Justicia Social
Para Prensa Sin Censura
NO HA LUGAR.
Las únicas tres palabras radicadas por el juez del caso Rosa Lydia Vélez resumen el estado de la educación especial en Puerto Rico.
Dos años. Dos niños sin educación ni servicios efectivos por parte del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR). Una madre que ha acudido a cada foro posible con PEI vigentes, resoluciones administrativas finales, recomendaciones periciales aceptadas en su totalidad, y órdenes a favor de sus hijos.
La Hoja de Control Global del caso Rosa Lydia Vélez identifica 14 obligaciones particulares: registro, referido a evaluación, determinación de elegibilidad, PEI, ubicación, servicios relacionados, reevaluaciones, transportación, becas de transportación, transportación por porteador, barreras arquitectónicas, procedimiento administrativo, asistencia tecnológica y transición.
En el caso de estos dos menores, esas 14 áreas de cumplimiento han sido comprometidas o incumplidas en la práctica.
La madre tenía base para radicar a nombre de sus hijos porque el caso Rosa Lydia Vélez no es un caso cerrado ni ajeno: sigue activo por jurisdicción retenida para hacer cumplir sus estipulaciones. La Sentencia nació de padres y madres que comparecieron por sí y por sus hijos, miembros de una clase de estudiantes de educación especial a quienes el Departamento de Educación no les provee los servicios que garantiza la ley. Pedir intervención ante dos años de incumplimiento no era pedir un favor; era acudir al foro creado para atender precisamente ese tipo de violación.
Ante una moción pidiendo remedio urgente, la respuesta del Tribunal fue: “No ha lugar.”
Dentro de un caso que se supone que proteja los derechos de nuestros hijos, esas tres palabras dejan mucho que decir.
Cuarenta y cinco años después del caso Rosa Lydia Vélez, el incumplimiento del Departamento de Educación continúa. Mientras tanto, el sistema sigue recibiendo miles de millones en fondos públicos por estudiantes que registra, pero a quienes deja sin educación, sin apoyos básicos, sin evaluaciones, sin terapias, sin transición, sin ubicación apropiada y sin servicios reales.
Un padre puede tener PEI firmados por el Departamento de Educación, recomendaciones periciales aceptadas por el DEPR, y cuatro resoluciones finales del foro administrativo del propio DEPR reconociendo la denegación de FAPE, educación pública, gratuita y apropiada, durante dos años consecutivos. Aun así, la respuesta de cada foro, cada agencia gubernamental y del propio Tribunal sigue siendo la misma:
No ha lugar.
Mientras tanto, el DEPR utiliza al Departamento de la Familia para presionar a los padres a abandonar los derechos federales de sus hijos, o a abandonar la isla, como tantas familias han tenido que hacer cuando ya no aguantan más.
La lección de hoy es clara: los documentos del DEPR ya no significan nada si ningún foro los hace cumplir. Y aparentemente, las estipulaciones del caso más reconocido de educación especial en Puerto Rico tampoco significan mucho cuando los incumplimientos documentados de estudiantes reales, miembros de la clase, se reciben y se despachan con tres palabras.
Hace unos meses le pregunté a una persona reconocida dentro del caso Rosa Lydia: si nadie actúa ante la negligencia institucional del DEPR, ni el DPI, ni la OPC, ni el Departamento de la Familia, ni la Comisión de Derechos Civiles, ni las senadoras dentro del Comité de Educación, ¿dónde más podemos ir?
No me respondió.
Hoy, finalmente, recibí la respuesta:
No ha lugar.
Julia Feliz Barrera es ciudadana puertorriqueña y madre de dos menores de educación especial.
Prensa sin censura 