Educación-Justicia Social
Liduvina Encarnación López
Para Prensa Sin Censura
(Puerto Rico, 5 de febrero de 2026) – Mientras los políticos se llenan la boca hablando de «justicia social», en la oscuridad del Tribunal de Quiebras se está consumando el acto de crueldad más grande de nuestra historia reciente contra la comunidad de Educación Especial.
El pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, una lucha que lleva más de 40 años, ha sido secuestrado por la Ley PROMESA. La oferta actual por daños reclamados, de la Gobernadora y la Junta de Control Fiscal es un insulto: $5,100 por miembro de cada familia reclamante.
Una cifra que no cubre ni dos semanas de cuido especializado, una fracción miserable de los $25,000 prometidos originalmente y una burla frente a los $150,000 que el propio Estado reconoció a la líder del movimiento en 2013.
El «Proceso Oneroso»: Una trampa mortal
La Juez del Tribunal de Quiebras ha impuesto una condición inhumana: quien no acepte esta limosna, será obligado a litigar individualmente con abogados federales, peritos y testigos. ¿Cómo pretenden que familias empobrecidas, madres ancianas y sobrevivientes del Huracán María —que perdieron hasta sus expedientes físicos— costeen un litigio federal?
La estrategia es clara: Cansarnos hasta que renunciemos o muramos.
- Muchos de los padres reclamantes ya son ancianos o han fallecido.
- Nuestros hijos, por quienes empezamos esta lucha, ya pasan de los 30 años.
- El Estado apuesta al olvido y a la falta de equidad.
Nos sacaron de la jurisdicción estatal para desprotegernos. No hay abogados que quieran asumir estos casos bajo PROMESA porque saben que el sistema está diseñado para favorecer al deudor y no a la víctima.
Exigimos investigación inmediata. Esto no es una reclamación de daños; es una limpieza burocrática de los derechos de la población más vulnerable de Puerto Rico. Gobernadora, Legisladores: dejen de usar nuestro dolor para su propaganda política. Diciendo que benefician a esta población contribuyendo con organizaciones que nos ofrecen servicio y que gozan de simpatías ante la opinion pública; éstas se prestan para ser la cuota de logros en sus campañas políticas. Su «amor por Puerto Rico» y nuestra población con discapacidad es un espejismo mientras firman nuestra sentencia de indigencia.
¡Justicia para Rosa Lydia Vélez! ¡No nos quitarán la dignidad
La autora es Madre, Tutora Legal y Reclamante de Daños en el Pleito de Clase
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