En UPRU aprobaron a unos estudiantes fracasados y nadie ha respondido por el fraude del cambio de sus calificaciones de F a C

Editorial de Prensa sin censura

El presente editorial sirve para dar seguimiento al caso del profesor Luis S. Arana Santiago, quien fue destituido de la Universidad de Puerto Rico en Utuado (UPRU) por el rector Luis A. Tapia Maldonado, mediante un proceso administrativo se alega que altamente cuestionable.

Según el récord, la evidencia evaluada muestra que la estudiante que presentó la querella contra el Dr. Arana Santiago fue inducida por administradores de la UPRU para que se quejara de que fue objeto de hostigamiento sexual de parte del académico. Esto surge con suma claridad del récord administrativo. Del récord consta lo siguiente, atribuido a las funcionarias que iniciaron la querella en contra del Dr. Arana:

“Al momento que los estudiantes unánimemente expresan estas preocupaciones, le solicitamos a la joven Fulana XX [omitimos su nombre por respeto a su privacidad] que conversara con ambas decanas, luego de culminar la reunión”.

Es importante señalar, según la información recibida por este medio independiente, que la estudiante querellante fracasó en el curso que tomaba con el Dr. Arana, pero su nota fue cambiada ilícitamente a C por varios funcionarios de la administración pasada de la UPRU, según surge del testimonio bajo juramento de tres (3) de sus compañeros en una vista pública celebrada en la UPRU el 30 de octubre de 2019.

Asimismo, surge del expediente administrativo que luego de que los administradores de la UPRU cambiaron la nota final a la estudiante querellante, esta no participó en el proceso administrativo contra el Dr. Arana, por lo que ni éste ni su representante legal tuvieron la oportunidad de contrainterrogar a la estudiante querellante, según es requerido por el debido proceso de ley.

Por otra parte, todo parece apuntar a serias violaciones a los reglamentos de la Universidad de Puerto Rico, evidentes durante el proceso administrativo contra el Dr. Arana, según se desprende del Informe del Oficial Examinador que presidió los procedimientos relacionados con la Querella Administrativa en contra del Dr. Arana.

A pesar de las violaciones que se documentaron hubo en torno a la Certificación 130 en el proceso administrativo en contra del Dr. Arana, consta que durante la etapa inicial del proceso «investigativo» no se procuró una declaración jurada de parte de los estudiantes que declararon en las vistas contra el profesor, según era requerido por la Certificación 130. Citamos del Artículo IX-H de la Certificación 130:

“La investigación contará con declaraciones juradas por la persona reclamante y por la persona contra la que se presenta la queja y cualquier persona que conozca en parte o la totalidad de los hechos alegados».

Esta violación a la Certificación 130 alegadamente causó perjuicio al Dr. Arana, ya que en las vistas administrativas se sospecha que los estudiantes acomodaron sus testimonios, al parecer, a los caprichos de los administradores, ya que sus expresiones no estarían comprometidas con versiones anteriores de los alegados hechos. Por cierto, surge del récord administrativo que los estudiantes alegaron conductas por parte del Dr. Arana que ni siquiera formaron parte de la Querella Administrativa en contra de este, ni fueron alegadas por la estudiante querellante.

De igual forma, los administradores no emprendieron un procedimiento disciplinario en contra de los estudiantes que declararon en las vistas en contra del Dr. Arana según era requerido por el Artículo X-B de la Certificación 130 debido a que, a pesar de haber hecho alegaciones en contra del profesor, estos no las reportaron a los administradores según les era requerido por la Certificación 130.

En lo pertinente, cabe citar el Artículo X-B de la Certificación 130:

“El no informar prontamente estos actos o conductas se entenderá como una violación a la Política aquí esbozada y acarreará la acción disciplinaria correspondiente».

Como puede observarse, los administradores cambiaron la nota final a los estudiantes de F a C a espaldas del Dr. Arana sin atenerse a los reglamentos universitarios pertinentes, y luego no emprendieron un proceso disciplinario en contra de estos por no haber informado a las autoridades universitarias “en el momento” sobre lo que luego alegaron en las vistas administrativas, según les era requerido por la Certificación 130.

En resumen, los administradores invitaron a una estudiante para que se quejara del Dr. Arana, y luego otorgaron dádivas a los compañeros de curso de la estudiante para utilizarlos en un procedimiento administrativo en contra del profesor, configurándose de esta forma un perfecto acto de quid pro quo entre los administradores de la UPRU y los estudiantes, que tuvo como consecuencia la destitución del profesor.

¿Justicia o injusticia?