Geopolítica
Por Noelia Carrazana
Mink’a Comunicación
El Ecuador atraviesa el sexto día de un paro nacional marcado por masivas movilizaciones en la Sierra y una creciente preocupación internacional. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) lidera las protestas contra el aumento del precio del diésel y el encarecimiento del costo de vida tras la eliminación de subsidios.
La situación se ha visto agravada por la detención de 13 miembros del pueblo Kichwa Otavalo, acusados de terrorismo, y por el cierre de un canal indígena, lo que ha provocado denuncias de persecución política y vulneración de derechos humanos.
El presidente Daniel Noboa ha endurecido su discurso y rechazó cualquier reconsideración sobre la eliminación del subsidio al diésel, detonante de la actual crisis. En entrevista con la televisora Ecuavisa, Noboa descartó un eventual diálogo con la CONAIE, la mayor organización indígena del país, al argumentar que ello significaría “atentar contra la democracia”.
“Nosotros mismos estaríamos atentando contra la democracia si permitimos que el dos o tres por ciento de la población dicte la política económica de toda una nación”, declaró el mandatario, minimizando la magnitud de las protestas y presentándolas como un reclamo de minorías.
Sin embargo, las cifras oficiales del censo de población y vivienda de 2022 muestran un panorama distinto: al menos 7,1 % de la población ecuatoriana se autoidentifica como indígena —más de 1,1 millones de personas— y cerca del 27 % del país vive en zonas rurales con fuerte dependencia de la agricultura campesina. Es decir, los sectores directamente afectados por el aumento del combustible representan un peso social y demográfico muy superior al señalado por el presidente.
Organismos internacionales alertan sobre la criminalización de la protesta y por el bloqueo de cuentas bancarias
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas emitió un llamado urgente al Gobierno de Daniel Noboa, instándolo a respetar los derechos colectivos y a detener la criminalización de los pueblos originarios. El organismo recordó que tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como la Declaración Universal de Derechos Humanos garantizan el derecho a la protesta pacífica, la libertad de asociación y el debido proceso.
El comunicado instó al Ejecutivo a garantizar la seguridad de los detenidos, investigar de manera imparcial las denuncias de abusos policiales y abrir un diálogo genuino con las comunidades. “Criminalizar a los pueblos indígenas contraviene tanto la Constitución del Ecuador como las normas internacionales de derechos humanos”, advirtió el Foro.
Marlon Vargas, el actual presidente de la CONAIE ratificó desde Imbabura que la movilización sigue en pie. La Conaie denunció persecución judicial contra dirigentes. El paro nacional en Ecuador no se detiene.
El paro nacional en Ecuador no se detiene. Este pasado sábado 27 de septiembre, se registraron movilizaciones de los pueblos Kayambi y Kichwa Otavalo en las provincias de Pichincha e Imbabura, en respaldo a la protesta.
En paralelo, comunidades de Pastaza también se movilizaron y levantaron bloqueos en las vías interparroquiales, reforzando las acciones en distintos puntos del país.
Vargas reiteró que las demandas centrales son:
- Derogatoria del Decreto 126.
- Libertad para los detenidos.
- Fin de la represión y criminalización.
- Salud, educación y trabajo digno.
- Defensa de territorios libres de extractivismo.
- Rechazo a la consulta popular impulsada por el Gobierno.
Continua el bloqueo de cuentas a dirigentes y ex dirigentes del movimiento indígena
La Conaie alertó que la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa en contra de medio centenar de dirigentes indígenas y activistas ambientales por supuesto enriquecimiento privado no justificado.
Hoy [ayer] en varias provincias los ciudadanos recorrieron las calles principales con banderas, consignas y tambores, en una jornada pacífica que reiteró la demanda central: la liberación inmediata de los comuneros arrestados.
Andrés Tapia, comunicador de Lanceros Digitales, denunció el traslado de los 13 detenidos a cárceles comunes en provincias como Esmeraldas y Portoviejo, penales que recientemente fueron escenario de masacres carcelarias.
“Estamos profundamente preocupados por el traslado de nuestros compañeros a penales donde ni siquiera los reos comunes están seguros. Es una forma de castigo y de amedrentamiento. La manifestación continúa sin que exista apertura del Gobierno a dar una salida política. El pueblo exige la derogatoria del Decreto 126 y la liberación inmediata de los detenidos”, declaró Tapia.
La preocupación internacional también se incrementó tras la decisión de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) de suspender durante 15 días al canal comunitario TV MICC, plataforma de comunicación del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi.
Diversas organizaciones calificaron la medida como un acto de censura que atenta contra la pluralidad informativa y el derecho a la libertad de expresión.
Otro alerta importante fue el de la relatora especial de Naciones Unidas sobre la libertad de asociación y reunión pacífica, Gina Romero, quién expresó alarma por el rumbo que ha tomado la respuesta estatal.
A través de la red X afirmó: “Hago un llamado a que para las movilizaciones del día de mañana se respeten los estándares internacionales de protección a las asambleas y reuniones pacíficas. No se pueden repetir los hechos de estas semanas de uso excesivo de la fuerza y detenciones ilegales”.
En un segundo mensaje, Romero apuntó directamente al Ejecutivo: “El gobierno de Daniel Noboa parece haber emprendido una persecución contra la sociedad civil, los movimientos sociales y la protesta en el país. Utilizando disposiciones legales no alineadas a los estándares internacionales, la sociedad civil está siendo perseguida. Sus cuentas están siendo congeladas, sus dirigentes son investigados bajo cargos fabricados, además de que su acción está siendo parte de un ejercicio permanente de estigmatización”.
Noboa defiende el estado de excepción mientras crecen las críticas por la suspensión de derechos
El presidente Daniel Noboa ha reiterado la defensa del estado de excepción que rige en Ecuador, asegurando que las medidas de seguridad son necesarias para “preservar la estabilidad nacional”. “No permitiremos que unos pocos grupos saboteen el desarrollo del país utilizando la violencia y el caos como herramientas políticas”, declaró en una comparecencia reciente.
También sostuvo que los detenidos “tendrán que responder ante la justicia” y que su Gobierno “está abierto al diálogo, pero no bajo presión ni chantaje”.
Sin embargo, el discurso oficial contrasta con las denuncias de comunidades movilizadas y organismos internacionales de derechos humanos, que advierten sobre una creciente criminalización de la protesta social. Desde enero de 2024, Ecuador permanece bajo sucesivos estados de excepción decretados por el Ejecutivo bajo la causal de “grave conmoción interna”.
Estas medidas han implicado la suspensión de derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, además de restricciones a la libertad de tránsito mediante toques de queda en varias provincias. En algunos decretos también se han limitado el derecho de reunión y asociación, aunque la Corte Constitucional ha declarado inconstitucionales ciertas disposiciones por falta de justificación territorial o de proporcionalidad.
Para dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos, el argumento de la “seguridad” busca legitimar un régimen de excepción casi permanente que desplaza las demandas sociales y debilita las garantías democráticas.
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