Ambiente
PIP somete resolución para investigar si la agencia ambiental ignoró evidencia técnica y comunitaria
(San Juan, Puerto Rico. 25 de septiembre de 2025) – La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado presentó una resolución para ordenar a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el proceso de aprobación del deslinde de la Zona Marítimo-Terrestre (O-AG-CER02-SJ-00774-11052), avalado en 2023 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en una finca ubicada en el barrio Bajuras de Isabela.
En dichos terrenos, la corporación Isabela Reefs, LLC propone la construcción de un complejo turístico tipo condohotel, que incluiría restaurante, barra, centro de negocios, oficinas administrativas, centro de ventas, gimnasio, spa, salón de reuniones, piscinas y área para eventos.
El 6 de marzo de 2023, el DRNA llevó a cabo una vista pública en la que residentes de Isabela presentaron evidencia documental, fotográfica y videográfica para cuestionar la validez del deslinde sometido por la empresa Isabela Reefs.
Señalaron que dicho deslinde incumplía con el requisito de establecer el Límite Interior Tierra Adentro (LITA) utilizando la data histórica, tal como dispone el Reglamento 4860 de la agencia ambiental. No obstante, el oficial examinador Luis González Ortiz desestimó la información provista por la comunidad y se procedió a aprobar el deslinde, pese a los defectos señalados.
“El deslinde de la zona marítimo-terrestre es un mecanismo diseñado para proteger los bienes de dominio público y garantizar que nadie se apropie de terrenos que son de todas y todos. Si el DRNA ignoró evidencia técnica y comunitaria, el Senado tiene el deber de investigar para salvaguardar la legalidad y la transparencia del proceso. Por eso es importante aprobar la Resolución del Senado 283 que sometimos”, expresó la senadora María de Lourdes Santiago Negrón.
La líder del PIP señaló que el caso de Isabela es un ejemplo alarmante de cómo las decisiones administrativas pueden poner en riesgo áreas naturales y comunidades costeras.
“La decisión del DRNA contradice su propio reglamento y pasa por alto la historia natural del área. Esta investigación legislativa es indispensable para que el país conozca la verdad y se evite que intereses privados, en este caso Isabela Reefs, prevalezcan sobre el derecho colectivo al disfrute de nuestras costas”, manifestó la senadora.
Luego del proceso administrativo, las comunidades contrataron al agrimensor Gerardo R. Cerra Ortiz, exjefe de la División de Agrimensura del DRNA, quien certificó que el límite del bien de dominio público debía establecerse más al sur, considerando dunas históricas registradas en 1931, las cuales estaban en los planos aprobados, pero que no fueron consideradas al trazar la línea del deslinde.
“No se tomó en cuenta la posición de las antiguas dunas. Estimamos que el área que ocuparon las dunas para el 1931 es aproximadamente cinco (5) cuerdas… El límite sur de las dunas en esta propiedad son más al sur que lo que se indica en el plano aprobado por el DRNA”, concluyó el agrimensor Cerra Ortiz.
El área donde ubicaban las dunas está clasificada como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos, los cuales no están destinados a urbanización, y que, por su valor ecológico, paisajístico, arqueológico o cultural, están sujetos a una regulación especial que restringe o prohíbe la construcción y exige su conservación.
La resolución del PIP dispone que la Comisión senatorial examine, entre otros aspectos, el cumplimiento del Reglamento 4860, la validez de la evidencia pericial presentada y la transparencia del proceso administrativo.
“Las playas, dunas y terrenos de la zona marítimo-terrestre no son negociables; son patrimonio público. Tenemos que garantizar que se haga justicia a las comunidades y a nuestro ambiente”, concluyó María de Lourdes Santiago.
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