Ambiente–Geopolítica
Por Claudia Castro Tirina
Minka Comunicación-Abya Yala Soberana
La Patagonia sigue viviendo momentos de tensión y alerta por los focos activos que van recobrando fuerza y magnitud.
El avance de las llamas sobre el bosque nativo genera una pérdida significativa de biodiversidad, suelos y funciones ecosistémicas claves. Y, ya se habla de una pérdida irreparable en la zona.
Mientras tanto, los brigadistas, bomberos y autoconvocados continúan combatiendo las llamas. Los puntos más críticos hasta el momento son en la zona de Puerto Patriada, en jurisdicción de El Hoyo, además, Patricio Petrini, periodista del lugar, indicó que en las últimas horas, los focos activos se extendieron “arriba del cerro Pique en dirección al El Pedregoso, en dirección al Maitén”. Sin embargo, las llamas “ya consumieron Puerto Patriada y gran parte del cerro Pirque”, afectando la flora, fauna, y viviendas de los pobladores.
Parece no importarle al gobierno de Milei que niega el cambio climático y es afín a los negociados inmobiliarios que se esconden detrás
En tanto, Ariel Ruiz, jefe de operaciones del SPLIF Río Negro, en una entrevista en TN, describió el escenario como dramático: “Fue un año de muchísima sequía que afectó mucho a toda la zona. Lo que tratamos de hacer es resguardar las vidas de las personas y luego las viviendas. No hay recursos que alcancen. Priorizamos la vida, los bienes y después el bosque”.
En este sentido, las críticas hacia el gobierno se intensifican, al indicar que, con un costo estimado de USD 5 a 7 millones por unidad de los AT-802 Fire Boss —utilizados para el combate aéreo de incendios— permiten una respuesta rápida y sostenida frente a emergencias forestales, mientras que la inversión total aprobada para los F-16 (~USD 301 millones) equivale, según rangos de mercado, hasta 60 aviones hidrantes capaces de operar en múltiples regiones del país.
A todo esto se suma el recorte por parte del gobierno nacional en un 70% menos del presupuesto anual, según información del FARM, la partida presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), que depende del presupuesto nacional, contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 53,6% con respecto a 2025.
A su vez, en cuanto a las metas físicas del SNMF, existe una marcada reducción en las horas de vuelo previstas y ejecutadas. Mientras que en 2023 estaban programadas 5.100 horas —aunque solo se concretaron 3.058—, para 2026 se proyectan 3.100, sumando además a esta disminución, la caída en los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios, instrumentos clave para un enfoque preventivo. En este caso, se pasa de 2.310 informes previstos en 2025 a apenas 1.850 en 2026.
El recorte planteado por el gobierno, también afecta al financiamiento para brigadistas, logística, equipamiento, aeronaves y tareas de prevención. En términos concretos, implica menos personal en territorio, menor disponibilidad de aviones hidrantes y helicópteros, y una respuesta más lenta frente a focos que, en condiciones extremas de sequía y viento, se expanden en cuestión de horas.
Los brigadistas forestales denuncian condiciones de trabajo cada vez más precarias: contratos temporarios, salarios bajos, falta de equipamiento adecuado y jornadas extenuantes en contextos de alto riesgo. Con menos fondos, estas condiciones se profundizan, poniendo en peligro no solo los bosques y las comunidades, sino también la vida de quienes enfrentan el fuego en primera línea, ya que también implica más horas de trabajo y menos descanso.
Actualmente la Administración de Parques Nacionales cuenta con 391 brigadistas para atender más de 5 millones de hectáreas, cuando los informes oficiales destacan que la dotación mínima necesaria es de 700.
Además, el ingreso promedio de los brigadistas se encuentra por debajo de la línea de pobreza: El salario inicial en la zona centro del país es de $610.000 y en la Patagonia $860.000. La pérdida salarial supera el 50% desde diciembre del 2023 a la fecha.
Por su parte, Juan Pablo Luque, diputado nacional por UXP en Chubut, habló de los incendios y presentó un proyecto para declarar en emergencia la patagonia, indicando también que desde el gobierno no han recibido ni siquiera una expresión pública. “El dolor que yo particularmente siento y sé que está sintiendo toda la comunidad de la cordillera chubutense con el desastre ambiental que estamos viviendo, es que (…)La comarca andina no va a ser nunca más lo que fue. Y que un presidente de la nación ni siquiera se haya expresado públicamente, ni siquiera nos haya enviado a los chubutenses un mensaje de solidaridad, esta necesidad de sentirnos ayudados de verdad. Los trabajos que hacen los brigadistas y los bomberos nacionales, provinciales y locales, es heroico. Lo único que tratamos de proteger es las viviendas y la gente que vive ahí. (…)Los próximos años directamente no va a haber más cordillera como la conocemos, pero no va haber más en ningún lugar de la cordillera porque todos los años perdemos cerca de 10.000 hectáreas de bosque”.
¿Quién se beneficia con los incendios?
Si bien ha circulado que los incendios que azotan la patagonia han sido intencionales, hasta el momento no hay responsables.
Por su parte, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten información precisa que permita identificar y detener a los autores de los incendios, en particular del foco que sigue activo en la zona de Puerto Patriada.
Pero ¿quién gana cuando un bosque se quema?. La falta de respuestas y políticas de prevención hacen que un ecocidio sea irreversible. Un bosque de lengas y cipreses tarda al menos 100 años en recuperarse.
El fuego no solo destruye un bosque, destruye Parques Nacionales, territorios ancestrales indígenas, sitios arqueológicos, paisajes históricos y verdaderos paisajes naturales. Sin embargo, parece no importarle al gobierno de Milei que niega el cambio climático y es afín a los negociados inmobiliarios que se esconden detrás.
No es casualidad que el mes pasado Manuel Adorni anunciara que el gobierno de Milei va a derogar la Ley de Manejo del Fuego aprobada en 2020, la cual establece una prohibición de 30 a 60 años para la modificación del uso de tierras afectadas por incendios forestales. Con esto se buscaba evitar la explotación inmobiliaria o productiva de tierras arrasadas por el fuego, ante la sospecha de incendios intencionales.
Milei ya había prometido a poco de asumir que derogaría esa norma y legisladores libertarios presentaron un proyecto para voltearla con la excusa de que era una ley que desincentiva.
Máximo Kirchner, autor del proyecto de 2020, escribió en X que: «La única actividad que desincentiva esta ley es la de prender fuego como mecanismo utilizado para expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario de ayer o a los centros de datos de hoy. Da igual. Negocio para pocos. Desastre para muchos», advirtió.
Por su parte, Torres, no mencionó nada acerca de las grandes extensiones de pinos, implantadas décadas atrás para el negocio maderero y que hoy presentes también en zonas de interfase -donde el bosque se mezcla con las viviendas-, degradan los suelos y poseen una resina altamente inflamable. Además, al arder, sus piñas actúan como proyectiles que dispersan el fuego a grandes distancias, superando por completo la resistencia natural del bosque nativo. Sin embargo, no se planteó nada sobre un plan eficaz para erradicarlos y reemplazarlos por especies nativas, expresaron desde las comunidades.
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