Política
(San Juan, Puerto Rico – 16 de mayo de 2025) – Un grupo amplio de uniones del sector privado expresó su satisfacción por la decisión de la gobernadora Jennifer González de retirar el nombramiento de la Lcda. Nydza Irizarry Algarín como Secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.
No obstante, el colectivo sindical manifestó su indignación ante la nueva designación de Irizarry como asesora legal en asuntos laborales en La Fortaleza.
El pasado 29 de enero, representantes de más de veinte sindicatos del sector privado participaron en una reunión convocada por la entonces designada Secretaria del Trabajo, Lcda. Irizarry Algarín. En ese encuentro, la funcionaria demostró un preocupante desconocimiento de las relaciones laborales del sector privado, enfocando su presentación en temas del sector público y pretendiendo educar a representantes sindicales con décadas de experiencia en negociación colectiva.
Durante la reunión, al ser cuestionada sobre su postura ante la reforma laboral de 2017 y otros asuntos neurálgicos para la clase trabajadora, Irizarry evitó asumir compromisos claros. En lugar de respaldar los derechos laborales, expresó que su prioridad sería el crecimiento económico mediante un balance entre derechos patronales y derechos de los trabajadores. Esta respuesta fue recibida con gran preocupación, al evidenciar una falta de compromiso con los principios de justicia laboral que deben guiar esa posición.
Aún más alarmante es su historial como funcionaria pública. Durante su gestión como Directora de Recursos Humanos y Asuntos Laborales en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), entre marzo y octubre de 2021, Irizarry impulsó la movilidad de más de 4,000 empleados a otras agencias, redujo en un 75% la plantilla laboral, lideró la transferencia de cerca de 4,500 expedientes de personal y ejecutó un programa de transición voluntaria que resultó en la salida de aproximadamente 1,200 trabajadores.
Las consecuencias de estas decisiones han sumido al país en una profunda crisis energética. La pérdida de personal con conocimiento técnico y experiencia en la generación y distribución eléctrica ha debilitado severamente la infraestructura energética, provocando apagones, errores operacionales y una pérdida irreparable de memoria institucional.
Además, el historial profesional de Irizarry como abogada y consultora especializada en representar intereses patronales agrava las preocupaciones del sector sindical. Ha brindado asesoría legal para procesos de reorganización, reducción de personal, cumplimiento regulatorio y negociación de convenios colectivos desde la perspectiva patronal. Esto plantea serios cuestionamientos sobre su capacidad de ofrecer recomendaciones objetivas y balanceadas en el ámbito laboral desde el Ejecutivo.
El grupo de uniones del sector privado considera que su incorporación al equipo asesor de la gobernadora en temas laborales es una decisión desacertada e incompatible con las necesidades de la clase trabajadora puertorriqueña. Desde esa posición, la Lcda. Irizarry tendría influencia directa sobre decisiones de política pública laboral que afectan profundamente a miles de trabajadores y trabajadoras.
Por estas razones, este colectivo sindical rechaza de manera categórica su designación como asesora laboral en Fortaleza. Puerto Rico necesita funcionarios y asesores comprometidos con la defensa de los derechos laborales, con sensibilidad social, experiencia real en relaciones laborales y con la capacidad de representar fielmente los intereses de la clase obrera.
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