Gentrificación
(Prensa Sin Censura, Río Grande, 7 de agosto de 2025) – Lo que comenzó como una reclamación de la comunidad Barcelona por el libre acceso a una vía pública y al río Mameyes, ha desembocado en una controversia institucional.
Dos documentos emitidos por distintas dependencias del propio Gobierno de Puerto Rico contradicen la extensión y titularidad de la carretera PR-993, antes conocida como PR-990, en el Municipio de Río Grande.
El primero de los documentos, con fecha del 16 de julio de 2025, fue firmado por Francisco Márquez, Director Regional del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) en Humacao. En este, Márquez certifica que la PR-993 tiene una extensión de 800 metros y se extiende hasta el río Mameyes, bajo la plena jurisdicción del DTOP. Esta certificación se basa, según indicó, en documentos oficiales existentes dentro de la propia agencia.
Sin embargo, en un giro sorpresivo, el pasado 1 de agosto de 2025, el Ingeniero Antonio Cordero, Jefe de la Sección de Sistemas Viales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), emitió una segunda certificación en la que limita la extensión de la PR-993 a tan solo 400 metros, argumentando que la vía concluye antes de llegar al río Mameyes, en un camino privado supuestamente perteneciente a la YMCA, donde se ubica el negocio JungleQui.
La certificación de Cordero, además, establece que esta carretera formaba parte del tramo de la PR-990 ubicado en Luquillo, pero no ofrece explicación sobre cómo se conectaban ambos segmentos ni reconoce la existencia de un puente que históricamente cruzaba el río Mameyes, hoy desaparecido del trazado oficial.
Esta contradicción ha generado indignación entre los riograndeños que aseguran haber transitado esa vía completa por décadas, cruzando el río por el puente omitido por Cordero.
Incluso, los dueños de la YMCA también la usaban, dado que dos terceras partes de su propiedad se encuentran en Luquillo, según datos públicos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
“Según esta certificación de encargo, nosotros nunca cruzamos el río Mameyes, nunca fuimos a Luquillo por esa vía… Lo que hacíamos era volar desde Barcelona hasta el tramo de la PR-990 al otro lado del río y esos eran los platillos voladores que antes veía la gente en El Yunque. Así de absurda es esta versión oficial del Ingeniero Antonio Cordero”, expresó con sarcasmo Reynaldo Pons, líder comunitario de Barcelona.
Pons no dudó en calificar la certificación del Ingeniero Cordero como “fraudulenta” y políticamente motivada.
“Opino que este señor firmó esa carta como un encargo de Melvin Urbina, un acólito político de la Gobernadora, lamentando que otra vez, se está usando el poder del Estado para beneficiar intereses económicos privados con fondos públicos”, denunció.
El líder comunitario anunció que se estarán radicando querellas formales ante el Servicio Forestal Federal, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, así como referidos a la Oficina de Ética Gubernamental y al Departamento de Justicia, solicitando una investigación sobre la conducta del funcionario.
Actualmente, también se encuentran en curso investigaciones por parte del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) por la alegada operación de un estacionamiento sin los debidos permisos, así como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) debido al presunto desvío del cause del río Mameyes.
Pons afirma haber tratado de contactar al Alcalde de Río Grande Ángel ‘Bori’ González y al Director de Obras Públicas Municipal, Miguel Díaz, pero que estos aparentemente ignoran los reclamos de la comunidad.
Añadió que también habló con el Comisionado de la Policía Municipal Antonio Rosa y que este se declaró sin jurisdicción pero tiene tres patrullas municipales aparentemente “para proteger a los que violan la ley”.
Se informó además, que esperan al inicio de la segunda sesión legislativa el próximo 18 de agosto, cuando el senador independiente Eliezer Molina estaría solicitando información oficial a las agencias pertinentes, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar el derecho de libre acceso a bienes de dominio público en Río Grande.
La comunidad Barcelona, por su parte, reafirma su compromiso con la defensa de sus derechos.
“No vamos a dar marcha atrás. Vamos a seguir luchando por el uso libre de toda la PR-993 (antes 990) y el acceso al río Mameyes, que es de todos, no de unos pocos con poder e influencias”, concluyó Pons.
Abajo las cartas en que dos agencias gubernamentales se contradicen sobre la extensión de la carretera estatal PR-990, hoy 993.
Prensa sin censura 