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(SAN JUAN – jueves 4 de septiembre de 2025) – La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado celebró una conferencia de prensa para continuar la agenda en defensa de los consumidores, esta vez ante el cobro de $300 por parte de LUMA Energy a los clientes con sistemas de placas solares.
El portavoz Luis Javier Hernández señaló que “como todos saben, en las pasadas semanas, hemos estado muy atentos a este asunto que ha levantado la indignación del País y con toda la razón”.
Hernández Ortiz señaló que desde el 14 de agosto, la delegación expresó el rechazo a este cargo, por considerar que el Programa de Medición Neta, mecanismo que hace posible este tipo de conexión, se creó con la visión de facilitar la interconexión a la red eléctrica y permitir que los puertorriqueños pudieran contar con energía en sus hogares durante las 24 horas, los 7 días a la semana.
“Este Programa es el que permite que las familias y los negocios puertorriqueños puedan ahorrar en sus facturas eléctricas al acreditar a estos la energía limpia que generan con sus sistemas solares y que exportan a la red a través de fuentes renovables, como paneles solares”.
La portavoz alterna, Marially González Huertas, expuso que el Programa de Medición Neta “es el único mecanismo que ha estimulado significativamente la instalación de sistemas solares en nuestras comunidades. De acuerdo con datos del propio consorcio LUMA entre el periodo más reciente de abril a junio de 2025, se registraron más de 3,500 activaciones mensuales de generación distribuida (instalación de placas). Esta es la mejor evidencia de que el sistema es altamente llamativo para los consumidores”
Los legisladores explicaron que por el Programa de Medición Neta, “hoy en Puerto Rico hay cerca de 170,000 clientes conectados a placas solares: de los cuales 165,000 aproximadamente son residenciales, 4,500 son comerciales y 60 son industriales. Nuestra delegación solicitó mediante la Petición de Información 2025-0088, que LUMA Energy justificara ante este Senado ese cargo de $300 a los clientes y que nos compartieran información relacionada a los estudios suplementarios que ellos alegan que tienen que llevar a cabo (que es la razón que utilizan para facturarle los $300 a la gente). ¿Y qué dijo LUMA, que ellos exigen ese cargo a los clientes cuando no cumplen con los criterios para el proceso expedito de interconexión establecidos en el Reglamento 8915 que está en vigor desde el 2017. Alude la empresa que es necesario cobrar dicho cargo porque tienen que llevar a cabo un estudio suplementario para evaluar el impacto técnico del sistema de placas sobre la red eléctrica”.
Por su parte, el senador Josian Santiago Rivera cuestionó, “¿Quién hará ese estudio suplementario? LUMA mismo, mediante su Departamento de Planificación e Integración de Renovables. Ese llamado estudio se le tiene que hacer a los clientes cuyo sistema se encuentra en un alimentador con una penetración de energía solar superior al 15%. El problema es que este umbral del 15% ya no es normalmente utilizado por las utilidades ni la industria, pero aún se mantiene en el Reglamento 8915, a pesar de que en procesos y mociones ante el Negociado de Energía el mismo consorcio LUMA Energy ha planteado que estudiar cualquier alimentador que no esté sobre el 30% es un malgasto de tiempo y recursos. Aun cuando plantean eso, quieren llevar a cabo estudios a clientes que están por encima del 15%”.
Además, los senadores populares explicaron que el Reglamento que utiliza LUMA como fundamento para este cargo de $300, cuya vigencia es del 2017, fue previo a que la Asamblea Legislativa aprobara la Ley 17-2019, según enmendada y conocida como ‘Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico’. Esa Ley dispuso que “los sistemas de generación fotovoltaica que no sobrepasen la capacidad de generación de 25 kilovatios se interconectarán automáticamente a la red de transmisión y distribución”. Ante esta realidad, no hay justificación alguna para que LUMA Energy utilice como base un Reglamento que, para todos los efectos, fue derogado por una Ley posterior. Durante la conferencia de prensa se levantó el cuestionamiento de por qué no se ha adoptado un nuevo Reglamento. “La razón es que la Autoridad de Energía Eléctrica incumplió con la Ley 17-2019. Esa Ley en su Artículo 1.13 le ordenó a adoptar un Reglamento de Interconexión de Microrredes que al día de hoy no han realizado. Ante el incumplimiento de la AEE, el Negociado de Energía inició un proceso, pero igualmente está lento el proceso, a esta fecha no hay un nuevo Reglamento”, señaló Hernández Ortiz.
Ante esta realidad, la delegación popular presentó una Resolución para exigir al Negociado de Energía de Puerto Rico a llevar a cabo todos los trámites correspondientes para que ordene a LUMA Energy que anule y/o detenga todo cobro de cargos por los llamados ‘estudios complementarios’ a clientes solares que tengan sistemas interconectados de hasta veinticinco (25) kilovatios de tamaño. La senadora González Huertas aclaró que esa fue la política pública de la Asamblea Legislativa en el 2019 “y es la política que prevalece actualmente. Nuestro llamado a la AEE y al Gobierno de Puerto Rico es que saquen la cara por los clientes. Muchos de estos, han invertido en un sistema de placas solares para tener energía constante para equipos médicos o para dar una mejor calidad de vida a los adultos mayores. Es un contrasentido que el consorcio LUMA Energy de forma arbitraria pretenda cobrarle $300 dólares a los clientes con placas solares. Nosotros en esta delegación del Partido Popular Democrático en el Senado lo rechazamos, presentamos legislación para ello, y esperamos que el Gobierno de Puerto Rico haga su parte”, finalizó.
En Puerto Rico hay entre 900 mil y 1.4 millones de abonados residenciales de LUMA. Los 165 mil conectados a sistemas fotovoltaicos aún representan un ínfimo porcentaje. La imposición del cargo de $300 sería otra movida troglodita de LUMA Energy.
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