Ambiente
Fue aprobado en la Cámara el proyecto que redefine la Zona Marítimo Terrestre y amenaza el acceso público y la protección de las costas
(Arecibo, Puerto Rico – 29 de enero de 2026, Comunicado) – A pesar de que organizaciones ambientales, comunitarias y académicas alertaron al país y se opusieron, se aprobó en la Cámara de Representantes el Proyecto 25 (PC-25), de la autoría del representante Johnny Méndez, una medida que redefine la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) para legalizar las estructuras dentro de áreas de dominio público y tendría consecuencias graves para la protección ambiental, el dominio público costero y el acceso histórico del pueblo a las playas.
El PC-25 enmienda la «Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1968» (P. de la C. 25) y redefine la Zona Marítimo-Terrestre.
Aunque el proyecto se presenta como un ejercicio de «clarificación», en la práctica reduce el alcance de la ZMT, limita la capacidad regulatoria del Estado y abre la puerta a:
La privatización de facto de franjas costeras
La legalización retroactiva de construcciones en zonas vulnerables
El debilitamiento de los deslindes administrativos
El desplazamiento de comunidades costeras
La limitación del derecho constitucional de conservación de los recursos naturales de Puerto Rico
La medida también contradice directamente el espíritu y los criterios científicos adoptados en el Reglamento 4860 del DRNA, que amplió la interpretación de la ZMT para responder a la realidad climática contemporánea, al aumento del nivel del mar, a la erosión costera y a la protección de ecosistemas críticos como dunas, manglares, humedales y playas.
«Estamos ante un intento legis/ativo de resolver controversias privadas a costa del patrimonio colectivo del país. Redefinir la zona marítimo-terrestre en plena crisis climática es un acto irresponsable y criminal, pues limita el espacio público, poniendo en riesgo todas las formas de vida que dependen de la costa, quitándole la playa al pueblo», señaló Alegna Malavé, portavoz de Murciélagos Beach Defenders, una de las organizaciones comunitarias que se opone a la medida.
Puerto Rico enfrenta hoy:
Aumento acelerado del nivel del mar
Pérdida de playas por falta de espacio para migrar tierra adentro
Eventos extremos más frecuentes
Colapso de infraestructura crítica en los frentes costeros
Un avasallante desarrollo del litoral
En este contexto, reducir las protecciones legales del litoral equivale a legislar en contra del sentido común y, peor aún, contra el interés público y el de las futuras generaciones.
Las organizaciones que defienden los recursos naturales y nuestros tesoros culturales hacen un llamado urgente a la ciudadanía, la prensa, el sector académico, los colegios profesionales, las comunidades costeras, y las organizaciones ambientales y sociales.
Movilizarse de inmediato, comunicarse con sus representantes y exigir que el proyecto sea retirado.
«Este proyecto nos robaría la playa, las dunas y las áreas de vigilancia costera, que son lo más sagrado que tiene un pueblo isleño y caribeño; nuestras costas son nuestra identidad, son fuente de sustento, salud y vida. Quien vote a favor de esta patraña demostraría su mala fe como legislador y su mala voluntad hacia el pueblo puertorriqueño», abundó Alegna Malavé, fundadora de Murciélago Beach Defenders.
La Cámara de Representantes no celebró vistas públicas con participación científica, comunitaria y multisectorial. La aprobación confirma su irrespeto a la política pública ambiental consagrada en la Constitución de Puerto Rico.
La zona marítimo-terrestre no es mercancía.
Es un bien común.
Es protección.
Es acceso.
Es vida.
Prensa sin censura 