Justicia Social
Tercero y último de una serie.
Prensa Sin Censura
En 2016, el tribunal decide iniciar el proceso de indemnización. Pretendieron que en solo tres meses se contactaran e identificaran a todas las familias interesadas en reclamar el resarcimiento de los daños.
Así lo expresó en entrevista con Prensa Sin Censura la señora Carmen Warren, directora del Comité Timón de Padres de Educación Especial.
“Una indemnización por todos los daños causados tanto a los menores como a sus familias de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. No solo los niños, sino sus padres o encargados porque hubo daños económicos porque tuvieron que proveer ellos los servicios que el DE no proveyó”, explicó Carmen Warren.
Nunca habrá dinero suficiente
No hay dinero en el mundo que compense los daños sufridos por los jóvenes de educación especial y sus padres.
La dignidad de la persona no se paga con dólares, sino con respeto y servicios decentes a la población con diversidad funcional.
Liduvina Encarnación López es valiente porque se enfrenta al sistema y denuncia la afrenta de los $5, 100 que compara con “migajas”.
“A la señora Rosa Lydia Vélez, en su caso particular, el gobierno de Puerto Rico le hizo una oferta transaccional. Entre 2013 y 2014, durante la gobernación de Alejandro García Padilla, se logró una indemninación de $125 mil para ella, su hija y su hijo”, recordó Warren.
El resto de los casos se continuó dilucidando de manera conjunta.
Mientras, alrededor de 1990 el gobierno impuso un límite de $75 mil a ser desembolsados en las demandas de cada ciudadano y $150 mil para dos personas o más.
“En 2016 la mayoría de los padres, lamentablemente solo 6, 500, reclamamos el tope de la indemnización. Pero para esa fecha también fue declarado en quiebra el gobierno de Puerto Rico. Todas las demandas contra el estado fueron paralizadas. Entrٕaron la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal con la jueza Laura Taylor Swain”.
En la lista de prioridades los estudiantes de educación especial ocuparon la posición 52, después de los bonistas de COFINA, de la AEE, etcétera.
En 2020 el tribunal decidió atender los casos de los 6,500 padres y tutores que reclamaron. Recibieron cartas de la junta en inglés y con lenguaje técnico, advirtiendo que trabajarían el caso en el tribunal de quiebras federal.
Entre 2024 y 2025 los padres recibieron cartas con la oferta para transar la demanda de daños contra el gobierno. “La oferta es que en lugar de indemnizar por individuo se haría por la familia de una sola vez en bloque. La oferta del gobierno de Puerto Rico en acuerdo con la Junta de Control Fiscal fue de $25 mil por familia, sin importar la cantidad de miembros y los daños y perjuicios provocados. Ese es el valor que adjudicaron por los daños recibidos”.
Sin embargo, como Puerto Rico sigue en quiebra, hay un ajuste de un 20.4%, equivalentes a $5, 100 aproximadamente.
“Esa es la indemnización que la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico, liderado por la señora Jenniffer González, le proponen a todos los reclamantes de daños”, reveló Warren.
Eso no es todo: si aceptan los aproximadamente $5, 100 se relevará a las familias de la presentación de evidencia de los daños. “Simplemente firmar que acepta con el compromiso de que nunca más demandará al gobierno de Puerto Rico, a la Junta de Control Fiscal, al Secretario de Educación ni a la maestra que le hizo daño al niño o joven. Se olvida de todo; aquí se acabó, los perdona y coge lo que le manden cuando se lo manden porque tampoco se sabe cuándo será”, abundó Carmen Warren.
Por sus visos de mezquindad e inmoralidad, Liduvina Encarnación López ha rechazado una oferta comparable con “pesetear con la dignidad de la persona”.
Pero hay otro problema: los que no acepten a la fecha del próximo 15 de abril tendrán que contratar un abogado de quiebras que los represente a nivel federal, lo cual sería muy oneroso.
“El propósito es reducir la cantidad de reclamantes. Al que no los acepte, como es mi caso, no se le reconocen daños y estamos obligados a documentar. Eso representa seleccionar un abogado que pueda litigar a nivel federal en el tribunal de quiebras, documentar los daños con el expediente académico de mi hija y demostrar mis daños. ¿Qué padre que peine canas, considerando el costo de vida, va a pagar de forma privada e individual ese tipo de recurso legal para enfrentar un tribunal sin saber si el caso saldrá más oneroso que lo que el gobierno decida compensar?”, preguntó Liduvina.
No hay justicia al final de un pleito de 46 años en que cada cuatrienio el gobierno utiliza políticamente a la comunidad de educación especial.
Nuevamente, una silla para su hija Laura cuesta alrededor de $5 mil. Liduvina Encarnación López solo le pide a Dios mucha salud para seguir acompañando y cuidando a su amada Laura.
Un estado que es incapaz de respetar los derechos de sus seres indefensos es un estado decadente. “Es importante que el País entienda que esta población es responsabilidad de todos y todos tenemos la obligación de atender y distinguir a esta comunidad, que siempre ha sido vulnerable y desechable, que la han abandonado. Es una comunidad amplia; la mayoría compuesta por mujeres solas y por envejecidos y envejecidas, cuidando a otros con impedimentos”, concluyó Carmen Warren.
Esta es la crónica del atropello a la dignidad del ser humano en el Puerto Rico de marzo de 2026. El DE sigue pagando multas por sus incumplimientos en el Programa de Educación Especial.
Los políticos de turno y los medios, corporativos e independientes, no se dan por aludidos.
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