Ambiente
Víctor Alvarado Guzmán
Asesor ambiental PIP
Lo que comenzó como una querella vecinal en marzo de 2025 se ha convertido, un año después, en un caso emblemático de inacción administrativa.
A la entrada de la comunidad Las Mareas en Salinas, una estructura residencial se levanta hoy con un 80% de construcción completada, pese a múltiples órdenes de “Cese y Desista” y a la clara ausencia de permisos. Más revelador aún es que la Oficina Regional de Permisos del Consorcio CCVS ha documentado reiteradamente la ilegalidad, pero no ha impuesto ni una sola multa.
Cronología de una omisión
El 20 de marzo de 2025, tras denuncias de residentes, el inspector José C. Collazo realizó la primera inspección. Su informe fue contundente: no había permiso de construcción ni cumplimiento con los parámetros establecidos. Ese mismo día se colocó un rótulo de “Cese y Desista” frente a la estructura.
Seis meses después, el 12 de septiembre de 2025, una segunda inspección confirmó que la obra continuaba. El inspector Josué Martínez reiteró la orden de paralización y dejó constancia de irregularidades adicionales, al constatar que el terreno no estaba debidamente segregado y la escritura del propietario, Miguel A. Rivera Díaz, no delimitaba claramente su porción.
Tres días más tarde, el 15 de septiembre de 2025, el director de la Oficina de Ordenamiento Territorial de Salinas, José C. Collazo Machado, orientó formalmente al propietario, indicándole que debía cesar la construcción y gestionar un permiso a través de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) con la asistencia de un ingeniero o contratista.
Nada de eso ocurrió.
El 20 de enero de 2026, una tercera inspección evidenció que la orden previa había sido ignorada, el rótulo de “Cese y Desista” había sido removido y la construcción continuaba. El informe fue explícito reafirmando que el dueño había hecho “caso omiso” a las intervenciones oficiales.
Para marzo de 2026, la situación escaló al plano legislativo municipal. El 11 de marzo, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas anunció la radicación de una resolución investigativa en la Legislatura Municipal, impulsada por el legislador Emilio Nieves Torres.
La medida buscaba esclarecer los hechos relacionados con la construcción ilegal a la entrada de la comunidad de Las Mareas y sugería la celebración de vistas públicas o ejecutivas, y el requerimiento de información y documentación a OGPe, a la Oficina Regional de Permisos, y a cualquier otra agencia estatal o municipal pertinente.
Dos días después del anuncio del PIP, el 13 de marzo de 2026, funcionarios del Consorcio regresaron al lugar. Esta vez encontraron al dueño y obreros “terminando la obra”. El informe indica que la construcción estaba adelantada en un 80% y a punto de entrar en su fase final. Por quinta ocasión, según la propia agencia, se ordenó detener los trabajos. El documento incluyó incluso una “Orden Automática de Cese y Desista” firmada por el funcionario autorizado del Consorcio CCVS, José C. Collazo, y por el propio Rivera Díaz.
Aunque la Resolución del PIP nunca fue aprobada, sí se solicitó a la Oficina Regional de Permisos copia del expediente, el cual reveló la ilegalidad de la edificación, la negativa del Sr. Miguel Rivera Díaz en cumplir con las órdenes de cese y desista, y la falta de acción contundente de la agencia al no proceder con las multas reglamentarias.
La ley es clara, la acción no
El marco legal no deja espacio a la ambigüedad.
La Ley 161-2009, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, junto al Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de negocios de 2020, faculta a la Oficina Regional de Permisos a imponer sanciones cuando se confirma una violación.
La Sección 11.4.1.2 inciso (b) (1) del Reglamento Conjunto establece una multa mínima de $500 en casos de ausencia de permisos. Más significativo aún, la Sección 11.4.1.1 inciso (a) dispone que cada día en que persista la infracción constituye una violación independiente.
En este caso, la propia agencia determinó, desde el 20 de marzo de 2025, que la construcción era ilegal. Si se aplicara el marco reglamentario, la acumulación diaria de penalidades podría alcanzar cifras que rondan los $184,000 para el periodo de un año. A esto se suma la posibilidad de multas adicionales de hasta $100,000 por conducta contumaz, es decir, por la reiterada desobediencia documentada en al menos cinco intervenciones oficiales.
Un patrón de inacción
A pesar de la evidencia, los informes y las reiteradas advertencias, la Oficina Regional de Permisos no ha ejecutado su facultad sancionadora. No hay constancia de multas emitidas, ni de acciones coercitivas adicionales para detener la obra.
La omisión plantea interrogantes serias: ¿por qué una agencia con autoridad clara para penalizar ha optado por limitarse a advertencias? ¿Qué efecto tiene esta inacción sobre el cumplimiento de la ley en otras comunidades? ¿Se está enviando el mensaje de que construir sin permisos no conlleva consecuencias reales?
Para los residentes de Las Mareas, la respuesta parece evidente. Durante un año han denunciado, documentado y presenciado cómo una construcción ilegal avanza sin freno, a pesar de múltiples intervenciones oficiales.
Investigación requerida
El portavoz del PIP ha insistido en la resolución presentada en la Legislatura Municipal para buscar arrojar luz sobre este asunto. De prosperar, podría abrir la puerta a examinar no sólo la conducta del propietario, sino también la actuación —o falta de ella— de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.
Mientras tanto, en la entrada de Las Mareas, la estructura sigue en pie. Y con cada bloque añadido y pared empañetada, también crece la percepción de que, en este caso, la ilegalidad no ha sido el mayor problema: lo ha sido la inacción.
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