La reinserción del confinado a la comunidad

Dra. Milagros S. Rivera Watterson


Portavoz Comité Amigos y Familiares del Confinado

Para Prensa sin censura

El Senado de Puerto Rico aprobó por unanimidad el pasado 4 de octubre el Proyecto del Senado 437, el cual fue presentado por los Senadores Gretchen Hau, Joanne Rodríguez Veve, Ramón Ruiz Nieves, y William Villafañe.

La medida ha pasado a la Cámara de Representantes donde tal parece que va a tener oposición, pero para la cual todavía no se ha programado una vista pública. El
mismo tiene además presión pública, tanto a favor como en contra, lo que ha traído argumentos diversos que al convertirse en discusión pública están causando grandes presiones.

Ante esta situación es importante que se ofrezca información que pueda ayudar al pueblo a determinar cuál es el objetivo real de este proyecto y tomar posiciones basadas en hechos. Hemos estudiado el proyecto y como Portavoz del Comité de Amigos y Familiares del Confinado, asumimos la posición de favorecer su aprobación. Lo hacemos convencidos de que el proyecto es beneficioso porque contribuye a la reinserción de los confinados a la sociedad como parte de su proceso de rehabilitación.


Para fines de lograr mayor claridad, veamos en qué consiste el proyecto:


• Reduce para los adultos que han sido sentenciados y están cumpliendo condenas en las instituciones penales por asesinato en primer grado que, para poder solicitar libertad bajo palabra deben haber cumplido 25 años (actualmente es 35 años).
• En delitos graves con sentencias fijas de 50 años el o la confinada podría ser considerado para solicitar libertad bajo palabra al cumplir 15 años en la institución penal (ahora es 20 años).
• En el caso de los menores, si han sido juzgados como adultos, en el asesinato en
primer grado se reduce de 15 a 10 años de confinamiento, y si es asesinato en segundo grado, se reduce de 10 años, que es la convicción actual a 5 años.


Queremos clarificar que la ley no cambia los criterios que utiliza la Junta de Libertad bajo Palabra para conceder este privilegio, por lo que al fin y al cabo es este organismo el que toma la decisión final. Así, los criterios que usa la Junta para conceder la libertad bajo palabra no cambiarían de ser aprobada la nueva ley.

A continuación, señalamos los criterios que utiliza la Junta de Libertad bajo Palabra al atender toda petición: “la naturaleza y circunstancias del delito; las veces que el convicto haya sido sentenciado; su expediente penal; los informes sociales y los de salud mental; el historial sicólogo, médico y psiquiátrico; la opinión de las víctimas; planes de estudios o adiestramiento o trabajo; lugar donde va a residir, y la actitud de la comunidad “.

Además, la Junta es la que determina si se confiere el privilegio, por lo que aquellos que no reúnan estos criterios no la recibirán.

Ante la discusión pública suscitada, mucha basada en información errada, creemos necesario especificar las razones por las cuales nuestro Comité apoya este proyecto, entre las que podemos mencionar el hecho de que en Puerto Rico el número de años establecidos como condena para las personas que han cometido delitos son excesivos, dándose situaciones donde a un convicto se le condena hasta a 300 años de prisión.


La realidad es que estudios realizados demuestran que las penas largas no constituyen un disuasivo para él cometimiento de delitos y tampoco reducen la reincidencia. La tendencia en los países más adelantados del mundo en el área penal demuestra que las sentencias establecidas, aún para los delitos más graves, no ascienden a más de 20 años.


En un estudio realizado recientemente en los Estados Unidos se demuestra que los convictos que han cumplido 20 años de cárcel se dan unos procesos de cambio natural, de madurez personal, que tienen una reacción directa con el hecho de que una vez salen en libertad en su gran mayoría no vuelven a delinquir, lo que redunda en una enorme baja de la reincidencia.


Hay otro elemento que algunas personas señalan de vez en cuando como factor a considerar al hacer cambios en leyes que puedan disminuir el número de confinados y es el hecho de que en Puerto Rico un o una confinada nos cuesta un poco más de $40,000 al año, pero si estuviese en libertad bajo palabra no pasaría de uno cuantos miles de dólares que se utilizarían para seguimiento hasta cumplir el término determinado.


Queremos clarificar que el proyecto también trae la temática de las sentencias consecutivas que se utilizan en nuestro país y que consideramos injustas porque extienden las penas excesivamente por no permitir que sean concurrentes. El proyecto establecería también que el convicto o convicta cumpla los otros delitos en forma concurrente con la pena mayor. A esto se opone el Secretario de Justicia.


Hemos dicho que algunos grupos se oponen a este proyecto, entre estos los que representan las víctimas del delito. Respetamos a estas y entendemos su posición, pero consideramos que la ley no atenta contra ellas porque el cernimiento de la Junta de Libertad bajo Palabra permitirá tomar la mejor decisión para ambas partes.


Finalmente, este proyecto cuenta con nuestro apoyo, ya que somos fieles creyentes de la rehabilitación. Consideramos que su aprobación ayudaría a hacer realidad la misma, permitiéndole al confinado o la confinada la oportunidad de lograr una reinserción paulatina a la sociedad.

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