Exigimos revocación de los permisos para la construcción del Paseo Ciclista de Rincón que fueron obtenidos con información falsa o incorrecta, a sabiendas de que el deslinde de 1998 no cumple con el Reglamento Conjunto (a su vez inválido a la fecha que se obtuvieron los permisos) y a sabiendas de que el proyecto no cumple con ninguna exclusión categórica (ni federal ni local) por su impacto ambiental, envergadura de 2 millas de construcción nueva, impacto en corales y hábitats protegidos, impacto en hallazgos arqueológicos, impacto en propiedades en el Registro de Propiedades Históricas, causa daños por escorrentías, entre otros.
Los 7 Colindantes es un grupo de 7 vecinos del Paseo Ciclista del Rincón que hemos demandado a la Autoridad de Carreteras, Departamento de Recursos Naturales, el Municipio de Rincón, OGPe, y otros por haber gestionado los permisos para construcción nueva sin notificaciones ni vistas públicas con información falsa o incorrecta, en incumplimiento de la Constitución, así como varias leyes y reglamentos ambientales, tanto federales como locales.
Denunciamos que todos los permisos y endosos de este proyecto son ilegales e inválidos, gestionados engañosamente y de mala fe por las mismas agencias de gobierno.
En abril de este año, el Juez Johnny Reyes del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla nos concedió una paralización de la tala de árboles, dado que la Autoridad de Carreteras incluso ya había agresivamente talado árboles del colindante Jacob Huck, que no estaban en los planos, sin aviso alguno. Esto causó mucho revuelo y hasta le llamaron al Departamento de la Familia a este ciudadano como parte de la estrategia de intimidación de las agencias.
Luego de las vistas en mayo, el Juez Johnny Reyes declaró No Ha Lugar la Demanda. Pero no nos quitamos. Solicitamos Reconsideración. En el interim, Coralations, Inc. la entidad dedicada a la protección y conservación de corales basada en Culebra, intentó intervenir en nuestro caso porque, de sus gestiones ante ciertas agencias federales, resultó claro que la Autoridad de Carreteras no había realizado ciertas gestiones en cumplimiento con leyes federales ambientales, según había representado la Ingeniera Velázquez por vía de certificación ante OGPe.
Claramente, la Autoridad de Carreteras usó la vía de certificación para evitar notificaciones y vistas públicas. El Juez Johnny Reyes declaró todo esto No Ha Lugar.
Resulta obvio que para conseguir permisos, la Autoridad de Carreteras usó cartas viejas de cuando el proyecto original discurría solo por calles existentes donde no había nidos de tortugas, cuando el proyecto rediseñado impone construcción nueva en zona marítimo-terrestre, y áreas protegidas por diferentes leyes (hallazgos arqueológicos, propiedades históricas, corales protegidos).
A principios de octubre, presentamos un recurso de Apelación y propusimos el uso de las grabaciones de la vista para probar la suficiencia de prueba así como las representaciones de los abogados de las agencias de gobierno.
El Departamento de Recursos Naturales intentó que se eliminaran del récord las grabaciones de las vistas judiciales.
Hemos llevado a cabo una campaña para que más ciudadanos se unan al esfuerzo de enviar cartas a las agencias. Hasta la fecha se han enviado 155 cartas al Departamento de Recursos Naturales, 160 a la Autoridad de Carreteras y 145 al Municipio de Rincón.
De esta manera, hemos invitado a otros miembros de la comunidad a ejercer sus derechos individuales y participar personalmente en la búsqueda de la verdad que las agencias nos han escondido por tantos años. Es importante que las agencias entiendan su obligación de transparencia al Pueblo al que se deben.
Recientemente, un ex empleado del contratista de la Autoridad de Carreteras, el Sr. Isael Vázquez, confirmó que las prácticas de construcción violan leyes ambientales y causan contaminación, incluyendo maquinaria liqueando contaminantes en la zona marítimo-terrestre, y trabajos mal hechos. Con esta información, le escribimos a la Sra. Carmen Guerrero, Directora de la División del Caribe de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
El pasado 12 de noviembre, los vecinos despertamos a la violenta presencia de maquinaria pesada y personal policial armado excavando en la Reserva Marina Tres Palmas. Ante el peligro inminente de daño irreversible a la Reserva, nuestra abogada, la Lcda. Isabel Abislaimán, rápidamente solicitó Auxilio de Jurisdicción explicando que esta área está especialmente protegida por la Ley 17 de 2004 que creó la Reserva.
La Reserva fue resultado de un esfuerzo comunitario y a penas ese (pasado) fin de semana recién estuvimos celebrando su 21 aniversario. El Tribunal de Apelaciones declaró la paralización Ha Lugar hasta que decida otra cosa.
Sin embargo, la Autoridad de Carreteras pidió reconsideración de la orden del tribunal para seguir con sus planes de construcción en la costa. Nos opusimos rápidamente y el Tribunal volvió a darnos la razón. Hemos logrado proteger la Reserva Marina Tres Palmas, por lo menos por ahora.
El litoral costero donde las agencias buscan imponer la construcción nueva de 2 millas de concreto y asfalto llamado “Paseo Ciclista” incluye una Reserva Marina protegida por ley, además de tener anidajes de tortugas, humedales, atajeas históricas, aves migratorias, especies endémicas y en peligro de extinción, y colonias de corales Acropora Palmata.
Además, es un área de anidaje de tortugas marinas, como el Tinglar, (Dermochelys coriacea), el Carey de Concha (Eretmochelys imbricata), y lugar de apareamiento y lactancia de las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae) y la Ballena de Aleta (Balaenoptera physalus).
Parte de la nueva construcción impacta propiedades que el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos incluye en el Registro Nacional de Propiedades Históricas, a saber: 1) el Faro de Punta Higuero y 2) el Dome. Estas áreas también están excluidas de construcción por ley federal.
Foto/Tatianna Muñiz
La propuesta nueva de construcción de lo que parece a simple vista un inocente paseo ciclista impacta el oleaje de modo que puede resultar en cambiar la dinámica de las olas que la misma ley de la Reserva reconoce que son de talla mundial. Sería el fin del surfing en Rincón, como ya ha pasado en otros lugares del mundo que antes eran mecas de surfing.
Las agencias nunca sometieron documentos al tribunal pero los abogados le dijeron al juez que había una exclusión categórica federal. Sin embargo, eso no existía a la fecha que se gestionaron los permisos.
La Autoridad de Carreteras y la Ingeniera Velázquez no podían certificar haber cumplido con los requisitos de exclusión categórica, OGPe no podía otorgar los permisos de manera automática, y DRNA no podía emitir endosos de manera automática sin cumplir con la Orden Administrativa 2021-02 sobre exclusiones categóricas y sin un deslinde en cumplimiento con el Reglamento Conjunto.
Como individuos demandantes y como miembros de una comunidad con sensibilidad ecológica, queremos ver el fin de este proyecto que está causando tanto malestar en nuestra comunidad.
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