Corrupción-Criminalidad
Dos empresarios, un contador público certificado y cuatro empresas de Puerto Rico acusados de fraude, soborno y lavado de dinero
(SAN JUAN, Puerto Rico, 3 de abril de 2025) – W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el distrito de Puerto Rico, anunció la acusación formal de dos empresarios, un contador público certificado y cuatro compañías con sede en Puerto Rico por un plan fraudulento para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés), sobornar a un empleado bancario y lavar las ganancias fraudulentas del plan.
Según documentos judiciales, desde mayo de 2020 o alrededor de esa fecha hasta noviembre de 2021, los acusados y sus cómplices presentaron y provocaron la presentación de al menos 26 solicitudes de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) y del Programa de Protección de Nómina (PPP) solicitando un total de al menos $2,238,747 en fondos de EIDL y PPP de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (SBA) y del Banco 1, una institución financiera con sede en Puerto Rico.
Los acusados y sus cómplices también sobornaron a un empleado del Banco 1. influir y recompensar al empleado en relación con la presentación y el procesamiento de solicitudes PPP y el depósito y desembolso de fondos PPP y EIDL en cuentas en el Banco 1.
“Los préstamos PPP y EIDL se diseñaron para ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia, no para explotar los programas federales de ayuda”, declaró W. Stephen Muldrow, Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico. “El Distrito de Puerto Rico se compromete a proteger los programas gubernamentales del fraude y exigirá cuentas a quienes roben a los contribuyentes estadounidenses”.
Hoy, el Servicio Secreto de EE. UU., en coordinación con recursos de fiscalía federal, llevaron a cabo una operación coordinada dirigida contra una sofisticada red de fraude financiero. “El éxito de esta operación demuestra la dedicación y colaboración de nuestros agentes y fuerzas del orden”, declaró el agente especial a cargo Rafael Barros, de la Oficina de Campo de Miami.
“Los involucrados se aprovecharon de un programa destinado a ayudar a las empresas en un momento de gran necesidad e incertidumbre, y en su lugar utilizaron fraudulentamente fondos federales para comprar propiedades”, declaró Emmanuel Gómez, agente especial a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI), Miami.
“Que esto sirva de advertencia: quienes crean que pueden explotar los programas gubernamentales para beneficio personal enfrentarán todo el peso de la ley, sin escapatoria a la rendición de cuentas”.
Según documentos judiciales, Edgardo Navarro Suárez, Ricardo Luis Navarro Suárez, (hermanos del representante Georgie Navarro Suárez), Ramón J. Valentín Montalvo, JCA Development, Inc., JCA Packaging Group, Inc., RVIP Group Corp. y JCA Industrial Supply Corp. idearon a sabiendas un plan y artificio para defraudar y obtener dinero y propiedad de la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos y el Banco 1 mediante pretensiones, representaciones y promesas falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia.
La Ley CARES proporcionó asistencia financiera de emergencia a los estadounidenses afectados por la pandemia de COVID-19, incluyendo la autorización a la SBA para otorgar préstamos EIDL y PPP a pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro que enfrentaban pérdidas de ingresos. La acusación formal alega que los acusados y sus cómplices presentaron solicitudes fraudulentas de préstamos EIDL y PPP que contenían información sustancialmente falsa y fraudulenta, así como documentos falsos. La acusación formal también alega que los acusados y sus cómplices ordenaron a los beneficiarios de los préstamos PPP y EIDL obtenidos fraudulentamente que remitieran una parte de los fondos de los préstamos a los acusados y sus cómplices, y que utilizaron los fondos de los préstamos para su propio beneficio y el de terceros, y para cubrir gastos prohibidos por los requisitos de los programas EIDL y PPP.
Los documentos judiciales también afirman que los acusados y sus cómplices entregaron, ofrecieron y prometieron de forma corrupta al menos $69,500 en pagos a un empleado del Banco 1 para influenciarlo y recompensarlo por su ayuda en la tramitación y el desembolso de los fondos PPP y EIDL. Además, los acusados y sus cómplices reclutaban a otros para obtener fraudulentamente ayudas EIDL y PPP.
De ser declarados culpables, los acusados se enfrentan a hasta 30 años de prisión por los delitos de fraude electrónico y soborno bancario alegados en los cargos 1 a 7 de la acusación, 20 años de prisión por el delito de lavado de dinero alegado en los cargos 8 a 10 de la acusación, y 10 años de prisión por el delito de lavado de dinero alegado en los cargos 11 y 12 de la acusación. La acusación también incluye la notificación del decomiso de los siguientes bienes:
- Todo derecho, título e interés en la propiedad ubicada en Carr. 1, Km 29.5, Int Calle Abeto Bo Río Cañas, Caguas, Puerto Rico 00725, junto con todas las mejoras y accesorios;
- Todos los derechos, títulos e intereses en la propiedad ubicada en 170 Palmas Dr. E, La Jolla de Palmas Condominio I, Apt C16, Humacao, Puerto Rico 00791-6330, junto con todas las mejoras y accesorios; y
- Todos los derechos, título e interés en la propiedad ubicada en Palmas del Mar Crescent Beach #216 en Humacao, Puerto Rico, 00791, junto con todas las mejoras y accesorios.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de los EE. UU. y otros factores legales.
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