(Tercero de una serie de artículos)
Lcdo. Alejandro Torres Rivera
Para Prensa Sin Censura
Los argumentos de un sector de la oposición para cuestionar la legitimidad del proceso seguido ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia consisten básicamente en tres premisas:
1. Que los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, incluyendo los de la Sala Electoral, los nombra el gobierno venezolano. Lo mismo ocurre con el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico y los de Estados Unidos.
2. Que los jueces nombrados por el gobierno venezolano son los que adjudican las controversias electorales a raíz de lo que certifica el Consejo Nacional Electoral. Lo mismo ocurre con el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el de Estados Unidos en casos de controversias electorales.
3. Que el Tribunal Supremo de Venezuela inhabilitó candidatos de la oposición a puestos electivos. Lo mismo ocurrió en Puerto Rico por parte del Tribunal Supremo al inhabilitar varios candidatos de MVC.
En el caso de Puerto Rico es peor. Mediante una opinión claramente cargada en favor del partido de gobierno, producto de enmiendas al Código Electoral para el Siglo 21 se ha impedido la formación de alianzas electorales por parte de los partidos políticos de la oposición, PNP-PPD, lo que sí se permite en Venezuela.
La injerencia exterior en los asuntos internos de Venezuela
En el caso de Venezuela, el proceso político de transformación de la institucionalidad del país se ha venido dando desde 1998, todo ello en el marco de continuas elecciones; bajo el rechazo a políticas injerencistas de bloqueo económico por parte de Estados Unidos; de saqueo de los activos venezolanos depositados en bancos en el exterior; la confiscación de activos venezolanos en el exterior como fue el caso de CITGO en Estados Unidos; por intentos de golpes de estado y operaciones encubiertas de desestabilización interna; mediante tentativas de asesinato del presidente Nicolás Maduro; todas ellas dirigidas al derrocamiento del proceso de cambio y transformación económica en Venezuela. En medio de estas medidas, sin embargo, el gobierno de Venezuela ha insistido en impulsar una propuesta transformadora.
“Si como muestra un botón vasta”, nos dice el refrán, veamos algunas de las acciones injerencistas llevadas a cabo contra Venezuela en los pasados años:
1. En diciembre de 2014 el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley titulada Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela.
Dicha Ley facultaba al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a sancionar las personas que él determinara habían sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición política en Venezuela. La Ley le autorizaba, además, a imponer a los responsables por tales actos, sanciones que incluían, entre otras medidas, el bloqueo de sus activos, establecer prohibiciones sobre transacciones con sus propiedades en Estados Unidos y la revocación de sus visados y otros documentos emitidos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
2. A partir de la aprobación de la Ley, se asignaron fondos millonarios para ser utilizados con los siguientes propósitos: (a) defender los derechos humanos en Venezuela; (b) aumentar la capacidad de la sociedad civil en dicho país; (c) apoyar los medios de comunicación independientes y procurar el acceso de éstos, sin restricciones, a la internet; (d) mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas; y finalmente, (e) ayudar a la sociedad civil venezolana, a periodistas y a manifestantes que el presidente de Estados Unidos determinara habían sido víctimas de la represión por parte del gobierno venezolano.
3. Durante los años 2014 y 2015 la oposición política venezolana, promovió un clima de inseguridad y violencia en el país con el objeto de establecer condiciones que propiciaran otro Golpe de Estado como ocurrió durante la presidencia de Hugo Chávez Frías.
4. El 12 de febrero de 2015 el gobierno venezolano denunció la manera en que los organismos de seguridad del Estado habían logrado frustrar una intentona golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro.
5. El 9 de marzo de 2015 el presidente de Estados Unidos, Barak Obama, promulgó una Orden Ejecutiva titulada Contributing to the situation in Venezuela (“Contribuyendo a la situación en Venezuela”)
6. En el año 2015 la Casa Blanca hizo público una versión editada de un estudio titulado Estrategia Nacional de Seguridad (2015).
En aquel momento el gobierno venezolano denunció al menos 11 pronunciamientos públicos y cuatro comunicados hechos por el gobierno de Estados Unidos en contra de su país; así como la campaña llevada a cabo por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, entre el 28 de febrero al 19 de abril de ese año, que incluyó cuatro sesiones extraordinarias del organismo aprobando ilegítimamente resoluciones contra Venezuela sin que se hubiera obtenido el consenso de los países integrantes de la OEA.
