Subcultura de ‘legisladrones’, corruptos y pillos en Puerto Rico

Lcda. Yolanda Rodríguez Torres

Para Prensa sin censura-Opinión

El fenómeno de la corrupción es uno que ha existido siempre, a través de la historia de la humanidad. En el siglo IV, San Agustín comparaba algunos reinos con una banda de ladrones. Èste nos decía: “ Si una banda de malhechores crece hasta el punto de ocupar un país y éste establece una sede, sometiendo pueblos y ciudades, asume el título de reino. Título que le es asegurado no por la renuncia a la codicia, sino por la conquista de la impunidad”.

Preocupa la cita de San Agustín, pues en pleno siglo XXI las democracias liberales siguen siendo atacadas por malhechores.

La corrupción política definida como la utilización de los gobernantes de poderes públicos para beneficio propio o a terceros y en perjuicio del interés público, es un cáncer que aqueja las sociedades modernas y que en ocasiones pareciera estar cobijado por la impunidad.

En Puerto Rico, en los últimos meses y días se ha puesto de manifiesto el problema de la corrupción con las alegaciones sobre la conducta del Sr. Félix Delgado Maldonado, Alcalde de Cataño por supuestamente autorizar a empleados de ese Municipio a hacer obras de construcción en un negocio propiedad de un familiar y el hecho de que la Oficina del Contralor de PR allanara las Oficinas de dicho municipio, buscando evidencias por ciertas alegaciones de mal manejo de fondos públicos.

De otra parte, la querella ética que se presentará contra el legislador Albert Torres Berríos ante la Comisión de Ètica del Senado de PR por un alegado esquema de sobornos en su Oficina y por supuestamente, solicitar dinero a empleados de éste, para cubrir gastos personales, èsto, a sólo seis meses de su incumbencia como legislador, es preocupante.

Y por último, lo que trascendiera públicamente sobre sobre las actuaciones de la legisladora Mariana Nogales de omitir información en su informe financiero de toma de posesión
ante la Oficina de Ética Gubernamental, sobre su participación en una corporación y en otras organizaciones en la que èsta, tiene intereses económicos, es igualmente cuestionable.

Mucho se ha escrito y se discute sobre la causa de la corrupción pública. Y es la falta de una ética pública de los funcionarios públicos, la que incide en estas conductas reprochables. La ética es ese modo de comportarse de lo que está o no está bien. Es ese sentido de intuición de cómo debe comportarse un servidor público cuando está investido de la soberanía del Estado. Si bien la ética nos impone un comportamiento adecuado al relacionarnos con los demás en una comunidad, cuando nuestras actuaciones inciden en el bienestar de otros, nuestra ética nos conduce y nos dirige para que el interés público esté por encima del interés privado.

El que carece de una ética pública no puede defender los postulados de integridad en el sector público. Quien realiza una función gubernamental debe tener como norte siempre, el interés público sobre cualquier otras consideraciones personales.

El manejo de las res (cosa) pública no es para todo el mundo. No toda persona es merecedora de ocupar un puesto público, ya que algunos o algunas no están dispuestos a que el bienestar privado esté subordinado al interés público. El funcionario público no viene a servirse, sino a servir.

Una de las modalidades que se atribuye a que la corrupción permanezca es la existencia de algunos políticos que llegan al poder y nunca se quitan ese sombrero de político. Al actuar, piensan primero en el bienestar de su partido y no en el bienestar del Pueblo, que a fin de cuentas es ese pueblo el que le dio el poder o la autoridad de ocupar ese cargo público.

En fin, ese llamado contrato social el cual definiera en el siglo 18 Jean Jacques Rousseau, como aquel contrato que debe existir entre el o los gobernantes y el pueblo en los países liberales y en el cual el pueblo cede sus derechos soberanos a fin de que el estado los proteja y vele por su seguridad, se ve seriamente lacerado por los tentáculos de la corrupción.

La Constitución de Puerto Rico en su artículo VI sección 9 establece que sólo se dispondrá de propiedad y fondos públicos para fines públicos. Los fondos públicos tienen un carácter sagrado. Pareciera hoy que ese precepto constitucional cae en oídos sordos. No hay que ser un erudito de la interpretación de la Constitución para saber que lo que no es suyo, no le pertenece, por tanto, no se puede disponer de ello sin una justificación válida.

La gestión gubernamental debe estar libre de conflictos de interés, del terrible nepotismo y en otras cosas, los que administran los fondos públicos no pueden convertir sus ayuntamientos y oficinas de gobierno en una finca privada, adelantando interés particulares en perjuicio del bien común.

Todo tiende a indicar que en Puerto Rico las agencias encargadas de prevenir la corrupción y educar sobre la ética pública han fracasado.

La corrupción gubernamental es más seria de lo que parece. Actúa en perjuicio de la estabilidad económica, social y moral de un país, pues un gobierno que no tiene como una de sus prioridades atacar la corrupción lo convierte en ingobernable.

Sin entrar en la discusión de la naturaleza y alcance de las actuaciones del alcalde de Cataño y de los dos legisladores antes mencionados, ya que dichos funcionarios están bajo investigación, no deja de ser preocupante el tibio manejo de los que tienen la responsabilidad de exigir cuentas de tales actuaciones.

Tomando como punto de partida la metáfora de San Agustín, nos queda de otra que estar vigilantes pues los malhechores y ladrones continúan acechando al reino.

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