Ambiente-Comunidad
Prensa Sin Censura
La Resolución del Senado 274, de la autoría del senador independiente Eliezer Molina Pérez, fue radicada hoy 21 de agosto con la intención de que las Comisiones de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales; de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor; y de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo realicen una investigación exhaustiva sobre el acceso público al Río Mameyes, ubicado en el Barrio Barcelona de Río Grande.
El propósito es definir las delimitaciones de dicha carretera estatal que sirve de servidumbre pública para garantizar los derechos de la ciudadanía sobre los bienes de dominio público del río y su rivera; los efectos de las estructuras situadas en los bienes públicos y otros fines relacionados.
En su exposición de motivos, la resolución expone que recientemente la comunidad ha sentido la responsabilidad de autogestionarse ante el panorama de un portón instalado que limita el acceso a este tramo del río que colinda con una finca perteneciente a la Young Men’s Christian Association, Inc. (YMCA) de San Juan, según registrados en el Centro de Recaudación de ImpuestosMunicipales (CRIM) y es donde actualmente opera la compañía Junglequi Zipline Park.
Esta compañía, según la resolución, utiliza el predio ubicado en el Barrio Barcelona, carretera PR-191 interior, antigua PR-990 en el municipio de Río Grande, la cual fue reenumerada a PR-993, como un estacionamiento por tarifa.
El pasado 16 de julio de 2025, el Sr. Francisco Márquez Martínez, director Interino del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), región de Humacao, hizo constar mediante carta que la carretera PR-993—aún rotulada como PR-990—se origina en el kilómetro 4.0 de la carretera PR-191 y que tiene una longitud de ochocientos (800) metros, terminando en la misma carretera PR-993.
El Sr. Márquez Martínez alega que el control y mantenimiento de dicha carretera estatal se encuentra bajo su jurisdicción, versa la resolución.
Por otro lado, detalla el senador Molina Pérez en el documento referido a la Comisión de Asuntos Internos, el 7 de agosto del año en curso el ingeniero Antonio Danilo Cordero Anglerau, jefe de la Sección de Sistemas Viales de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), comunicó mediante carta que la carretera estatal tiene su origen en la carretera estatal PR-191 kilómetro 4.0, al sureste del pueblo de Río Grande y que prosigue en dirección este, hasta su kilómetro 0.4, donde termina en un camino privado dentro de la propiedad privada donde ubica el negocio Junglequi ZiplinePark y que es parte del Programa de ayuda Federal de FEMA en toda su extensión.
“La evidente contradicción de estas declaraciones incurre en el cuestionamiento hacia las delimitaciones estipuladas a la carretera y su longitud, repercutiendo en el posible uso fraudulento de los fondos devengados para mantenimiento de esta y el uso ilícito de una vía pública y de la ribera del río; anteponiendo los intereses de lucro privado sobre la conservación y el cuidado de nuestros bienes naturales y su uso público, lo que incurriría en una violación a nuestras leyes y al deber ministerial de las agencias concernientes”, señala el senador independiente en su resolución.
“Esta resolución tiene como propósito esclarecer la incongruencia entre las agencias y garantizar el acceso público al río Mameyes en el cumplimiento a los reglamentos y estatutos legales”.
Si es aprobada, las Comisiones de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales; de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor; y de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado del Gobierno de Puerto Rico investigarán las denuncias acerca del uso privado de una vía pública, los derechos de la ciudadanía sobre el acceso a bienes de dominio público y los efectos de las estructuras situadas en estos.
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