JAIME TORRES TORRES
Periodista y Editor
PRENSA SIN CENSURA
La pregunta es porqué radicó un interdicto en su carácter personal para intentar detener la construcción del hotel Fairfield By Marriott sobre terrenos del humedal y no se hizo a nombre de la organización Ciudadanos por un Luquillo Resiliente.
La sentencia del magistrado que ordena el embargo de bienes si no desembolsa $40 mil por los gastos de los abogados de Prisa Group y Federico Stubbe no hubiera recaído solo en la activista Mónica Stamper Rosa y hubiera sido compartida por sus compañeros de Ciudadanos por un Luquillo Resiliente.
Los miembros de esta organización son pocos; llegaron a piquetear en varias ocasiones frente al Centro Judicial de Fajardo y en su momento también solicitaron dinero como organización para sufragar los gastos de la defensa de Stamper Rosa.
Hoy esta maestra Montesori retirada, que maneja un negocio de alquiler a corto plazo o Airb&B, promueve una campaña de recaudación en GoFundMe.
De $40, 673 al momento de publicar este artículo iban por $8, 610. Hubo cuentas bancarias que le fueron embargadas, según dijo, y ante la posibilidad de que pudiera perder su finca en El Yunque intenta lo más pronto posible pagar, aunque a todas luces se trate de un precedente serio utilizado como disuasivo de lucha.
Pero, ¿por qué radicó el interdicto y no se hizo a nombre de Ciudadanos por un Luquillo Resiliente, cuando el 21 de abril de 2022 circularon un comunicado, publicado por este medio independiente, en el que informaron que lo radicaron para paralizar la construcción del hotel?
Mónica Stamper Rosa respondió a Prensa sin censura. “No somos un grupo con fines de lucro. Éramos un grupo de cinco personas y nadie quiso pelear o enseñar a la jueza los documentos que teníamos, como documentos científicos sobre el humedal y lo que iba a pasar después de la construcción del humedal. Pero la jueza no quiso ver nuestros documentos. Yo fui la única que dijo: ‘yo sí quiero ir al tribunal para enseñar nuestros documentos’. Y lo hice y la jueza ni siquiera quiso ver los documentos. Siguieron y siguieron con la construcción”, explicó Stamper Rosa a este medio independiente.
Parte de sus compañeros de lucha fueron los profesores Ángel González y Marilyn Rivera.
La jueza aludida es Irmarie Colón Massó.
Y los abogados que representaron a Stamper Rosa son Oscar Martínez Borrás, Sheila Robles Vega, y el fiscal Lemuel Omar Torres Rivera, quien representó a Ciudadanos por un Luquillo Resiliente.
Stamper Rosa esperaba más de su representación legal, a la que le atribuyen supuestamente sentirse intimidada por el poder del bufete Pietrantoni, Méndez y Álvarez de Prisa y Stubbe.
“Cuando me hicieron el embargo tuve miedo. Eso es lo que ellos querían, que los ciudadanos sintieran miedo. Tuve miedo y mis abogados tuvieron miedo. Ese es el propósito de ellos”.
Para ayudar a Mónica Stamper Rosa visite la página de GoFundMe, Help Puertorriqueños Protect Our Land.
“Tengo miedo. Me llaman. Hay mociones solicitando mi información bancaria. Yo no tengo nada para dar a ellos. $40 mil es demasiado, sin tan siquiera ver nuestros documentos y lo hicieron para asustarnos porque no quieren que peleemos por nuestra tierra”.
Prensa sin censura 
“La gente tiene poder sobre uno, mientras uno tenga miedo”. Ciertamente el recurso de quiebra pudiera estar fuera del panorama, (no se) pues ya hay una sentencia dictada por un tribunal. En estos caso (por eso es importante incorporar una LLC y demandar en nombre de la misma, para que esto no pase) siempre es bueno contestar las mociones y saber la jurisprudencia aplicable. Cuando vi esta noticia originalmente (la del movimiento de tierra para hacer el hotel) pensé, que los ciudadanos no tendrían problemas en prevalecer. Pues era evidente que los permisos fueron otorgados no conforme a derecho ( el reglamento vigente de OGPe es del 2010 y no el 2023 cómo dicen). Entiendo que si en ese lugar, hay sumideros y la construcción pudiese alterar, impactar, afectar de manera negativa los cuerpos de agua, entonces, al igual que en Salinas, le aplica la ley federal sobre aguas limpias. Aún cuando esa ley cambió recientemente, los permisos se retrotraen a la ley cuando los mismos fueron otorgados no conforme a derecho y no Hal cambió de dicha ley posteriolmente. Hay que ver e indagar minuciosamente, si existe, algún interés personal de quien toma las decisiones o de algún familiar de estos hasta el cuarto grado sanguineo. La señora necesita un abogado bueno, y que se apiade de su desconocimiento. Que aprenda que las demandas NUNCA son gratis, y que el estado te las cobra o te hacer pagar de una forma u otra.
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