Política
(San Juan, Puerto Rico, 10 de noviembre de 2025) – El Centro de Pensamiento Para la Acción Plan B: Independencia denunció que la gobernadora Jenniffer González Colón, a espaldas del pueblo de Puerto Rico, impulsa un proceso de remilitarización encubierto mediante proyectos de infraestructura e inversión bajo la dirección del capitán de la Marina de los Estados Unidos, Elmer L. Román, quien actualmente funge como Assistant Secretary of the Navy for Energy, Installations and Environment (ASN [E I & E]).
En ese cargo, Román ostenta amplios poderes para planificar, adquirir, construir y administrar las instalaciones navales y energéticas de la Marina, así como para coordinar proyectos ambientales y de infraestructura. Su oficina controla presupuestos multimillonarios destinados a la expansión y modernización de instalaciones estratégicas en los territorios estadounidenses, incluyendo a Puerto Rico.
Bajo la dirección de la gobernadora González Colón y del capitán Román, se han canalizado cientos de millones de dólares en obras e instalaciones cuya naturaleza, propósito y ubicación no han sido divulgados públicamente. Estos proyectos se realizan sin transparencia, sin evaluación ciudadana y sin cumplimiento conocido con los procesos de permisos ambientales, locales o federales que exige la ley. Puerto Rico está siendo transformado en una plataforma estratégica de operaciones militares sin consulta ni consentimiento del pueblo.
Puerto Rico está siendo transformado en una plataforma estratégica de operaciones militares sin consulta ni consentimiento del pueblo.
De acuerdo con los estudios del Dr. José Caraballo Cueto del Centro de Estudios del Desarrollo (CED) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, los municipios que fueron sede de instalaciones militares exhiben tasas de empleo a población y de desempleo que aún están por debajo del promedio de Puerto Rico, lo cual confirma que la presencia militar nunca trajo el crecimiento económico esperado.
Reiteran que la narrativa de que la remilitarización de Puerto Rico traerá crecimiento económico constituye una falacia repetida desde los tiempos de la Guerra Fría. La historia ha demostrado que la presencia militar no genera prosperidad, sino dependencia, violencia, prostitución, contaminación y desigualdad.
Detrás del discurso de “inversión y seguridad” se oculta el verdadero propósito político: mantener a Puerto Rico atado a los Estados Unidos ante el rechazo abierto del Partido Republicano, del movimiento MAGA y del propio Donald J. Trump a la estadidad.
Es decir, ante la negativa del presidente Trump y de los republicanos de apoyar la estadidad, ¿están la gobernadora y el Sr. Román implementando un subterfugio estadista (ignorando la política pública de Trump) bajo el lema de la “remilitarización”? ¿El presidente Trump sabrá que ellos están empujando un plan estadista (no autorizado por Trump) disfrazado de “apoyo militar” con los fondos federales del propio Pentágono? Se preguntarán los oficiales estadounidenses ¿por qué dejamos a un activista PNP a cargo de nuestros fondos federales y ahora está usando tales fondos para adelantar su propia causa política pro-anexión y en contra de la política del presidente Trump?
La historia ha demostrado que la presencia militar no genera prosperidad, sino dependencia, violencia, prostitución, contaminación y desigualdad.
La gobernadora González Colón y el capitán Román están alarmados ante el éxito de los independentistas en Washington, DC y el crecimiento del apoyo a la soberanía e independencia de Puerto Rico que junto a su incapacidad de alcanzar la culminación del coloniaje que representa la estadidad, recurren al militarismo como el último salvavidas con el cual salvar la falacia de la estadidad. En realidad, estos proyectos no buscan resolver la crisis económica ni promover bienestar, sino afianzar la presencia federal en la Isla como un bastión estratégico, cuando la anexión ha sido descartada por quienes controlan el poder en Washington y para frenar el crecimiento del independentismo.
El 40 % de los electores que votaron por Jenniffer González Colón no lo hicieron para que Puerto Rico se convirtiera nuevamente en un enclave militar. El fracaso de su proyecto de estadidad en Washington tampoco le da autoridad para usar nuestro territorio como instrumento de agresión contra los pueblos hermanos de América Latina, ni para imponer políticas de control y miedo.
“El uso de esta posición en la Marina de Guerra de los Estados Unidos por el capitán Elmer L. Román para ejecutar proyectos que degradan al pueblo de Puerto Rico y lo empobrecen, con el único propósito de manipular la opinión pública para intentar frenar el crecimiento del independentismo, debe denunciarse y censurarse enérgicamente,” declaró el abogado y portavoz de Plan B, Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez.
Por su parte, el estratega independentista y coautor del Plan Nacional de Desarrollo Económico para un Puerto Rico Soberano, Prof. Javier A. Hernández, subrayó que “la historia de Puerto Rico demuestra que cada expansión militar se ha hecho sin rendición de cuentas ni respeto por la protección ambiental ni por la jurisdicción del país. Lo que hoy presentan como progreso es, en realidad, una nueva forma de ocupación disfrazada de modernización e infraestructura”.
Plan B: Independencia exige a la gobernadora Jenniffer González Colón y al capitán Elmer L. Román que actúen con transparencia inmediata, divulgando todos los contratos, presupuestos, estudios de impacto ambiental y permisos relacionados con las obras que están ejecutando bajo la jurisdicción del Departamento de la Marina en Puerto Rico.
El pueblo tiene derecho a saber qué se está construyendo, con qué fondos y con qué impacto ambiental. ¿El capitán Román recibe ordenes de la gobernadora en cuanto a este plan de remilitarización? ¿Han utilizado sistemas gubernamentales y públicos para comunicarse para adelantar este plan? No aceptaremos que se continúe hipotecando nuestro territorio ni destruyendo nuestro entorno bajo la excusa de proyectos federales. Puerto Rico exige transparencia, soberanía y respeto a sus leyes.
El Prof. Javier A. Hernández detalló “no podemos permitir al PNP usar fondos federales y sus amigos en Washington, DC para tratar de lograr en Puerto Rico lo que no pudieron lograr en las urnas. La mayoría del pueblo puertorriqueño que emitió un voto en 2024 votó en contra de la estadidad. Ante el avance independentista en la capital estadounidense, tratar de militarizar a Puerto Rico a espaldas del pueblo boricua y del pueblo estadounidense es el último truco del PNP”.
Finalmente, denunciaron el grave daño ambiental que las actividades militares han causado y continúan causando en Puerto Rico, atentando directamente contra la salud y el bienestar de nuestras comunidades. Dichos impactos —contaminación de suelos, acuíferos y ecosistemas costeros— han sido reconocidos en múltiples informes oficiales de la propia Marina de los Estados Unidos, los cuales admiten la existencia de contaminación por metales pesados y municiones en terrenos utilizados con fines bélicos. Sin embargo, a pesar de ese reconocimiento, las labores de remediación y recuperación ambiental permanecen inconclusas. Este incumplimiento fue expresamente señalado en el Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos de 2024, que advirtió sobre la falta de transparencia, reparación y justicia ambiental en los territorios bajo jurisdicción estadounidense, incluyendo a Puerto Rico.
Prensa sin censura 