Geopolítica
Por Alex Palencia
Para Prensa Sin Censura
La crisis política desencadenada en Honduras tras los primeros resultados del corte electoral del 30 de noviembre de 2025 no es un mero desacierto estadístico; es la consumación de una estrategia de manipulación estructural diseñada para anular la voluntad popular.
La discordancia categórica entre los resultados oficiales preliminares y la intención de voto a boca de urna es la prueba material de un fraude electrónico planificado y ejecutado en colusión entre la oligarquía nacional y el imperialismo estadounidense.
Nosotros nos sustentaremos en la evidencia que la elección no fue un ejercicio democrático, sino una operación de ingeniería política que utilizó la tecnología, la guerra psicológica y la manipulación mediática para asegurar la victoria del candidato más funcional a los intereses hegemónicos: Salvador Nasralla.
La intervención del gobierno de Estados Unidos en el proceso electoral hondureño dejó de ser un secreto a voces para convertirse en una injerencia abierta y determinante. La afirmación de que el fraude electrónico fue planificado y montado en Estados Unidos para ser ejecutado desde el CNE en Honduras subraya el carácter de la soberanía limitada en la periferia capitalista. Esta injerencia no es ideológica, sino pragmática: asegurar un gobierno que garantice la continuidad de la dependencia económica y la estabilidad geopolítica regional. La filtración de audios sobre el montaje del fraude es la prueba de la conspiración directa contra la soberanía nacional.
Los mensajes atribuidos a Donald Trump en los días previos a la elección no fueron improvisados, sino la pieza central de una maniobra de ingeniería política de alto nivel. Al asociar a Nasry Asfura con Juan Orlando Hernández (un convicto repudiado por amplios sectores), Trump activó el voto de castigo dentro del propio espectro conservador (liberales, indecisos y nacionalistas anti-JOH). La intención, tal como se infiere, no era que Asfura ganara, sino redireccionar o inducir el voto hacia Salvador Nasralla, quien se convierte en el verdadero delfín de la estrategia imperial.
Nasralla, sin una base ideológica firme y percibido como un opositor al bipartidismo tradicional, logró concentrar el voto de castigo, asegurando que los votos anti-Libre se sumaran a una figura controlable por Washington.
La ejecución del fraude tecnológico se preparó con una meticulosa campaña de guerra psicológica y mediática que buscó instalar en el imaginario colectivo los resultados que se obtendrían por medios fraudulentos. Las encuestas iniciales que daban una ventaja irreal de 20 puntos a Nasralla sobre Rixi Moncada (Libre) y mantenían a Asfura cerca, no fueron ejercicios demoscópicos, sino piezas de un plan de inducción. Su propósito fue doble: desmovilizar a la base de Libre al sugerir una desventaja insuperable. Legitimar a priori los resultados fraudulentos del CNE.
Al aparecer los resultados oficiales preliminares, el público ya estaba condicionado a aceptar la narrativa de la victoria de Nasralla como un hecho predicho por las encuestas.
El bombardeo mediático y la frustración causada por los resultados prefabricados lograron desviar la atención de la militancia de Libre hacia la autoflagelación. La crítica interna sobre la “mala administración y deshonesta conducta de funcionarios de alto rango” del gobierno saliente, aunque necesaria y legítima, se convierte en un mecanismo de distracción que debilita la respuesta monolítica contra el fraude externo, cayendo en la trampa de la división en el momento crítico de la defensa del voto.
El primer corte de votos que favorece engañosamente a Asfura, es la ejecución del fraude tecnológico planificado que al final favorecerá a Nasralla. La magnitud de la manipulación, diseñada para no ser reversible o superable, busca consolidar un resultado que refleja la alianza oligárquico-imperialista, no la voluntad popular.
La incapacidad de neutralizar esta conspiración, a pesar de las claras advertencias (como los audios filtrados), subraya la vulnerabilidad de las instituciones democráticas ante el poder del capital transnacional, sus tentáculos y herramientas tecnológicas. La deducibilidad de responsabilidad a los conspiradores se vuelve una necesidad imperiosa para restaurar el orden constitucional.
Frente a esta crisis de la soberanía, la respuesta del Partido Libertad y Refundación (Libre) y su militancia debe ser categórica, unificada y estratégica: la base debe superar la catarsis de la frustración interna. La crítica a la mala administración, aunque vital, debe subordinarse temporalmente a la defensa de la victoria popular robada. El enemigo principal ahora es el fraude y la injerencia, no los problemas internos. La militancia debe cerrar filas y movilizarse como un bloque compacto. La respuesta no puede limitarse a la vía institucional, que se ha demostrado cooptada.
Libre debe: documentar y publicar todas las evidencias técnicas del fraude electrónico, contrastándolas con sus propias actas y los resultados de boca de urna. La movilización popular masiva y sostenida es el único contrapeso al poder tecnológico y mediático del imperialismo.
El partido debe convocar a la base a defender en las calles la victoria que les fue arrebatada en las urnas. Exigir penal y constitucionalmente la responsabilidad de los funcionarios del CNE y otros implicados en la conspiración contra la soberanía popular. La crisis de 2025 es una reafirmación brutal de que la verdadera transformación de Honduras solo se logrará a través de la ruptura con los patrones de la dependencia y la construcción de un poder popular soberano, defendido no solo en las urnas, sino con la movilización política organizada que neutralice las trampas de la oligarquía y el imperio.
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