Tribunal Federal ordena a Droguería Betances pagar $12 millones

Por supuesta falta de reporte de pedidos sospechosos de medicamentos farmacéuticos, como el fentanilo, y otras violaciones de sustancias controladas.

Comunicado

Un tribunal federal de Puerto Rico emitió un decreto de consentimiento que requiere que Droguería Betances, LLC (Betances), uno de los mayores distribuidores de medicamentos farmacéuticos de Puerto Rico, pague $12 millones y realice amplias mejoras a su programa de cumplimiento, anunció hoy el Departamento de Justicia.

El decreto de consentimiento resuelve una denuncia presentada por Estados Unidos el 3 de noviembre, alegando que desde 2016 hasta al menos junio de 2019, Betances no informó a la Administración de Control de Drogas (DEA) cientos de “órdenes sospechosas” de opioides y otras sustancias controladas distribuidas a los clientes de la farmacia de Betances, es decir, pedidos que eran inusuales en su frecuencia, tamaño u otros patrones.

Según la denuncia, esto incluía al menos 655 pedidos sospechosos de fentanilo y al menos 113 pedidos sospechosos de oxicodona, los cuales son productos frecuentemente mal utilizados que han contribuido a la actual epidemia de abuso de opioides.

Además, la denuncia alega que desde mayo de 2017 hasta julio de 2018, Betances no presentó los informes requeridos de sus transacciones de distribución a la DEA a través de un sistema de informes automatizado, incluidas todas las distribuciones de opioides de Lista II de Betances durante ese período: más de 7,8 millones unidades de dosificación.

Según la denuncia, Betances también cometió cientos de violaciones de mantenimiento de registros, como completar pedidos de sustancias controladas con formularios de pedido defectuosos y enviar información de envío o entrega inexacta a la DEA.

Según el decreto de consentimiento, el Departamento de Justicia realizó un análisis de la situación financiera de Betances en relación con su posible exposición a multas civiles y decomiso. Basado en parte en la capacidad de pago, el decreto de consentimiento requiere que Betances pague $12 millones durante cinco años en pagos anuales, con $10,2 millones en forma de sanciones civiles y $1,8 millones en decomiso civil.

El decreto de consentimiento también exige que Betances realice amplias mejoras en su programa de cumplimiento. Betances debe implementar procedimientos y sistemas mejorados del programa de monitoreo de sustancias controladas para revisar todos los pedidos de sustancias controladas y detectar e informar pedidos sospechosos a la DEA. Betances también debe mejorar sus procedimientos y sistemas para realizar revisiones de diligencia debida de sus clientes de farmacia. El decreto de consentimiento exige además que Betances presente informes anuales sobre su programa de cumplimiento y sus clientes a la DEA y otros componentes del Departamento de Justicia.

Betances también debe mejorar su sistema de informes ARCOS para garantizar informes adecuados y precisos de todas las adquisiciones y distribuciones de sustancias controladas de la Lista II.

“Las empresas que distribuyen sustancias controladas a farmacias y otros puntos de venta tienen la importante responsabilidad de ayudar a detener la distribución ilegal de sustancias controladas al informar las órdenes sospechosas a la DEA», dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División de Asuntos Civiles del Departamento de Justicia. División. «El departamento continuará trabajando con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a quienes no cumplan con sus obligaciones de informar».

“El deber de informar sobre pedidos sospechosos y otros requisitos de presentación de informes impuestos a los distribuidores farmacéuticos mayoristas por la Ley de Sustancias Controladas es fundamental para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos frente a posibles daños, incluidos aquellos asociados con la desviación de drogas, la manipulación de drogas y las sobredosis de drogas resultantes de drogas ilegales. ventas y consumo”, dijo el Fiscal Federal W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico.