(SAN JUAN, Puerto Rico) – La jueza de distrito de los Estados Unidos Silvia Carreño-Coll condenó a Efraín Pablo Cruz-González a 450 meses (37 años y seis meses) de prisión. Seguido de 15 años de libertad supervisada por cargos de explotación infantil contra cuatro menores de edad.
Cruz-González, de 36 años y residente de Toa Baja, Puerto Rico, fue imputado el 15 de febrero de 2024 y se declaró culpable el 6 de febrero de 2025.
Según documentos judiciales, entre agosto de 2019 y mayo de 2022, Efraín Pablo Cruz-González, a sabiendas, utilizó, persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a una menor de entre siete y diez años, y a otra menor de entre cuatro y siete años, para que participaran en actos sexualmente explícitos. El acusado utilizó un teléfono celular para grabar a las menores en estos actos.
El 24 de diciembre de 2019 y el 19 de agosto de 2021, el acusado utilizó, persuadió, indujo, sedujo y coaccionó a otras dos menores de edad prepúberes para que produjeran imágenes de ellas participando en una conducta sexualmente explícita.
“El acusado incurrió en actos de explotación sexual contra menores indefensos y produjo videos de su abuso sexual para su propio beneficio”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “Nuestro dedicado equipo de fiscales, coordinadores de víctimas y testigos, y personal de apoyo continuará trabajando con nuestros igualmente dedicados aliados policiales para combatir la explotación infantil y llevar a estos delincuentes ante la justicia”.
“Que esta sentencia sirva de clara advertencia: no hay refugio en Puerto Rico ni en las Islas Vírgenes estadounidenses para los depredadores que explotan a menores”, declaró Devin J. Kowalski, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan. “Esto es el resultado directo de los esfuerzos rápidos e incansables de nuestros agentes y colaboradores, quienes actuaron con precisión y determinación. Nos comprometemos a defender a los más vulnerables y continuaremos buscando justicia con urgencia y dedicación dondequiera que ocurran estos delitos”.
El FBI investigó el caso y la fiscal federal adjunta (AUSA) Emelina Agrait Barreto de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración de la Fiscalía de los Estados Unidos procesó el caso.

