Descolonización
Nota del Editor: quinto y penúltimo de una serie.
Dra. Martha Quiñones Domínguez
Economista y Planificadora
Nuestra propuesta es un modelo de democracia participativa, presupuesto participativo con transparencia fiscal, para evitar la desigualdad social y económica y lograr una administración eficiente, donde la gestión pública logre cumplir con los objetivos sociales y económicos y se evite la creación de deuda pública ilegítima e ilegal.
Es un plan basado en una Política Industrial de Economía Social y Solidaria. La Política Industrial ofrece una alternativa transformadora al modelo de desarrollo colonial extractivista y vertical, priorizando la propiedad democrática, la creación de valor local y la sostenibilidad económica a largo plazo.
Pone en el centro el papel de las cooperativas, las empresas de propiedad de trabajadores, las asociaciones público-comunitarias y el emprendimiento socialmente responsable para construir una economía diversificada, orientada tanto a la sustitución de importaciones como a las exportaciones, que sirva tanto a las necesidades internas como a los mercados internacionales.
Establecer un plan de país con la diversificación de la economía y el desarrollo económico estratégico basado en una Política Industrial efectiva, requiere identificar sectores clave con potencial de crecimiento, fomentar la innovación y la inversión, y garantizar un entorno macroeconómico estable.
La política industrial debe promover la competitividad y la eficiencia, evitando la protección excesiva de industrias y promoviendo la apertura a la competencia.
El Plan Nacional de Desarrollo Económico de Puerto Rico reconoce que el crecimiento estratégico de las exportaciones sigue siendo un componente vital del desarrollo nacional, pero debe complementarse con una economía doméstica sólida, basada en la producción, que garantice resiliencia, sostenibilidad, autosuficiencia económica y justicia social.
El país debe cimentarse en el desarrollo de una base nacional de producción diversificada y soberana, que fortalezca las cadenas de valor internas, fomente el emprendimiento local y priorice la sostenibilidad ecológica y las prácticas de economía circular.
Se ofrecería continuidad y seguridad jurídica a los inversionistas y empresas estadounidenses que operan en Puerto Rico, negociando con ellos acuerdos nuevos, y mantendría los vínculos comerciales y logísticos históricos. Más allá de Estados Unidos, Puerto Rico también buscará acuerdos comerciales estratégicos con bloques regionales como CARICOM, la Unión Europea, BRICS+, y otros.
Se establecerá un Foro Permanente de Diálogo y Cooperación con Inversionistas (FDCI), donde las perspectivas de los inversionistas se considerarán en la construcción del nuevo marco legal y económico.
Para equilibrar el diálogo y fomentar un entorno inclusivo, se establecerá también un Foro Permanente de Diálogo y Cooperación con Trabajadores (FDCT), una plataforma de colaboración entre trabajadores, empleadores y el Estado.
A su vez requiere el control de la corrupción, con prevención y castigo de actos de corrupción y mal uso de fondos. Debe decir no a todos los tipos de corrupción, que son causa de las desigualdades y las crisis.
Recordando que en la década de 1940 creamos modelos de desarrollo comunitarios donde la gente participaba y se interesaba en participar en las decisiones políticas y económicas que se toman en el país (democracia participativa) y que velaban por la transparencia en el uso de los recursos (prepuesto participativo).
El Programa Educación a la Comunidad del Departamento de Educación, que fue eliminado, fue el pilar de esa iniciativa. Podemos recuperar esos conocimientos y mejorarlos.
Para trabajar con el problema de la pobreza proponemos una iniciativa audaz, humana y transformadora: la implementación de un Ingreso Básico Universal (IBU) para 400,000 de las familias más pobres de Puerto Rico, con el objetivo de complementar ingresos, erradicar la pobreza, estimular el desarrollo económico inclusivo y permitir una verdadera movilidad intergeneracional. Operará en coordinación con otras iniciativas nacionales como salud pública nacional gratuita, educación superior y técnica sin costos de matrícula, cooperativas de cuido infantil y programas extracurriculares, vivienda subsidiada y cooperativas alimentarias, programas de empleo y obras públicas, y crear incentivos para que los adultos mayores vivan cerca de sus familias y así fortalecer los lazos intergeneracionales, entre otras.
El Fondo Soberano de Inversión Social (FSIS) estaría administrado por el Estado y reinvertiría sus retornos en educación, salud, retiro, infraestructura, energía limpia, seguridad pública y protección ambiental.
Puerto Rico también negociará acuerdos bilaterales de inversión (ABI) y Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y otros socios económicos estratégicos como CARICOM, CELAC, la Unión Europea y BRICS+, para garantizar la protección de inversionistas y trabajadores y el reconocimiento de derechos fiscales y socioeconómicos dentro de marcos legales reconocidos internacionalmente.
La independencia energética será uno de los pilares fundamentales de la transformación económica nacional de Puerto Rico. El plan energético nacional integrará plenamente los objetivos y principios de iniciativas puertorriqueñas emblemáticas como Queremos Sol, Casa Pueblo y otros movimientos energéticos comunitarios.
La matriz energética diversificada de Puerto Rico estará compuesta mayoritariamente por fuentes renovables, incluyendo OTEC, solar, eólica, mareomotriz e hidroeléctrica como base para garantizar la seguridad energética nacional
El Plan Nacional de Desarrollo Económico de Puerto Rico y el Fondo de Transición de Puerto Rico impulsará el desarrollo económico y asignará inversiones estratégicas a largo plazo en diversos Fondos basado en la Política Industrial de Economía Social y Solidaria. Estas asignaciones asegurarán la prosperidad intergeneracional, estabilizarán las finanzas públicas y fortalecerán la resiliencia nacional.
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