Justicia Social
JAIME TORRES TORRES
PRENSA SIN CENSURA
Solo los padres de un hijo con diversidad funcional sabe lo desesperante que resulta gestionarle lo básico para vivir.
En seguimiento a la nota de la señora Liduvina Encarnación López, publicada la semana pasada por Prensa Sin Censura, es menester continuar con la cobertura del calvario de la educación especial en Puerto Rico.
El recorte millonario de fondos federales y la negligencia del Departamento de Educación (DE), interpela conciencias por el escándalo de la dejadez y la desesperante burocracia de las agencias concernidas.
A las familias de estudiantes de educación especial no se le garantiza una indemnización razonable porque el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal han dicho que la quiebra no lo permite.
Liduvina, la madre de Laura, hoy de 38 años, rechaza la partida de $5, 100 que le propone el estado por daños reclamados, contrario a los $25 mil prometidos originalmente en el desenlace del pleito de clase, lo que incluso considera una burla en comparación con los $125 mil que recibió la señora Rosa Lydia Vélez, líder del movimiento de justicia social a los seres humanos con diversidad.
Por sus visos de mezquindad e inmoralidad, Liduvina Encarnación López ha rechazado una oferta comparable con “pesetear con la dignidad de la persona”.
Liduvina Encarnación López rechaza de plano los $5, 100 por entender que eso vale un sillón para su hija.
Laura estuvo transversa en el vientre de su madre, hubo dificultades durante la cesárea y convulsó en repetidas ocasiones, desarrollando encefelopatía epiléptica por daño cerebral severo.
“La población de diversidad funcional lo ha ganado en derecho y nosotros estamos luchando por todos los servicios y oportunidades que nos debe garantizar el estado”, comenta Liduvina al recordar que Laura afrontó dificultad de acceso a servicios de educación preescolar fundamentales.
HeadStart tenía un acuerdo colaborativo con el DE, pero la organización no se lo reclamó.
Los padres de Laura deseaban que la admitieran en horario regular los cinco días de la semana para socializar e interactuar con sus pares, pero HeadStart solo le ofreció cuatro horas semanales.
“Yo trabajaba y el cuido para niños con discapacidad es sumamente costoso”.
Prensa Sin Censura también entrevistó a Carmen Warren, durante las pasadas décadas portavoz de los padres con hijos de educación especial y quien lucha por sus derechos.
“Es importante que el País nos escuche y sepa lo que pasamos las familias que tenemos personas con impedimentos en nuestro hogar. Lo difícil que se hace para estas personas tener equidad e igualdad con el resto de la comunidad”, dijo Carmen, que tuvo dos hijas en el programa de educación especial, una con parálisis cerebral e impedimentos múltiples severos que no caminaba.
Suania trascendió a los 28 años.
A la pregunta de las estadísticas de estudiantes con diversidad en Puerto Rico, Carmen Warren detalló que al presente hay 113 mil alumnos con alguna diversidad registrados en el programa del DE.
“Crecen y después de los 22 años no reciben servicios educativos ni de ningún tipo de agencia alguna. Se desplazan al hogar y un censo revela que hay más de 500 mil personas en este país que tienen algún tipo de impedimento”.
El caso Rosa Lydia Vélez
En 1980 siete padres y madres, entre ellos la señora Rosa Lydia Vélez y un comité timón, junto a Servicios Legales, llevaron una demanda contra el gobierno del Estado Libre Asociado y el Departamento de Educación por no ofrecer servicios adecuados a la población.
En 1981 se convirtió en un caso o demanda de clase que reclamaba que el DE cumpliera cabalmente con las leyes federales y estatales y una indemnización por los daños causados a los estudiantes y las familias por no proveer los servicios.
El pleito se prolongó por 46 años que se cumplen en 2026, pero tuvo una culminación parcial con relación a los servicios educativos con unas estipulaciones firmadas en 2002.
“A partir de esa fecha el DE tiene obligación adicional de cumplimiento con todos los estudiantes de educación especial. Los que demandaron en 1980 y 1981 nunca tuvieron beneficios de los logros alcanzados en la lucha de ese pleito de clase […] El pleito continúa vivo y es importante que la gente lo sepa porque el DE ha seguido incumpliendo con sus obligaciones con la población de educación especial”.
La indemnización
En 2016, el tribunal decide iniciar el proceso de indemnización. Pretendieron que en solo tres meses se contactaran e identificaran a todas las familias interesadas en reclamar el resarcimiento de los daños.
“Una indemnización por todos los daños causados tanto a los menores como a sus familias de acuerdo a la sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. No solo los niños, sino sus padres o encargados porque hubo daños económicos porque tuvieron que proveer ellos los servicios que el DE no proveyó”, explicó Carmen Warren.
Nunca habrá dinero suficiente
No hay dinero en el mundo que compense los daños sufridos por los jóvenes de educación especial y sus padres.