7. Uno de los eventos más destacados fue el fallido atentado contra la vida del presidente Nicolás Maduro en el marco de la conmemoración y desfile militar por el 81 Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela. En el atentado se utilizaron dos pequeños aviones no tripulados (drones), con capacidad para transportar explosivos.
8. En mayo de 2018 la administración Trump había establecido sanciones relacionadas con el transporte de petróleo a Cuba.
9. En una noticia publicada en Bogotá por la agencia de noticias “Prensa Asociada” de fecha 4 de julio de 2018, se indicaba que el año anterior el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con asesores, funcionarios y presidentes de la región a puertas cerradas, habría planteado el tema de la intervención militar en Venezuela.
10. El 11 de agosto de 2018 Donald Trump expresó que la opción militar contra Venezuela estaba planteada como una “opción real”.
11. En Puerto Rico, a través de declaraciones del entonces gobernador Ricardo Rosselló, nuestro país fue ofrecido como plataforma de intervención contra el gobierno legítimo de Venezuela. Rosselló señaló que la Isla sería un “centro logístico” desde donde se prepararía la transición de Venezuela hacia una democracia plena. A tales fines, indicó, que el gobierno de Puerto Rico daría el espacio para la celebración de la reunión de la llamada “Comisión de Reconstrucción de Venezuela”, bajo la dirección del opositor ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, hoy residente de España.
12. . Durante los días 19 y 22 de julio aviones espías volaron en las inmediaciones del espacio aéreo venezolano, mientras el 1 de agosto se amenazó con establecer una “cuarentena”.
13. El 5 de agosto de 2019, a las 9:00 a.m., entró en vigor una Orden Ejecutiva suscrita por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobando nuevas sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la República Bolivariana de Venezuela. La Orden Ejecutiva había incluido movimientos de desestabilización violenta; intentos de golpe de Estado; la adopción de medidas extraterritoriales dirigidas a asfixiar económicamente al país; y la congelación de importantes activos, materiales y monetarios, de Venezuela en bancos extranjeros e inversiones en Estados Unidos. Con esta Orden Ejecutiva se perseguía bloquear el acceso de Venezuela al sistema financiero internacional.
Al día siguiente de emitirse la Orden Ejecutiva, el gobierno de Estados Unidos enmendó una disposición sobre las prohibiciones de viajes a Venezuela estableciendo 13 excepciones a la prohibición.
14. El 25 de octubre de 2018, en ocasión de su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, se expresó contra el presidente Maduro, su gobierno y la Revolución Bolivariana. Allí anunció su decisión de forzar su derrocamiento. Trump dio a conocer nuevas sanciones económicas contra Venezuela, las cuales se sumaron a la congelación de las operaciones de las estaciones de gasolina CITGO, empresa subsidiaria de PDVSA fuera de territorio venezolano. CITGO que operaba con derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. Como parte de las nuevas sanciones, se prohibieron las compras por parte de Venezuela a empresas estadounidenses con dólares. Trump señaló, además, que no descartaba ninguna medida contra Venezuela, lo que sugería que la amenaza de una intervención militar, estaba planteada como una de las opciones a considerar por parte de Estados Unidos y algunos países de la región.
15. Los funcionarios designados por Juan Guaidó reclamaron el derecho a disponer de los depósitos en oro venezolanos consignados en el Banco de Inglaterra. La controversia llegó a los tribunales. Tras cuatro días de juicio una jueza británica mediante sentencia indicó que “no hay bases” para reconocer un fallo de la corte venezolana que declaró inconstitucional la designación de los nombramientos hechos por Juan Guaidó a la junta directiva del Banco Central de Venezuela. Indicó, además, que los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela eran jueces que apoyan el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que sus decisiones no eran reconocidas bajo la ley británica.
Guaidó reclamó que la Junta por él designada era la representante legítima del Banco y como tal la entidad a la cual le correspondían las 32 toneladas del oro venezolano depositadas.
Para formar una idea del despojo hecho al patrimonio venezolano, el peso de una tonelada equivale a 2 mil libras. Toda vez que una libra la componen 16 onzas y cada onza de oro se cotizaba en esos momentos en los mercados internacionales en alrededor de $1,700.00, el despojo de recursos económicos contra el gobierno constitucional venezolano rondaría en algo más de un billón de dólares. Sin embargo, de acuerdo con una noticia que publica CNN el 29 de julio de 2018, el monto real del valor de estas 32 toneladas sería de “$2,000 millones en oro”.
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