JAIME TORRES TORRES
Bajo fuego por la falta de empatía en el manejo del caso de la joven mujer Lisha Ramón Mejías y su hija Nazaret, de 2 años, a pocas horas de su renuncia como Secretaria del Departamento de la Familia, trasciende que su hermano, el licenciado Francisco J. González Magaz ha recibido cerca de medio millón de dólares en contratos con la administración de Pedro R. Pierluisi Urrutia.
La Secretaria de la Familia, la sicóloga Carmen Ana González Magaz, que en dos años apenas atendió a la Prensa y cuya gestión es considerada, conforme al escenario de feminicidios, abuso de menores y maltrato a los adultos mayores, un desastre, se retira para atender a su madre Silma Magaz, bastante quebrantada de salud.
La renunciante secretaria de la Familia, previo a ser contratada por Pierluisi, mantuvo contratos con municipios del PNP, como San Juan, durante la administración de Jorge Santini.
Respecto a su hermano, según el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, entre 2010 y 2022 se detallan 36 contratos del licenciado Francisco J. González Magaz con el gobierno de Puerto Rico.
González Magaz, que al igual que su hermana Carmen Ana, según fuentes fidedignas, militan en el Partido Nuevo Progresista, tiene vigente un contrato con la Autoridad del Puerto de Ponce ascendente a $55 mil, que vence el 30 de junio de 2023.
Hasta el pasado 30 de junio de 2022, en que finalizó el Año Fiscal 2021-2022, Francisco J. González Magaz tuvo contratos ascendentes a $377 mil con UPR Río Piedras (dos, uno por $26 mil y otro por $26, 250), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ($50 mil), el Departamento de Justicia ($75 mil), la Autoridad de Tierras de Puerto Rico ($90 mil), el Departamento de Corrección y Rehabilitación ($80 mil) y la Autoridad del Puerto de Ponce ($30 mil).
Por consultoría en servicios legales, en el año fiscal que terminó en junio de 2021, tuvo contratos con el Instituto de Cultura Puertorriqueña (por $9 mil), la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas ($25 mil), el Departamento de Justicia ($25 mil) y la UPR Río Piedras ($52, 500), entre otros.
Mientras, de otro lado, esta tarde trascendió que contra la joven mujer Lisha Ramón Mejías había una orden de protección por un presunto caso de violencia doméstica contra el padre de la niña, ocurrido el pasado 18 de diciembre.
Aunque fiscalía consideró que no hubo delito, un juez del Tribunal de Primera Instancia de Caguas suspendió la relación materno filial y concedió la custodia al progenitor.
Sin embargo, esta tarde durante una conferencia de prensa la directora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena, reveló que la agencia ostenta a la menor bajo una custodia de emergencia porque ambos padres violentaron la orden de protección expedida el pasado 19 de diciembre, por alegadamente Lisha, madre lactante, amenazar a su pareja con un cuchillo.
La orden de protección estará vigente hasta el 23 de enero.
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