De los pocos acuerdos entre Pablito y JGo

Justicia social

El proyecto cuenta con el respaldo de 8 congresistas de ambos partidos y el de la gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González

(Washington, D.C.) -El Comisionado Residente en Washington, Pablo José Hernández, presentó el proyecto de ley bipartita H.R. 5168, conocido como el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, que iniciaría una transición estructurada, justa y fiscalmente responsable en Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (NAP) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) una vez sea aprobado en Cámara y Senado.

El proyecto cuenta con el respaldo inicial de ocho co-auspiciadores, incluyendo cuatro demócratas y cuatro republicanos.

“La transición del NAP al SNAP no es como presionar un botón; implica transformar toda una estructura de servicio que ha operado bajo reglas distintas por más de 40 años», expresó Hernández. “Este proyecto reconoce esa realidad y propone una transición responsable de 10 años, con espacio para capacitar personal, modernizar sistemas, y preparar los comercios que aceptan los beneficios.”

El proyecto establece:

• Un periodo de 10 años con un periodo de superposición de cinco años entre NAP y SNAP para permitir planificación cuidadosa y evitar disrupciones presupuestarias.
• Informes anuales de progreso al Congreso, asegurando supervisión con datos verificables.
• Acceso formal a SNAP en casos de desastres (D-SNAP), permitiendo asistencia rápida durante emergencias como huracanes.
• Impacto económico positivo, generando entre $1.50 y $1.80 en actividad económica por cada dólar invertido en SNAP.
• Neutralidad presupuestaria, alineándose con las reglas fiscales del Congreso para asegurar viabilidad legislativa.

“Estoy trabajando para presentar una versión bipartita en el Senado y asegurar que Puerto Rico reciba el mismo trato que el resto de los Estados y otros territorios  en materia de seguridad alimentaria,” añadió Hernández.

Este proyecto marca un hito en la lucha por la equidad para Puerto Rico, al establecer un camino realista y con amplio respaldo para cerrar una de las brechas más persistentes en la política federal hacia la isla.