Gentrificación
En una concurrida reunión comunitaria celebrada anoche en la Plaza Pública de Luquillo, alrededor de 75 residentes, líderes comunitarios, comerciantes, operadores turísticos y organizaciones civiles de la región Este se convocaron para expresar una postura firme de rechazo al Proyecto de la Cámara 862 (PC 862).
El consenso fue unánime: este proyecto de ley contiene vacíos serios, amenaza la gobernanza democrática del territorio y favorece intereses privados sobre el bienestar público.
Principales preocupaciones identificadas por la comunidad
1. Privatización de la gobernanza del territorio y del desarrollo económico
ELPC 862 propone delegar funciones públicas esenciales a una entidad privada, sin controles claros, sin transparencia y sin mecanismos concretos de rendición de cuentas. La medida abriría la puerta a que decisiones sobre planificación, uso de terrenos, recursos naturales, permisos e infraestructura queden fuera del dominio público.
2. Ausencia total de participación vinculante de las comunidades al proyecto contempla procesos consultivos superficiales, pero no garantiza participación decisional, en violación del mandato constitucional (Art. VI, Sec. 1) que exige promover la participación efectiva del pueblo en decisiones gubernamentales.
Permitir que un ente privado tome decisiones sin la voz de las comunidades se consideró un riesgo inaceptable.
3. Favorecimiento estructural a desarrolladores privados
Según se discutió, la medida está diseñada de forma que inclina el poder hacia desarrolladores e intereses externos, sin establecer criterios para proteger a las comunidades, los pequeños comerciantes ni la autonomía de los gobiernos locales.
4. Falta de transparencia, gobernanza clara y límites legales
Los asistentes expresaron preocupación porque el PC 862 no define adecuadamente: la composición de la junta directiva del nuevo ente, los mecanismos de fiscalización ciudadana, la gestión de fondos públicos o federales, los controles éticos y anticorrupción, los procedimientos de acceso a información pública.
Estos vacíos contradicen la Ley 141-2019 de Transparencia y la Ley 107 sobre autonomía municipal.
Propuestas de acción estratégica aprobadas por la asamblea comunitaria
Conscientes de que la defensa del territorio requiere organización inteligente, los asistentes acordaron un plan de acción regional que integra educación, incidencia legal y presión pública coordinada:
1. Educar a las comunidades
Realizar reuniones informativas en cada pueblo afectado.
Crear material educativo accesible y distribuirlo en espacios publicos, comercios y redes sociales.
2. Visitar a los alcaldes
Solicitar reuniones oficiales para presentarles el análisis legal y comunitario del PC 862.
Exigirles posiciones públicas y resoluciones municipales en defensa del territorio.
3. Escribir a los legisladores
Enviar cartas formales denunciando los vacíos legales del proyecto.
Solicitar vistas públicas obligatorias.
Exigir enmiendas profundas o el retiro de la medida.
4. Exigir a Foundation for Puerto Rico que rinda cuentas a la ciudadanía
Manifestar directamente en sus oficinas, de manera organizada y pacífica, para expresar el descontento con su rol en la propuesta.
Exigir transparencia sobre su participación en la redacción e impulso del PC 862.
5. Movilización ciudadana informada
Asistir a reuniones, vistas legislativas y espacios de discusión regional.
Fortalecer la presencia comunitaria en todos los foros donde se discuta el proyecto.
6. Recoger firmas online y presenciales
Crear una petición regional que documente la oposición masiva al PC 862.
Presentarla a la Legislatura, alcaldes y la Oficina de la Gobernadora.
7. Preparar un análisis legal ampliado
Documentar los riesgos constitucionales del proyecto.
Evaluar posibles violaciones a la autonomía municipal, al debido proceso y a la obligación de participación ciudadana.
Un mensaje contundente para Puerto Rico
Los asistentes afirmaron que no permitirán que un proyecto de ley privatice la gobernanza del territorio ni silencie a las comunidades, y recalcaron que el desarrollo económico debe construirse con la gente, no en contra de ella.
«Aquí no se trata de oponerse al desarrollo. Se trata de impedir un modelo que deja todo el poder en manos privadas y elimina nuestro derecho a decidir sobre nuestras tierras, recursos y futuro. El Este no está en venta”, subrayaron.
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