La dignidad de la persona no se paga con dólares, sino con respeto y servicios decentes a la población con diversidad funcional.
Liduvina Encarnación López es valiente porque se enfrenta al sistema y denuncia la afrenta de los $5, 100 que compara con “migajas”.
“A la señora Rosa Lydia Vélez, en su caso particular, el gobierno de Puerto Rico le hizo una oferta transaccional. Entre 2013 y 2014, durante la gobernación de Alejandro García Padilla, se logró una indemninación de $125 mil para ella, su hija y su hijo”, recordó Warren.
El resto de los casos se continuó dilucidando de manera conjunta.
Mientras, alrededor de 1990 el gobierno impuso un límite de $75 mil a ser desembolsados en las demandas de cada ciudadano y $150 mil para dos personas o más.
“En 2016 la mayoría de los padres, lamentablemente solo 6, 500, reclamamos el tope de la indemnización. Pero para esa fecha también fue declarado en quiebra el gobierno de Puerto Rico. Todas las demandas contra el estado fueron paralizadas. Entrٕaron la Junta de Control Fiscal y el gobierno federal con la jueza Laura Taylor Swain”.
En la lista de prioridades los estudiantes de educación especial ocuparon la posición 52, después de los bonistas de COFINA, de la AEE, etcétera.
En 2020 el tribunal decidió atender los casos de los 6,500 padres y tutores que reclamaron. Recibieron cartas de la junta en inglés y con lenguaje técnico, advirtiendo que trabajarían el caso en el tribunal de quiebras federal.
Entre 2024 y 2025 los padres recibieron cartas con la oferta para transar la demanda de daños contra el gobierno. “La oferta es que en lugar de indemnizar por individuo se haría por la familia de una sola vez en bloque. La oferta del gobierno de Puerto Rico en acuerdo con la Junta de Control Fiscal fue de $25 mil por familia, sin importar la cantidad de miembros y los daños y perjuicios provocados. Ese es el valor que adjudicaron por los daños recibidos”.
Sin embargo, como Puerto Rico sigue en quiebra, hay un ajuste de un 20.4%, equivalentes a $5, 100 aproximadamente.
“Esa es la indemnización que la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico, liderado por la señora Jenniffer González, le proponen a todos los reclamantes de daños”, reveló Warren.
Eso no es todo: si aceptan los aproximadamente $5, 100 se relevará a las familias de la presentación de evidencia de los daños. “Simplemente firmar que acepta con el compromiso de que nunca más demandará al gobierno de Puerto Rico, a la Junta de Control Fiscal, al Secretario de Educación ni a la maestra que le hizo daño al niño o joven. Se olvida de todo; aquí se acabó, los perdona y coge lo que le manden cuando se lo manden porque tampoco se sabe cuándo será”, abundó Carmen Warren.
Por sus visos de mezquindad e inmoralidad, Liduvina Encarnación López ha rechazado una oferta comparable con “pesetear con la dignidad de la persona”.
Pero hay otro problema: los que no acepten a la fecha del próximo 15 de abril tendrán que contratar un abogado de quiebras que los represente a nivel federal, lo cual sería muy oneroso.
“El propósito es reducir la cantidad de reclamantes. Al que no los acepte, como es mi caso, no se le reconocen daños y estamos obligados a documentar. Eso representa seleccionar un abogado que pueda litigar a nivel federal en el tribunal de quiebras, documentar los daños con el expediente académico de mi hija y demostrar mis daños. ¿Qué padre que peine canas, considerando el costo de vida, va a pagar de forma privada e individual ese tipo de recurso legal para enfrentar un tribunal sin saber si el caso saldrá más oneroso que lo que el gobierno decida compensar?”, preguntó Liduvina.
No hay justicia al final de un pleito de 46 años en que cada cuatrienio el gobierno utiliza políticamente a la comunidad de educación especial.
Nuevamente, una silla para su hija Laura cuesta alrededor de $5 mil. Liduvina Encarnación López solo le pide a Dios mucha salud para seguir acompañando y cuidando a su amada Laura.
Un estado que es incapaz de respetar los derechos de sus seres indefensos es un estado decadente. “Es importante que el País entienda que esta población es responsabilidad de todos y todos tenemos la obligación de atender y distinguir a esta comunidad, que siempre ha sido vulnerable y desechable, que la han abandonado. Es una comunidad amplia; la mayoría compuesta por mujeres solas y por envejecidos y envejecidas, cuidando a otros con impedimentos”, concluyó Carmen Warren.
Esta es la crónica del atropello a la dignidad del ser humano en el Puerto Rico de marzo de 2026. El DE sigue pagando multas por sus incumplimientos en el Programa de Educación Especial.
Los políticos de turno y los medios, corporativos e independientes, no se dan por aludidos.
Prensa sin censura 