Crónica de otro desplazamiento en Aguadilla

Justicia Social

JAIME TORRES TORRES

Prensa Sin Censura

Tras seis años de alquiler por Sección 8, la señora Olvia Rivera Román, de 65 años, tendrá que abandonar la casa en que reside junto a su hija María Rivera Rivera, de 37 años y aquejada por múltiples enfermedades, en el barrio Caimital Bajo, sector La Sander en Aguadilla.

Olvia, quien asegura que durante 35 años ha sido beneficiaria del programa de vivienda federal, responsabiliza a la administración de Aguadilla y su alcalde Julio Roldán por un presunto patrón de hostigamiento sexual de un empleado municipal, lo que en 2024 la obligó a solicitar una orden de protección, suscrita por el magistrado Orlando E. Avilés Santiago.

La mujer de 65 años, maestra de educación especial con licencia del estado de Florida para trabajar como asistente de pacientes en el hogar, asegura que las gestiones para conseguir vivienda han sido infructuosas, por lo que después del 28 de febrero literalmente pudiera quedarse en la calle junto a su hija María, joven con estudios de asistente de veterinario, y que padece de autismo, esquizofrenia, artritis, obesidad mórbida y problemas en la espalda. 

Según la señora, el empleado municipal es vecino en Caimital Bajo y presuntamente ha radicado querellas en el Departamento de la Familia acusándola de fraude, por lo cual la agencia suspendió el desembolso de una ayuda mensual de $100, que le reanudan tras una querella ante el ombudsman (Oficina del Procurador del Ciudadano en Aguadilla). 

“Del Departamento de la Familia vinieron más de siete veces a mi casa, pero por escrito nunca me han entregado nada. Todo este abuso y hostigamiento comienza cuando mi hijo se va a vivir a Georgia”, relató a Prensa Sin Censura.

Como se aprecia en las fotos y el video que complementa esta nota, la señora Olvia Rivera Román vive en orden y sus energías las canaliza en la atención de su hija.

A raíz de los incidentes con el vecino, la mujer ha gestionado vivienda sin éxito. En esta historia se incluye copia de la carta de la oficina de Sección 8 del Municipio Autónomo de Aguadilla en la que se le informa que el 28 de febrero el arrendador no renovará su contrato.

La casa donde residen en el
barrio Caimital Bajo, sector La Sander,
en Aguadilla.

“He tenido que comunicarme al programa de vivienda federal en Washington.Me indican que investigarían, pero que se debía canalizar a través de la oficina del Comisionado Residente Pablo José Hernández Rivera, pero no han hecho absolutamente nada. He llamado varias veces y me atiende su ayudante y me dice que el alcalde Julio Roldán no le ha dado una contestación”.

En el ínterin, su hija María ha sido hospitalizada en varias ocasiones, incluso ha intentado suicidarse. Su perro de ayuda, llamado Max, de la raza pastor belga malinois, lo tuvieron que dar en adopción porque presuntamente se lo maltrataban.

“No tenemos a donde ir. He realizado gestiones en Aguada y Moca. Mi hija no puede subir un segundo piso por su obesidad mórbida. Su movilidad es poca”.

Olvia Rivera Román finalizó con un mensaje al alcalde Julio Roldán. “El 28 de febrero Sección 8 detendrá el pago de mi casa. Me tengo que ir de aquí y no tengo a dónde. Quiero investiguen porque esto es una represalia por haber solicitado orden de protección contra un empleado del señor alcalde. El propósito es quitarnos del programa y remover a mi hija porque alegan que yo no le puedo ofrecer vivienda”.

Olvia Rivera Román y al fondo su hija María.

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