Política
Comunicado para Prensa Sin Censura
El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano denuncia enérgicamente la firma de la ahora Ley 82-2026 por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón, legislación derivada del Proyecto de la Cámara 310, por constituir un ataque frontal contra el derecho de las comunidades a defender sus recursos naturales, su territorio y su calidad de vida.
Con esta nueva ley, el gobierno impone requisitos económicos prohibitivos para que ciudadanos, organizaciones comunitarias y grupos ambientales puedan acudir a los tribunales o a procesos administrativos a cuestionar proyectos de construcción y desarrollos que amenacen ecosistemas sensibles y comunidades vulnerables.
Entre las disposiciones más alarmantes se encuentra la imposición obligatoria de una fianza equivalente al 10% del valor del proyecto impugnado, requisito que en la práctica convierte el acceso a la justicia ambiental en un privilegio exclusivo de quienes poseen grandes recursos económicos.
Esta legislación pretende silenciar la oposición comunitaria y despejar el camino para megaproyectos destructivos impulsados por intereses corporativos y especulativos.
Diversas organizaciones ambientales y comunitarias han denunciado que la medida representa “un atentado directo a la democracia, a nuestros derechos y a la protección de los sistemas naturales y la ciudadanía”, tal como expresó la Coalición Defiende a Cabo Rojo.
Igualmente, sectores ambientales han advertido que la Ley 82-2026 criminaliza y desalienta la participación ciudadana al exigir que las personas demuestren un “dañoinminente” y desembolsen cantidadesmultimillonarias para poder reclamar justicia. En el caso de proyectos como Esencia enCabo Rojo, opositores han señalado que unacomunidad tendría que prestar cientos de millones de dólares en fianza para poderdetener un desarrollo cuestionado por suimpacto ambiental y social.
El MINH denuncia que esta ley responde a un modelo colonial y neoliberal que privilegia el lucro privado sobre la protección ambiental y los derechos colectivos del pueblo puertorriqueño.
La medida vulnera principios elementales de acceso a la justicia, participación democrática y protección de los recursos naturales consagrados en nuestra Constitución.
Nos solidarizamos con las comunidades que hoy resisten el desplazamiento, la destrucción ambiental y la privatización acelerada del país.
Puerto Rico no puede convertirse en un paraíso para desarrolladores multimillonarios mientras se le niega al pueblo el derecho básico a defender sus playas, bosques, acuíferos y patrimonio natural.
El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano reafirma su compromiso con la lucha ambiental, comunitaria y anticolonial, y hace un llamado al pueblo puertorriqueño a organizarse y movilizarse contra esta peligrosa legislación que busca amordazar la resistencia comunitaria y facilitar el saqueo de nuestros recursos naturales.
Siempre estaremos dispuestos a participar junto a nuestro pueblo en la defensa de Nuestra Patria..
¡La defensa de la tierra y del ambiente es un derecho del pueblo, no un privilegio de los ricos!
Prensa sin censura 