Respuesta del PIP a un proyecto federal de descolonización que favorece a la Estadidad

  1. Colonialismo y libre determinación

El Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho inalienable a la libre determinación e independencia, y los Estados Unidos la obligación de descargar su responsabilidad descolonizadora con respecto a Puerto Rico. Hasta el presente, luego de 124 años de convertirnos en una posesión en virtud de una conquista militar y del Tratado de París, los Estados Unidos ha insistido en mantener a Puerto Rico-una nación latinoamericana y caribeña-en una condición de subordinación colonial en que las decisiones fundamentales sobre nuestra vida colectiva las toman unilateralmente las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos. Ello constituye una flagrante violación a los derechos humanos, civiles y políticos de nuestro pueblo, y por lo tanto debe ser tarea impostergable para ambos países ponerle fin al régimen colonial.

Para colmo de males las consecuencias económicas y sociales del colonialismo han sido graves. El ingreso per cápita sigue siendo hoy -como hace 70 años-una tercera parte del de los Estados Unidos, y la mitad del estado más pobre. Cuarenta por ciento de la población está bajo el nivel de pobreza, tenemos la tasa de participación laboral más baja -por mucho- que cualquiera de los estados de los Estados Unidos, y los peores índices de desigualdad social. El país lleva más de quince años de contracción económica prácticamente ininterrumpida, una séptima parte de la población emigró en la última década, y el gobierno del territorio lleva seis años bajo una sindicatura impuesta por una ley federal.

Los dos partidos que se han turnado en el poder en Puerto Rico durante más de medio siglo –el PNP y el PPD– han dejado un legado tóxico de desigualdad, corrupción, pobreza, y sometimiento político que ha hecho pedazos al país. La dependencia y el endeudamiento han hecho patente el fracaso definitivo del régimen colonial.

  1. Cambio en la política pública territorial de los Estados Unidos

Ante este cuadro desolador es imperativo poner en marcha un proceso político capaz de lograr la descolonización de Puerto Rico.

¿Cómo hacerlo?

El PIP lleva décadas proponiendo la convocatoria a una Asamblea de Status (con ese u otro nombre) mediante la cual los puertorriqueños puedan elegir delegados comprometidos con alternativas de status que estén fuera de la Cláusula Territorial. La encomienda de esa Asamblea no es la de decidir cuál debe ser nuestro status futuro; eso le corresponderá en su día a los electores. El rol de la Asamblea que el PIP ha propuesto es doble: en primer lugar sería una poderosa voz de reclamo descolonizador que se haría sentir en la comunidad internacional y en la sociedad civil de Estados Unidos generando entusiasmo y compromiso para que el Congreso y el Presidente se vean compelidos a responder con prontitud y responsabilidad. La segunda función de la Asamblea de Status es que las delegaciones electas para representar las distintas alternativas no coloniales ni territoriales negocien con los comités correspondientes del congreso -y con Casa Blanca- para darle contenido preciso a cada una de las alternativas (y sus respectivas transiciones) que en su momento serán incluidas en una ley federal de plebiscito de descolonización.

Desde que las Congresistas Velázquez y Ocasio Cortez presentaron su primera versión de lo que hoy es el borrador de proyecto que se anunció en Washington en conjunto con la Comisionada Residente, Jennifer González y el Congresista Soto, el PIP se expresó favoreciendo en principio una iniciativa que tuviera como objetivo fundamental el que las alternativas a sometérsele al electorado estuvieran fuera de la Cláusula Territorial.

Nos complace por lo tanto ver que el borrador de proyecto conjunto contiene este componente indispensable al requerir que la votación sea entre la independencia, la libre asociación soberana, y la estadidad; es decir que el propósito del proyecto es ponerle fin a la condición colonial de Puerto Rico. Se trata de un paso importante.

Ya tanto el Congreso (en la ley Promesa) como la Rama Ejecutiva (a través del departamento de Justicia y los Informes de Casa Blanca) y el Tribunal Supremo (en Sánchez Valle) han dicho tajantemente que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado sujeto al poder plenario del Congreso; ahora falta que las ramas políticas se comprometan a ponerle fin a esa condición colonial.

