Investigación Periodística
RHINA M. JIMÉNEZ MS
Periodista independiente
El casco urbano de Cayey se ha visto afectado por demasiadas demoliciones de estructuras en los últimos seis meses. Algunos de los espacios y solares baldíos de las demoliciones, los han convertido en áreas informales de estacionamiento.
Simplemente tiran un piso en brea y colocan un letrero que dice “estacionamiento municipal”. Hay otros espacios que ni siquiera se podría saber cuáles son los planes de uso, porque no tienen letreros a tales fines.
De igual forma debido a la falta de acceso a la información pública de parte del municipio de Cayey, nuevamente éste medio se dio a la tarea de investigar los contratos concernientes a dichas demoliciones. Utilizamos como referencia las páginas de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y de la Oficina del Catastro Digital del CRIM. Realizamos una búsqueda de contratos bajo la categoría de servicio de “construcción y reparación de estructuras” y encontramos un contrato con el número de referencia 2024-000598.
La descripción de dicho contrato es como sigue: “Remoción de asbesto y plomo en varias propiedades del gobierno de la ciudad autónoma de Cayey”. Las propiedades a las cuales aplica este contrato son las siguientes: #27 Calle Muñoz Rivera, #52 Calle José de Diego, #70 Calle Muñoz Rivera y #104 Calle José de Diego del municipio de Cayey.
El contrato tuvo vigencia del 17 de mayo del 2024 hasta el 17 de julio del 2024 y la cuantía total fue de $83,337. Los fondos para pagar los servicios contratados serán con cargo a la cuenta de “Reparación y Mantenimiento de Estructuras”. El propósito establecido en el contrato es “Mitigación de Varias Estructuras”, aunque ni en el contrato ni en los anejos se especifique en que consiste dicha mitigación.
Lo primero que llama la atención del contrato es que el mismo está firmado por José Rodríguez Otero, quien es el vice alcalde de Cayey. Sin embargo, bajo su firma y nombre aparece como descripción de su puesto la palabra “alcalde”. Vale la pena mencionar que el Sr. Rodríguez Otero no es residente del municipio de Cayey, sino de Comerío, tal como aparece en el contrato. Podría resultar cuestionable, para efectos del contrato, el error de identificar al Sr. Rodríguez Otero como “alcalde”.
También firman el contrato la parte contratada, Central Industrial Services LLC, representada por el Sr. Jean C. Otero Rivera y la abogada del municipio, Mildari Meléndez Rodríguez.
Otro detalle que llama la atención es que, aunque el contrato indique que las cuatro propiedades pertenecen al municipio de Cayey, el mapa de catastro del CRIM indica lo contrario. Las propiedades #70 Calle Muñoz Rivera y #52 Calle José de Diego aparecen a nombre de otras personas. Esto comprueba la queja de los ciudadanos de que el catastro del CRIM en Cayey no está actualizado, asumiendo que, en efecto el municipio hizo la transacción de compraventa de esas propiedades. La información de la Oficina de Catastro del CRIM es pública, pero si no se mantiene al día, no cumple con el propósito de transparencia de información.
El contrato tiene ocho documentos anejados, correspondientes a las especificaciones generales y las especificaciones técnicas de cada propiedad. En las especificaciones generales usualmente se establecen las responsabilidades que debe cumplir el contratista. Por ejemplo: pago de patentes, pago por uso del vertedero, pólizas de seguros, cotizaciones de materiales, cumplimiento con las regulaciones (EPA, OSHA), solicitud de permisos o someterse a una inspección del municipio.
Por otro lado, las especificaciones técnicas usualmente describen paso a paso la labor que realizará el contratista. Por ejemplo: medidas de las áreas a trabajarse, utilización de materiales (cemento, varillas, lozas, etc.) o descripción específica de los cambios (demolición, reemplazo, pintura, remoción, instalación, etc.).
Sin embargo, en este contrato las especificaciones técnicas son casi una copia fiel y exacta de las especificaciones generales. En otras palabras, no hay documentación que explique de que manera se va a ejecutar la remoción de asbestos y plomo de las propiedades. Tampoco se explica en que consiste la “mitigación de varias estructuras”, lo cual se establece como propósito del contrato.
Los documentos de especificaciones generales fueron preparados por César Rodríguez, director de la oficina de ingeniería del municipio. Las especificaciones técnicas fueron preparadas por Benjamín Vázquez, inspector de proyectos del municipio y autorizadas por el director de ingeniería. En los documentos de las especificaciones técnicas se incluye el siguiente punto: “Refiérase a estudio de mitigación realizado por la compañía AES para esta estructura”. Pero, no se especifica el nombre completo de la compañía “AES”, ni se incluye algún número de referencia de dicho estudio de mitigación.
Esta Periodista independiente visitó las propiedades para observar los trabajos realizados o en proceso. Se encontró que las propiedades #27 Calle Muñoz Rivera y #70 Calle Muñoz Rivera, ya no existen porque fueron demolidas. La estructura #52 Calle José de Diego sigue en pie, pero no tiene ningún letrero, según requerido por las especificaciones técnicas. Otra estructura que sigue en pie es la #104 Calle José de Diego, la cual sí tiene un letrero. Sin embargo, el letrero corresponde a una solicitud para “demolición de la propiedad”, no corresponde al contrato que evaluó Prensa Sin Censura.
Así las cosas, es legítimo preguntarse si para el municipio de Cayey la palabra “mitigación” y “demolición” son sinónimos. De igual forma cabe preguntarse si los trabajos de demolición se hicieron en cumplimiento de las regulaciones aplicables, asegurando la salud de las personas y la protección del medio ambiente. Se recordará que el contrato describe el servicio como: “Remoción de asbesto y plomo en varias propiedades del gobierno de la ciudad autónoma de Cayey”.
Una foto dice mas que mil palabras y en las imágenes de la “mitigación” de la estructura #70 Calle Muñoz Rivera no muestra ningún rótulo de la descripción del proyecto ni advertencia para alejar a las personas del área de trabajo. Solo un par de drones y dos vallas. Al igual que esa estructura hay una decena o más que de igual forma han sido “mitigadas”, a fuerza de equipo pesado y en tiempo récord, respondiendo a la necesidad de falta de estacionamiento creada precisamente, por la pésima planificación en el casco urbano de Cayey.
Allí se cierran calles, ponen drones, conos, tiestos y construyen aceras extra anchas que impiden el uso de espacios de estacionamiento ya existentes.
Si algo hay que mitigar es la propagación de demoliciones injustificadas. Escondidas entre contratos que ni siquiera mencionan la palabra “demolición” y que son pagados con fondos públicos.
Tras la investigación, no es una hipérbole afirmar que el casco urbano de Cayey ha muerto.
Fotogalería de Rhina M. Jiménez
Prensa sin censura 