Empleados Unionados del ICF
Para Prensa Sin Censura
La triste realidad que vive el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) ante lo ventilado públicamente por PRENSA SIN CENSURA, es una gran verdad.
Tristeza también es que muchos de los empleados tengan miedo a denunciar lo que viven laboralmente por el hostigamiento constante de la administración que ha cometido en el pasado y presente agravios, represalias, despidos y discrimen contra aquellos que han levantado la voz en defensa del servicio público en el campo forense.
El silencio es aterrador, cual víctima teme por su agresor, así se definen los empleados del ICF, pero que han traído a PRENSA SIN CENSURA las denuncias buscando justicia laboral dentro de la única agencia forense del Caribe.
Un 80% de las autopsias se ha dejado de hacer como establece por mandato la Ley 135-2020 en el Artículo 11, violando la misma por los reemplazos a los exámenes virtuales donde escanean los cuerpos para fines de no realizar autopsias de evisceración.
Las múltiples querellas radicadas por el gremio sindical en la Comisión Apelativa del Servicio Público son evidencia del problema. (anejo) https://casp-app.net/cases/public/?search=instituto+de+ciencias+forenses
Entre las querellas radicadas están el mal estudio del Plan de Clasificación y Retribución, diferenciales por trabajos extraordinarios, hostigamientos, acosos, discrímines, acomodos razonables, salarios y otros como cesantías a los empleados.
Suma el hecho que los recursos humanos que se han contratado son nombrados bajo favores políticos que, sin tener una historia y cultura forense, han debilitado las operaciones. Un despilfarro económico de sueldos jugosos que no se justifican ya que no cuentan con el mérito que rige al servicio público sino el padrinaje.
Una administración acomodada que usa la tecnología para minar la participación directa del análisis sobre la evidencia humana y obviando la razón de ser de las autopsias en el peritaje y rigor del examen patológico en la evisceración.
Así es como se trabaja; no visitan la sala de autopsias para evaluar físicamente los cadáveres, sino que prefieren las autopsias virtuales, sin dirigir la investigación a los hallazgos objetivos y de frente al cadáver.
Un 80% de las autopsias se ha dejado de hacer como establece por mandato la Ley 135-2020 en el Artículo 11, violando la misma por los reemplazos a los exámenes virtuales donde escanean los cuerpos para fines de no realizar autopsias de evisceración.
Los tribunales no reconocen las autopsias virtuales como un método que sostenga el rigor judicial. Empleados de la sala de autopsia sin capacitaciones formales operando equipo de tomografía computarizada y realizando las técnicas de autopsias, aprenden del empleado de mayor tiempo.
La Unidad de Garantía de Calidad, Cumplimiento y Acreditación es manipulada por la administración para fines de que los hallazgos auditados se oculten en violación a las normas reglamentarias que los rige.
Un corre y corre días antes de las auditorias maquillando los hallazgos, pero durante el año se olvidan de mantener la excelencia. La Unidad de “Quality” no es neutral; es una solapada. Los empleados que hacen las entrevistas a los familiares están soslayados; usurpan sus funciones y los limitan a las entrevistas físicas y por preferencias se realizan entrevistas telefónicas.
Así pasa con las secretarias transcriptoras, quienes tienen el deber de dictar el protocolo de autopsia siendo marginadas.
Las paredes del ICF encierran la putrefacción de una mala administración, que no ha podido perfumar el hedor de lo que ha publicado PRENSA SIN CENSURA y donde la asesora en comunicaciones, Betsy Rivera solo comenta que los empleados carecen de fundamentos a las denuncias, pero sin demostrar con hechos para sostener su defensa.
Prensa sin censura 