Resultan patéticos y revelan cuán profundos pueden llegar a ser los daños producidos por el colonialismo que se hayan levantado en Puerto Rico algunas voces que no solo argumentan las bondades y conveniencias del colonialismo sino que insisten en su inclusión en cualquier plebiscito, absurdamente, reclamando el colonialismo como un derecho democrático.

Hacen bien los proponentes del anteproyecto en ignorar ese quejido lastimoso y disparatado. No es válido un contrato de esclavitud ni hay «consentimiento” que pueda legitimar tal servidumbre. Lo prohíbe la Constitución de Estados Unidos con relación a los individuos, y así lo es también con relación a los pueblos. Por eso el colonialismo está proscrito por el derecho internacional. Los Estados Unidos mismos son signatarios, desde 1992, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que así lo dispone. Nada menos democrático y más contradictorio que permitir que la negación de la democracia figure como una opción de libre determinación. En Puerto Rico, en cualquier caso no está en disputa que la clarísima mayoría ha repudiado y repudia la continuación del régimen colonial y territorial.

  1. La píldora venenosa del proyecto: la estadidad

Dicho todo lo anterior y habiendo felicitado a los proponentes por el propósito descolonizador de la medida, cabe preguntarse si el anteproyecto o borrador es un instrumento capaz de lograr su propósito.

Si estamos en serio con relación a los objetivos debemos ser francos. No podemos seguir ignorando el elefante que está sentado en plena sala.Si estamos en serio tenemos que reconocer que el gran obstáculo y la fuente de la gran mayoría de los problemas en el Congreso para adelantar un verdadero proceso de libre determinación lo es la alternativa de la estadidad.Las razones son obvias y, como el elefante en la sala, son conocidas por todos. De un examen de los precedentes de la admisión de nuevos estados se desprende que Puerto Rico no cumple con los requisitos mínimos tradicionales, a saber:

  1. Una economía que pueda no solo sostener su propio gobierno estatal sino también aportar su parte justa al tesoro federal
  2. el uso generalizado del inglés y la adopción del mismo como el idioma de las instituciones públicas y de gobierno en territorios donde el uso de otros idiomas era generalizado

3- consenso de los habitantes del territorio en favor de la admisión (en ausencia de alternativas de soberanía separada)

Pero el asunto es mucho más profundo; es de notorio y público conocimiento que Puerto Rico tiene una muy arraigada identidad nacional propia y diferente a la de los Estados Unidos. Es un territorio que pertenece jurídicamente a Estados Unidos pero que cultural y sociológicamente es una nación distinta que es parte de la gran familia latinoamericana y caribeña. En Estados Unidos podrá haber respeto y tolerancia hacia ciertas manifestaciones de diversidad cultural (aunque en estos tiempos menos que hasta hace poco) pero de lo que no hay duda es que Estados Unidos no es ni aspira ser un país multinacional, convirtiendo a otras naciones en estado de la unión. E PluribusUnum es la esencia del proyecto nacional de los Estados Unidos.

No se puede evadir este asunto por más espinoso que resulte para algunos porque mientras no lo enfrentemos no habrá proyecto de libre determinación que avance en este Congreso ni en ninguno. No podemos permitir que por no enfrentar las complejidades de fondo que entraña el tema de la estadidad condenemos al Pueblo de Puerto Rico a permanecer cautivo en los sótanos del coloniaje.

Si queremos que el proyecto sea el bote salvavidas que sirva para poner a salvo a los pasajeros del buque colonial que se hunde tenemos que tener cuidado con no sobrecargar el bote; de lo contrario se hundirá también con todos a bordo.

Es difícil –por no decir imposible– pensar, por ejemplo, que haya más de un puñado de congresistas y senadores realmente dispuestos a votar a favor de un proyecto que disponga -como implica el anteproyecto-que si la estadidad saca 51% del voto y la soberanía –bajo la independencia o la libre asociación–obtiene conjuntamente 49% el Presidente deberá proclamar la admisión de Puerto Rico como estado dentro del año de la votación. Con una sobrecarga como esa no hay bote salvavidas que pueda permanecer a flote. Aun si el margen fuera mayor, cabría preguntarse cuántos miembros del Congreso estarían en disposición de renunciar a su facultad constitucional de incorporar nuevos estados como parte de la nación abdicando a su responsabilidad de admitirlos en función de los intereses de los Estados Unidos y no a base del interés momentáneo de la población de un territorio. No cabe duda de que la insistencia en que un voto a favor de la estadidad sea autoejecutable constituye la proverbial píldora venenosa que garantiza el fracaso del proyecto.

