Cultura-Historia
Empleados del Archivo General y del Programa de Administración de Documentos Públicos denuncian intento legislativo de debilitar la protección del patrimonio documental de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico – ProSol-UTIER, Capítulo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), alertó sobre los riesgos que conlleva la aprobación del Proyecto de la Cámara 17 (P. de la C. 17), una medida que -lejos de modernizar- pone en peligro la gestión y conservación del patrimonio documental público.
Esta propuesta impactaría directamente al Programa de Administración de Documentos Públicos (PADP) y al Archivo General de Puerto Rico (AGPR), ambos adscritos al ICP y responsables de garantizar el acceso del pueblo a su historia y a la información gubernamental.
“Este proyecto no moderniza: desmantela. Le quita al PADP su función histórica de evaluar y fiscalizar la disposición de documentos producidos por los 78 municipios y más de 120 agencias del Ejecutivo, para transferir esa responsabilidad a funcionarios sin preparación ni independencia política”, denunció Marisel Flores Carrión, presidenta del Capítulo del ICP de ProSol-UTIER.
El P. de la C. 17 propone derogar la Ley Núm. 5 de 1955 y establecer un nuevo modelo de manejo documental que delega la toma de decisiones en cada agencia, eliminando la intervención vinculante del personal especializado del PADP. Según Flores Carrión, esto permitiría la destrucción “legal” de documentos con valor histórico, legal o probatorio, incluyendo aquellos que podrían sustentar reclamos ciudadanos ante el Estado.
“Lo que está en juego es la memoria colectiva del país y el derecho de la ciudadanía a exigir rendición de cuentas. Si cada agencia decide por sí sola qué conservar y qué destruir, corremos el riesgo de perder expedientes, fotografías, audiovisuales, informes, contratos y decisiones clave que forman parte de la diversidad documental de Puerto Rico”, añadió.
Tanto el PADP como el AGPR han advertido que, aunque el proyecto promueve la digitalización, esta no puede sustituir la conservación de los documentos originales. Eliminar los documentos físicos contradice principios fundamentales de la archivística y compromete la autenticidad y la integridad de la información pública.
“Digitalizar no equivale a preservar. La tecnología no garantiza permanencia a largo plazo, y los documentos originales contienen evidencias materiales —firmas, sellos, marcas, papel— que tienen dificultades de captura durante el proceso de digitalización. Perderlos es como arrancarle páginas a la historia”, sostuvo Flores Carrión.
El sindicato también denunció que esta medida podría abrir paso a una política de “borrón y cuenta nueva”, habilitando nuevos reglamentos que permitirían lo que hoy está restringido por la ley vigente. Aunque la Ley 5 de 1955 tiene más de 70 años, ha sido clave para proteger el patrimonio documental público. Su derogación sin una alternativa sólida y transparente expone al país a arbitrariedades administrativas.
Además, advirtieron que no se ha evaluado el impacto económico de la implementación de esta nueva estructura. “No hay asignaciones presupuestarias claras ni un plan para adiestramiento del personal, reclutamiento de recursos humanos, compra de equipos o fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Sin ese compromiso, esta propuesta no solo es riesgosa, sino también inviable”, expresó la presidenta del capítulo.
El Capítulo del ICP de ProSol-UTIER exhortó a los legisladores y legisladoras a detener la aprobación de esta medida hasta que se atiendan las preocupaciones del personal de experiencia del PADP y el AGPR. Asimismo, llamaron a la ciudadanía a unirse en defensa del derecho al acceso a la información pública como pilar de la democracia.
“Un país sin archivos es un país sin memoria. Y un país sin memoria está condenado a repetir sus errores”, concluyó Flores Carrión.
Prensa sin censura 
Desde los tiempos de la administración de Romero Barceló, cuando empecé a trabajar en el servicio público, se notaba el menosprecio a la conservación de documentos. No se nos adiestraba en su manejo; los archivos podían ser de cartón y, si había filtraciones de lluvia o aguas negras, se llenaban de hongos y acababan en la basura; muchos archivos inactivos eran almacenes de papeles sin ton ni son (no se clasificaban ni se identificaban)… Y en el AGPR nunca ha habido suficiente personal para ocuparse de estos procesos. Muy conveniente para los fanáticos anexionistas y los corruptos.
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