Critican hipocresía de Pierluisi respecto al Covid-19

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Para Prensa sin censura

La Dra. Iris Cardona, principal Oficial Médico del Departamento de Salud participó ayer, en el tercer día de vistas públicas del PC 795 en la Comisión Laboral, el cual busca prohibir el discrimen en el empleo por razón de negarse a ser vacunado contra el COVID-19, de la autoría de Burgos Muñiz.

Durante su ponencia y ante las noticias presentadas por la Portavoz de Proyecto Dignidad en la que destacaba que la Organización Mundial de la Salud en dos ocasiones ha expresado que no avala la vacunación compulsoria contra el COVID-19, manifestó a la prensa (posteriormente), que la OMS solo ‘orienta en términos de política pública’, pero que sus dictámenes no son obligatorios para ningún país.

“Ciertamente la OMS no puede usurpar la autonomía decisoria de ningún país. Sin embargo, nos parece que la Rama Ejecutiva tiene un doble discurso. En ocasiones siguen ciegamente las recomendaciones de la OMS y en otras ocasiones las rechazan enérgicamente. En unas Órdenes Ejecutivas citan la Organización para afirmar que las vacunas son eficaces y para implementar medidas en los aeropuertos, pero para la no obligatoriedad de la vacuna, para eso no hay que ‘dejarse llevar’. Definitivamente la Rama Ejecutiva está siendo incongruente en su discurso. O le hacen caso a la OMS o no le hacen caso. Pero los discursos dobles no deben tolerarse en un gobierno serio”, manifestó Burgos Muñiz.

Sobre la alegación de la Dra. Cardona, a los efectos de que los no vacunados ya están protegidos por Leyes Federales, la Portavoz Cameral expresó: “Es cierto que el ‘EqualEmployment Opportunity Commission’ (EEOC) ha manifestado que los patronos deben de garantizar excepciones religiosas y médicas a sus empleados, en cumplimiento con el Título VII y con la Ley ADA. Sin embargo, la Ley Federal no ocupa el campo en materia de Leyes Anti-discrimen. Es decir, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico puede legislar para ampliar las protecciones laborales a los trabajadores que, en efecto están sufriendo discrimen en la Isla. Precisamente eso es lo que busca el PC 795; garantizar las protecciones más amplias a los trabajadores no vacunados, independientemente estos tengan o no razones médicas o religiosas para rechazar la vacuna. Puerto Rico siempre se ha caracterizado por ser una jurisdicción que ofrece mayores protecciones a la clase trabajadora, de las que ofrece la legislación federal. Un ejemplo de esto lo es la Ley 80-1976, la cual prohíbe los despidos injustificados. Mi compromiso con la clase trabajadora puertorriqueña es extenderle las mayores garantías posibles, en aras de propiciar un ambiente de trabajo digno y libre de cualquier discrimen. No me cansaré de luchar contra la ofensiva del Gobernador, quien pretende legitimar el discrimen contra los trabajadores no vacunados”, puntualizó la también Presidenta de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

La Representante advirtió que, las restricciones a los empleados no vacunados de la Rama Ejecutiva no garantizan las excepciones mínimas dispuestas en las Leyes y la Jurisprudencia Federal. Es por esto que hace varios días los municipios de Barceloneta y Camuy tuvieron que reinstalar en sus empleos a seis (6) empleados a los que habían suspendido por no aceptarles la excepción religiosa individual.

“El Gobernador debe seguir el ejemplo de estos municipios y el de más de 20 Estados que ya han legislado para prohibir este tipo de discrimen, incluyendo a Texas que ya aprobó una Ley al respecto. Debe de cesar, de una vez y por todas, el atropello en contra de los empleados gubernamentales no vacunados. Estoy completamente de acuerdo con que es deber del Ejecutivo velar por la seguridad de todos, pero de la forma menos onerosa para el pueblo. No obstante, sus Órdenes Ejecutivas han servido como el escenario perfecto para que, tanto en algunas empresas privadas como gubernamentales, patronos y/o supervisores se hayan convertido en verdugos para una parte significativa de la clase trabajadora del país. Lejos de velar por su salud, están atentando contra la estabilidad física, mental y económica de cientos de miles de puertorriqueños, y ante esto, no me puedo quedar callada”, concluyó la Representante por Acumulación.

Lisie Burgos.

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