme valor ecológico e hidrológico, como el sistema de cuevas del Río Camuy, el Río La Plata, el Caño Tiburones, el Río Tanamá, el Río Encantado y la cuenca del Río Grande de Arecibo.
Según el propio DRNA en el carso habitan más de 200 especies en vías de extinción, además de ubicar zonas de anidaje de tinglares, tortuga verde y carey de concha.
La medida, añadieron, se suma al Proyecto de la Cámara 25, que limitaría la zona marítimo terrestre, como parte de una agenda dirigida a debilitar protecciones ambientales fundamentales.
La Zona Cársica, según la Ley 292-1999, comprende una franja continua en el norte, desde Loíza hasta Aguada, en el sur una franja discontinua desde Juana Díaz hasta Cabo Rojo, espacios aislados en Aguas Buenas, Barranquitas, Comerío, Cabo Rojo, Lajas y San Germán y la totalidad de Mona y Monito.
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