Caso de Audri Nix se complica para el gobierno de Jenniffer González

Por Jesús Dávila

NCM Noticias

(SAN JUAN, 26 de junio de 2025 (NCM) – Los departamentos de Seguridad Pública de Justicia tienen pocos días para resolver si dejan quieto el caso de la cantante urbana Audri Nix para echar tierra al asunto o si se arriesgan a que los tribunales tengan que escuchar evidencia sobre alegada persecución y uso de un vehículo oficial para provocar su arresto.

La situación se produce en momentos en que la gobernadora Jenniffer González enfrenta quejas múltiples de diversos sectores y el propio partido oficialista se muestra dividido, cuando apenas han transcurrido menos de seis meses desde que comenzó su mandato.

Hasta ahora, el tribunal no encontró causa contra la cantante por haberse violentado sus derechos procesales. Pero, la determinación judicial otorga espacio al ministerio fiscal para volver a presentar el caso si se corrigen los errores, lo cual pone sobre la mesa un dilema que se puede convertir en una emboscada para el propio gobierno.

El dilema se basa en que la Policía alegó que la cantante chocó con un auto de patrulla mientras conducía bajo los efectos del alcohol por la vía pública, mientras, según la cantante, el accidente fue provocado por el propio vehículo oficial dentro de un estacionamiento privado.

Debió haber sido un caso más de un conductor ebrio. Pero se ha convertido en una emboscada judicial para el gobierno de González por las alegaciones de que se trató de enviar a la cárcel a toda costa a una mujer que ya había sido imputada de varios delitos por insultar y amenazar a la mandataria, en un proceso en que se ha levantado como defensa el derecho constitucional a la libre expresión.

De continuar el caso, estaría sobre la mesa determinar si el arresto de Adriana Nicole Vázquez Pérez fue de verdad por conducir ebria por la vía pública o si fue víctima de un asecho intencional que incluyó que la propia policía provocara el choque -en un área privada- para arrestarla.

De hecho, ya el ministerio fiscal intentó sin éxito que se revocase la libertad provisional a Vázquez Pérez en el caso de insultos a la gobernadora basándose en su detención por supuesta violación a la ley de tránsito.

El primer problema es que las dos versiones no pueden ser la verdad admisible en un tribunal de justicia. El segundo problema es si el policía involucrado directamente contó con autorización, si informó a sus supervisores o escondió lo ocurrido, si las autoridades hicieron la pesquisa de rigor y, finalmente, el tercer problema es si hubo violaciones a estatutos de Puerto Rico o Estados Unidos por presunto uso de un auto de patrulla para provocar un arresto ilegal.

La evaluación del tercer problema involucra las responsabilidades de cada uno de los componentes de las cadenas de mando de la Policía, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de Justicia.

El origen del enredo comenzó a principios de enero, cuando la cantante interrumpió una misa a la que asistía González como parte de su inauguración y le gritó improperios y amenazas políticas. La gobernadora pidió entonces que cayera sobre Vázquez Pérez todo el peso de la ley.

A mediados de abril, justo el Viernes Santo por la madrugada, la Policía intervino con ella, después de haberse difundido por las redes sociales otro video en el que Vázquez Pérez fijaba en la gobernadora la responsabilidad por un apagón general de electricidad que llevaba casi tres días. La versión de la cantante es que la policía intervino con ella dentro del estacionamiento de una casa de huéspedes y no en una vía pública.

Una revisión física del lugar de los hechos demostró que esa casa de huéspedes se encuentra en un callejón sin salida, por lo que la policía podía haber aguardado por la perseguida afuera y detenerla cuando saliera por la vía de rodaje hacia la calle principal. En cambio, según el relato de la mujer, cuando encendió su automóvil y trató de dar reversa, todavía dentro del estacionamiento, surgió súbitamente una patrulla que irrumpió a velocidad por la parte trasera y provocó una colisión imposible de evitar.

De ahí en adelante, ocurrió una serie de hechos rápidos -de los que se desconoce si hay videos- por los cuales la Policía alegó que la conductora resistió en arresto y agredió a uno de los agentes. Después fue trasladada a un cuartel desde donde se celebró por internet una vista para arresto, sin que se le leyeran sus derechos o las causas que se le imputaban, además de que la detenida mostraba signos de incapacidad física para entender, debido a una condición médica no atendida.

De una manera o de otra, hasta el momento no se ha producido una explicación por parte de las autoridades competentes sobre lo que motivó la presencia de muchos policías para un arresto en la zona del callejón sin salida. Tampoco se ha explicado el motivo para un primer proceso tan acelerado para fijar las acusaciones esa misma madrugada.

De hecho, después de la vista, fue enviada a un hospital y los abogados de la defensa alegaron que el gobierno intentó obtener -también ilegalmente- copia del expediente médico.

La decisión que tendrá que tomar el ministerio fiscal tiene además el contexto en el que la gobernadora enfrenta quejas múltiples por procesos supuestamente atropellados en las designaciones para su gabinete, por la aceleración del deterioro económico, entrega de información en secreto para capturar inmigrantes indocumentados y sus dificultades sobre el presupuesto. Además, esos reclamos incluyen quejas por problemas con la infraestructura física y electrónica y los atrasos en pagos a funcionarios públicos y pensionados.

El más reciente de esos señalamientos se produjo por el nombramiento de una nueva presidenta para la Universidad de Puerto Rico. La seleccionada había sido rechazada por los cuerpos de consulta universitaria y se alega que en la determinación intervinieron indebidamente políticos y funcionarios del Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación.

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Jenniffer González.

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