Justicia Social
Primero de una serie.
JAIME TORRES TORRES
PRENSA SIN CENSURA
Solo los padres de hijos con diversidad funcional saben lo desesperante que resulta gestionarles lo básico para vivir.
En seguimiento a la nota de la señora Liduvina Encarnación López, publicada la semana pasada por Prensa Sin Censura, es menester continuar con la cobertura del viacrucis de la educación especial en Puerto Rico.
El recorte millonario de fondos federales y la negligencia del Departamento de Educación (DE), interpela conciencias por el escándalo de la dejadez y la desesperante burocracia de las agencias concernidas.
A las familias de estudiantes de educación especial no se le garantiza una indemnización razonable porque el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal han dicho que la quiebra no lo permite.
Liduvina, la madre de Laura, hoy de 38 años, rechaza la partida de $5, 100 que le propone el estado por daños reclamados, contrario a los $25 mil prometidos originalmente en el desenlace del pleito de clase, lo que incluso considera una burla en comparación con los $125 mil que recibió la señora Rosa Lydia Vélez, líder del movimiento de justicia social a los seres humanos con diversidad.
Por sus visos de mezquindad e inmoralidad, Liduvina Encarnación López ha rechazado una oferta comparable con “pesetear con la dignidad de la persona”.
Liduvina Encarnación López rechaza de plano los $5, 100 por entender que eso vale un sillón para su hija.
Laura estuvo transversa en el vientre de su madre, hubo dificultades durante la cesárea y convulsó en repetidas ocasiones, desarrollando encefelopatía epiléptica por daño cerebral severo.
“La población de diversidad funcional lo ha ganado en derecho y nosotros estamos luchando por todos los servicios y oportunidades que nos debe garantizar el estado”, comenta Liduvina al recordar que Laura afrontó dificultad de acceso a servicios de educación preescolar fundamentales.
HeadStart tenía un acuerdo colaborativo con el DE, pero la organización no se lo reclamó.
Los padres de Laura deseaban que la admitieran en horario regular los cinco días de la semana para socializar e interactuar con sus pares, pero HeadStart solo le ofreció cuatro horas semanales.
“Yo trabajaba y el cuido para niños con discapacidad es sumamente costoso”, afirmó la mamá de Laura.
Mañana conoceremos la lucha de la activista Carmen Warren.
Prensa sin censura 