Política
JAIME TORRES TORRES
Prensa Sin Censura
La Resolución de la Cámara 271, de la autoría de los representantes del PIP Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelly Lebrón Robles, ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico “una investigación exhaustiva sobre la manera en que el Instituto de Ciencias Forenses maneja los cadáveres no reclamados, enfatizando en el trato, la custodia y la disposición de estos, así como el manejo de sus pertenencias y objetos personales”.
Fue radicada el pasado mes de abril y hoy duerme el sueño de los justos: engavetada por la mayoría novoprogresista.
“Esa medida está durmiendo el sueño de los justos. Mientras esta legislatura se ha concentrado en legalizar lo ilegal, como las casas en la Parguera, extender la quema de carbón, y poner restricciones sobre decisiones del cuerpo de las personas, ignoran crisis como la del Instituto de Ciencias Forenses y el manejo de los cadáveres no reclamados, la custodia y disposición de estos”, dijo la representante del Partido Independentista Puertorriqueño Adriana Gutiérrez Colón.
La Resolución de la Cámara 271 alude a la Ley Núm. 135 de 1 de septiembre de 2020, conocida como “Ley del Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico”, agencia cuya cardinal función es “investigar, con el objeto de determinar la causa, la manera y las circunstancias de la muerte de cualquier persona cuyo deceso se produzca bajo alguna de las situaciones especificadas en la ley”.
La resolución versa que los artículos 25 y 26 de dicho estatuto establecen todo lo relacionado con la disposición de cadáveres; “el artículo 25 dispone el orden en el que los parientes del finado pueden solicitar el mismo; el artículo 26 dispone lo concerniente a cuando el cadáver lo reclama una persona particular”.
Añade que luego de enumerar los requisitos para solicitar el cadáver se dispone lo siguiente:
“Todo cadáver no reclamado que permanezca en el Instituto luego de expirado el término de diez (10) días consecutivos desde la autopsia e investigación, estará disponible para disposición por parte del Instituto mediante enterramiento o cremación según los recursos disponibles. El Instituto publicará en su portal de Internet una lista de los cadáveres no reclamados y la fecha desde la cual se podrá disponer de los mismos. Todo cadáver no reclamado se podrá destinar para estudios científicos según requerido por los mejores intereses del Gobierno y la sociedad en general. Este Artículo aplica igualmente a los cadáveres que, a pesar de haber sido identificados, no han sido reclamados.”
En su artículo 24 la Ley dispone lo relacionado a la custodia de los objetos personales y dinero del finado:
“Las ropas del finado, el dinero, las joyas y otros objetos personales que se encontraren con el cuerpo en los casos en que se ha de proceder a practicar la autopsia serán tomados en custodia por el Científico Forense, guardados y debidamente identificados por éste durante todo el tiempo que sea necesario a los fines de su investigación. Aquellos objetos que no fueren necesarios al Científico Forense para su investigación ni al fiscal para el desempeño de sus funciones serán entregados por el Instituto a los familiares del finado”.
Sin embargo, son demasiadas las pertenencias y cuantiosas las sumas de dinero de los herederos de los fenecidos en poder del Instituto de Ciencias Forenses.
Mas la ley establece que “cualquier objeto que hubiere sido originalmente retenido por el Instituto o por el fiscal y luego resultare innecesario para la investigación será devuelto a los familiares a la mayor brevedad posible.”
Engavetar la resolución de la Cámara 271 es permitir que la Dra. María Soledad Conte Miller siga por la libre en el Instituto de Ciencias Forenses, cuyo escándalo de errática administración pública y excesivos gastos ha sido cubierto durante las pasadas dos semanas por el medio independiente sin fines de lucro Prensa Sin Censura.
El PIP salvaguardó su responsabilidad. “La Resolución se radicó como parte de nuestro trabajo de investigación y colaboración ciudadana, su aprobación dependerá de la mayoría legislativa”, puntualizó Denis Márquez.
Prensa sin censura 