Salud
(Ponce, Puerto Rico. 27 de enero de 2026) – La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado presentó una resolución para ordenar a la Comisión de Salud y a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor a realizar una investigación exhaustiva sobre el transporte de residuos de animales hacia el vertedero de EC Waste, ubicado en la carretera PR-500, en el municipio de Ponce, ante serias preocupaciones de salud pública, seguridad y cumplimiento ambiental.
Según Víctor Alvarado Guzmán, Secretario de Asuntos Ambientales del PIP, la investigación solicitada surge tras denuncias de residentes de la comunidad Punta Diamante.
“Residentes cercanos al vertedero identificaron el pasado 4 de diciembre de 2025, un camión de la empresa R4 Enterprises Corporation transitando por la PR-500 mientras este derramaba sangre sobre la carretera, durante su trayecto hacia el vertedero. Aseguran que este no es un evento aislado y que situaciones similares se han repetido en otras ocasiones”, comentó Alvarado Guzmán.
Según el testimonio comunitario, el camión transportaba desechos animales provenientes del matadero de Yauco, y en otros incidentes se han observado vehículos procedentes de Arecibo y Caguas, algunos alegadamente transportando cuerpos de animales de clínicas veterinarias.
Fotografías suministradas por residentes muestran el estado del camión y los permisos rotulados, lo que ha levantado interrogantes sobre el alcance de las licencias otorgadas y el cumplimiento con los reglamentos vigentes.
La resolución presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el senador Adrián González Costa ordena evaluar el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables en materia de salud pública, ambiente y transportación, incluyendo el Reglamento para el Manejo de los Desperdicios Sólidos No Peligrosos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como las disposiciones del Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos relacionadas con licencias, condiciones de operación y medidas de seguridad para el transporte de este tipo de residuos.
Las comunidades de Punta Diamante y La Cotorra han expresado una profunda preocupación por los riesgos sanitarios asociados a la exposición a fluidos biológicos, tales como la proliferación de patógenos, malos olores persistentes y la atracción de vectores, particularmente en zonas donde niños y niñas transitan y juegan diariamente.
El líder ambiental del PIP informó que a nivel municipal también se han tomado medidas por parte del colectivo independentista.
“El legislador municipal de Ponce, Dr. José Escabí Pérez, radicó también a principios de enero una resolución en la Legislatura Municipal de Ponce para atender esta situación y exigir respuestas a las agencias concernidas. Asimismo, la senadora María de Lourdes Santiago envió una carta a la alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, poniéndola al tanto de los señalamientos comunitarios y exhortándola a tomar acciones para salvaguardar la salud y seguridad de las comunidades afectadas”, explicó Alvarado.
La resolución del Senado dispone que las comisiones investiguen, entre otros aspectos, la adecuacidad de los equipos y vehículos utilizados para el transporte de desechos animales, los protocolos de prevención y respuesta a derrames del vertedero, y la fiscalización ejercida por las agencias gubernamentales competentes, con el fin de determinar responsabilidades y recomendar acciones correctivas.
“El deber del Estado de proteger la salud pública y el ambiente exige una intervención oportuna y rigurosa ante situaciones que representan riesgos reales para las comunidades”, finalizó Víctor Alvarado Guzmán, subrayando la importancia de prevenir daños mayores y asegurar el estricto cumplimiento del interés público.
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