Cultura
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Más de un millón de dólares pagados en renta desde 2024 y aun así el Archivo General queda sin energía por una deuda de tres meses.
Hay amenazas contra el patrimonio de un país que provienen de la naturaleza: huracanes, inundaciones o terremotos. Pero hay otras, quizás más evitables, que nacen de la ineficiencia administrativa.
Eso fue lo que ocurrió recientemente en el edificio que alberga el Archivo General de Puerto Rico. El contratista que provee el transformador que energiza las instalaciones decidió apagar el sistema por falta de pago. La razón es simple y alarmante: se adeudan tres meses de renta, correspondientes a enero, febrero y marzo, por un total de $126,000, en un contrato que establece un pago mensual de $42,000.
El hecho sería preocupante en cualquier edificio público. Pero aquí no hablamos de una oficina común. Hablamos de la Biblioteca Nacional y Sala de Eugenio María de Hostos y el Archivo General de Puerto Rico, custodio de la memoria documental del país.
Paradójicamente, lo ocurrido se vuelve aún más grave cuando se pone en contexto. Desde 2024, el Instituto de Cultura Puertorriqueña ha desembolsado más de un millón de dólares en renta por ese servicio. Con una cifra de esa magnitud, hace tiempo se hubieran podido adquirir más de dos transformadores propios para garantizar la operación del edificio. Sin embargo, el gasto se ha ido en alquileres y, para colmo, hoy en día ni siquiera está clara la adquisición de un transformador permanente para la institución.
Este episodio tampoco surge en el vacío. En 2023, cuando fuertes lluvias afectaron el sistema eléctrico y provocaron el colapso del transformador, la situación del Archivo General provocó una reacción inmediata de la comunidad cultural y académica del país. Historiadores, estudiantes, profesores universitarios y ciudadanos comprometidos acudieron a una vigilia pública para reclamar que el gobierno atendiera con urgencia la crisis que amenazaba el patrimonio documental.
Aquella movilización evidenció algo fundamental: el Archivo General no es una institución marginal. Es un espacio vital para la investigación histórica, la educación y la memoria colectiva del país.
Desde el movimiento sindical que representa a trabajadores del Instituto de Cultura Puertorriqueña también se ha levantado la voz. Marisel Flores, presidenta del Sindicato ProSol-Utier, capítulo del ICP, expresó que la situación es alarmante.
“Lo que está en juego aquí no es un trámite administrativo ni una factura atrasada. Estamos hablando de la institución que resguarda la memoria documental del país. Después de haber pagado más de un millón de dólares en renta desde 2024, resulta inconcebible que hoy el Archivo General quede vulnerable por una deuda de tres meses. La preservación del patrimonio histórico no puede depender de improvisaciones o incompetencias administrativas”, señaló.
Los archivos no son depósitos inertes de papeles viejos. Son infraestructuras delicadas que dependen de condiciones ambientales estables, electricidad continua, sistemas de control climático, iluminación adecuada y seguridad permanente. Interrupciones en estos sistemas pueden tener consecuencias serias para materiales únicos e irremplazables.
Cuando se interrumpe la energía de un edificio que alberga patrimonio documental, no solo se apagan luces. Se pone en riesgo la preservación de la memoria histórica de un país.
Este tipo de incidentes revela un problema mayor: la fragilidad administrativa con la que a veces se manejan instituciones culturales fundamentales. Puerto Rico no puede aspirar a preservar su patrimonio histórico si las estructuras responsables de protegerlo operan bajo una lógica de improvisación.
El patrimonio documental no pertenece a una administración ni a una agencia. Pertenece al país y a las generaciones futuras.
Por eso, más allá del incidente puntual, lo ocurrido exige respuestas claras y correctivos inmediatos. La preservación del patrimonio no puede depender de la paciencia de un proveedor que espera su pago ni de decisiones administrativas que se postergan indefinidamente.
La memoria de un país no debería quedar a oscuras por falta de gestión responsable.
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