La manera de enfrentar el problema no puede ser ignorándolo. Un proyecto de libre determinación-en lo que concierne a la estadidad- debe dirigirse al menos a las siguientes interrogantes:

  1. ¿Cuáles serían los requisitos en cuanto al uso del idioma inglés para Puerto Rico poder ser admitido?
  2. ¿Cuál sería el porciento mínimo de votos por la estadidad, y de participación electoral para que el Congreso concluya que existe un consenso suficiente en la población, y en qué circunstancias se requerirían votaciones adicionales?
  3. ¿Qué métricas económicas y financieras mínimas deben alcanzarse como condición previa a la admisión?
  4. Asumiendo que el Congreso se inclinara por la admisión ¿qué providencias tomaría el Congreso si en algún momento futuro el Pueblo de Puerto Rico reclamara su derecho inalienable a la libre determinación e independencia (véase casos de naciones como Quebec, Escocia y Cataluña, entre otras)?

Si el proceso político en el Congreso se concentra en tratar de buscar consensos sobre estas preguntas entonces el bote salvavidas podrá navegar. Esta exploración es además decisiva para los estadistas puertorriqueños-que en su inmensa mayoría son celosos y orgullosos de su idioma, su cultura, y su identidad, y tienen derecho a que el Congreso ponga sus barajas sobre la mesa en estos temas sensitivos y cruciales. Cabe la probabilidad de que esa exploración por el Congreso lleve a la conclusión de que la estadidad para Puerto Rico no es una alternativa factible para los Estados Unidos quien también tiene, por supuesto, su propio derecho a la libre determinación que incluye decidir sobre la admisión de algún nuevo estado. Si así fuera entonces deberá procederse a un proceso descolonizador entre la alternativa de independencia (que es nuestro derecho) y la libre asociación soberana. La descolonización de Puerto Rico no puede ser un rehén del elefante en la sala.

  1. Procesos de negociación hacia el futuro

Cualquier versión final de este proyecto debe precisar además, varios asuntos con relación a la transición a la independencia como lo son los relativos al comercio, la deuda pública, y otros. Con respecto a la libre asociación soberana deben explorarse otras alternativas con relación a la ciudadanía (ej. dual o recíproca) y además de cuáles serían las facultades que se delegarían a Estados Unidos, y por cuánto tiempo.

Todo lo dicho con anterioridad en relación a las tres alternativas apunta a la necesidad de un proceso de negociación más amplio en que representantes acreditados de las tres fórmulas puedan establecer un diálogo con equipos representativos del Congreso y de la Rama Ejecutiva. Es por esto que también habíamos valorado positivamente ese aspecto de proyecto original de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez.

Más allá de lo que pueda lograrse este año en la Cámara (y mucha atención al torpedo de una enmienda para incluir al territorio del ELA como opción que de seguro promoverá el PPD) es evidente que en el Senado las puertas están cerradas a cal y canto. Allí pocos senadores tienen interés en hablar del elefante en la sala.

Aquí en Puerto Rico ningún gobernador PPD o PNP está dispuesto a ejercer la presión política necesaria para que el Congreso cumpla con su obligación descolonizadora. Ello requerirá crearle al Congreso una crisis política que obligue a Estados Unidos a tomar acción. Los del PPD no están dispuestos porque no tienen propuesta descolonizadora y prefieren por lo tanto que no cambie nada; y los del PNP no están dispuestos porque temen exponer la alternativa de estadidad al escrutinio y el examen que la realidad política en los Estados Unidos requeriría. Los gobernantes del PNP se conforman con cualquier movida procesal que puedan anunciar como un adelanto, mientras utilizan la estadidad como un subterfugio para obtener el poder gubernamental prometiendo una cornucopia inagotable de fondos federales.

Afortunadamente en Puerto Rico han comenzado al fin a soplar con fuerza los vientos del cambio y se anticipa que seguirá fortaleciéndose una nueva correlación de fuerzas políticas que puedan lograr elegir a un gobernador que tenga la descolonización y la regeneración del país como su más urgente prioridad.

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