Ambiente-Gentrificación
JAIME TORRES TORRES
Prensa Sin Censura
Con la ayuda de vecinos de la Comunidad Barcelona del Barrio Mameyes II de Río Grande e inspirados por la gesta del Campamento Erizo, que en meses recientes ha removido portones ilegales que obstaculizaban el acceso a bienes de dominio público en la Playa Las Picúas, el ciudadano Reynaldo Pons removió el portón que después de las 3pm impedía acceso al área recreativa del Charco La Barrigona del Río Mameyes en El Yunque, Río Grande.
Eso lo hizo después de acudir al Tribunal de Primera Instancia de Fajardo y tras recibir por escrito que la PR-993, antes PR-990, es una carretera estatal, por lo que el portón a la altura del kilómetro 0.4 es ilegal.
La YMCA es titular del terreno utilizado como estacionamiento, pero otras familias residentes en el Barrio Barcelona también son dueños de terrenos en la finca.
En los alrededores del Río Mameyes opera el negocio Junglequi Zipline, que recibe cientos de turistas y que promueve incluso lo que identifican como la piscina natural de La Barrigona en el Río Mameyes.
El señor Pons y sus ayudantes arrancaron el portón por considerar que la PR-990, hoy PR-993, es una carretera estatal que termina a la orilla del Río Mameyes, un bien de dominio público cuyo disfrute se prohibía después de las 3pm en que cerraba el portón, sin una servidumbre de paso.
El señor Pons, vecino y portavoz de la comunidad Barcelona, ha dicho que están en la mejor disposición de dialogar con la directora ejecutiva de YMCA, Mabel Román Padró y con el gerente de Junglequi, Melvin Urbina.
El pasado 22 de julio Pons y su vecino Justo Castro recibieron una notificación del Tribunal de Primera Instancia, Sala Municipal de Fajardo, a la que acudieron y fueron orientados por el juez Reicarlo de León Colón sobre la radicación de un injuction en la Sala Superior de Fajardo para que YMCA y Junglequi remuevan el portón. La visita al tribunal, según documentos en poder de Prensa Sin Censura, fue el pasado 21 de julio.
Pons ha reiterado que seguirá luchando por el acceso al río después de las 3pm. También tiene una certificación del Departamento de Transportación y Obras Públicas, suscrita el pasado 16 de julio por el director interino de la Región de Humacao, Francisco Matos Martínez, quien confirma que la PR-993 [antes PR-990] es una carretera estatal.
Dicha certificación es la evidencia que confirma que el portón es ilegal, como lo fue otro que el convicto Walter Pierluisi instaló en la PR-990, pero en Mameyes, jurisdicción de Luquillo, donde edificó la mansión Atardeceres del Yunque. Allá, la comunidad se organizó y el municipio lo removió.
Lo que hicieron Pons y sus ayudantes motu propio le hubiera correspondido a la propia YMCA, a la gerencia de Junglequi, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al Municipio de Río Grande y a la policía de Puerto Rico.
Lo gestionaron desde hace varios meses y ante la inacción de las partes, los ciudadanos optaron por remover el portón la tarde del pasado jueves 24 de julio.
Ciertamente don Reynaldo Pons es muy valiente. Ahora se espera que los vecinos de Barcelona lo respalden en caso de que la situación escale, a nivel de los tribunales.
Se considera que la gente puede continuar pagando por estacionar sus vehículos en el espacio que YMCA le arrendó a Junglequi.
Asimismo la comunidad Barcelona se debe organizar para coordinar tareas de limpieza y recogido de basura del cauce del río y sus alrededores, e incluso limitar el acceso hasta una hora razonable [5 o 6 pm] y, por consideraciones de seguridad, colocar una valla que impida paso durante la noche.
Sin embargo, parece que, en efecto, terminarán con un pleito en los tribunales.
“Ayer [sábado 26 de julio] puso [la gerencia de Junglequi] una cadena frente a la caseta del guardia y a las 3 pm empezaron a sacar a todo el mundo del río”, denunció Pons.
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