Rhina M. Jiménez
Periodista independiente
La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) publicó el informe de auditoría OC-25-17, el 4 de septiembre del 2024. En el mismo se detallan los hallazgos y recomendaciones de la auditoría #14465 realizada al municipio de Cayey y sus programas de Head Start y Early Head Start.
El periodo auditado comprende desde el 1 de enero del 2017 hasta el 30 de junio del 2020. El municipio de Cayey es la agencia delegada de los programas Head Start y Early Head Start desde el 2005. Es responsabilidad del municipio, entiéndase del alcalde Rolando Ortiz y la Junta de Gobierno, remitir propuestas para solicitar fondos, evaluar, desarrollar y fiscalizar dichos programas.
Los programas operan con fondos federales otorgados por el Departamento de la Familia.
Al mes de febrero del 2020, los programas Head Start y EarlyHead Start contaban con 15 centros que brindaban servicios a una matrícula de 407 niños. Las operaciones de los mismos se rigen por leyes y reglamentos municipales, estatales y federales que aseguran una administración adecuada y fiscalización de los procesos, dada la naturaleza de los fondos asignados.
Durante la auditoría realizada, la OCPR informó los siguientes hallazgos:
– Más de $109,000 pagados por desempleo a empleados que no cualificaban; e intereses por $9,757. El municipio pagó desempleo a empleados que estaban trabajando y recibiendo salarios de los programas durante el mismo período en el que solicitaron y recibieron el desempleo. Aunque al municipio se le otorgó un plan de pago para reembolsar el dinero adeudado al Departamento del Trabajo, no cumplieron con el mismo y se vieron obligados a pagar intereses que pudieron haber usado para atender otras necesidades de los programas.
– Pagos indebidos por más de $100,000 por trabajos facturados en exceso a los adjudicados en subasta. La directora de los programas y el director de finanzas aprobaron facturas a un precio diferente al adjudicado en la subasta y estipulado en el contrato. No hubo supervisión adecuada de los procesos de desembolsos. No se adjudicó la subasta a la propuesta que brindaba los servicios a un menor costo. Este hallazgo fue referido al US Departmentof Health and Human Services para las acciones administrativas o judiciales que sean pertinentes.
– Pagos por $533,483 en exceso de lo contratado; enmiendas retroactivas y créditos presupuestarios no obligados. El municipio otorgó contratos con cuantías ambiguas, lo cual ocasionó el desembolso de dinero en exceso a lo contratado. Esto sin que la OCPR tuviese la información del contrato actualizada, debido a que no se sometieron enmiendas a los contratos previo a su vencimiento para documentar el aumento en la cuantía. El director de finanzas no se aseguró que la secretaría municipal tuviese la información necesaria para enmendar los contratos antes de efectuar los pagos.
Adicional a los hallazgos descritos, el informe de auditoría contiene un comentario especial respecto a las recomendaciones de recobro de dinero no atendidas en los informes de auditoría anteriores.
Al mes de junio del 2020, todavía el municipio de Cayey no había recobrado $75,429 correspondientes a las auditorías M-12-20 (2011) y M-14-46 (2014).
El informe hace varias recomendaciones al secretario del Trabajo y Recursos Humanos, a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al alcalde Rolando Ortiz y a la Junta de Gobierno. Las recomendaciones al alcalde son iguales a las de otros informes de auditoría que le ha hecho la OCPR previamente. Entre las recomendaciones recurrentes se encuentran: ejercer una supervisión eficaz del director de finanzas, supervisar los procesos de pagos, enmendar los contratos según los requerimientos de ley, obligar los créditos del presupuesto para los pagos de contratos, recobrar dinero pagado en exceso y formalizar los contratos por escrito. El informe indica que en los hallazgos encontrados hay deficiencias de controles internos significativas.
En el día de ayer, el municipio de Cayey encabezado por su alcalde Rolando Ortiz y representado por su abogado, el ex gobernador Alejandro García Padilla presentaron una moción para dilatar el proceso de cumplir con una sentencia del Tribunal de Primera Instancia.
En enero del 2024 el candidato a la alcaldía del MVC, José Carlos Rivera, demandó al municipio para que entregara la información pública sobre los empleados amparados en la Ley 141 del 2019. El pasado 29 de julio del 2024 el tribunal sentenció al ayuntamiento a entregar de manera inmediata al demandante, una lista de los empleados municipales con nombres, fecha de contratación, salario y puesto de trabajo.
Sin embargo, la defensa del municipio pidió un plazo no menor de 60 días para poder preparar el listado, ya que el mismo no existe ni tienen el personal para trabajarlo. Dicho periodo de tiempo sobrepasa los días que restan previo a las elecciones generales.
Hasta el momento, la única forma de fiscalizar la labor del alcalde de Cayey y de sus empleados ha sido mediante los informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Los cuales han revelado múltiples hallazgos serios durante toda su incumbencia.
La negativa de Rolando Ortiz a entregar información que se ha comprobado que es de dominio público, inclusive por el Tribunal Apelativo, puede generar dudas y desconfianza. La procrastinación de la entrega de una información que se le ha solicitado desde hace nueve meses, es una falta de consideración al Pueblo y una falta de respeto al Tribunal. Sobre todo cuando hay informes de otras agencias de gobierno que sustentan la necesidad de transparencia en los procesos administrativos del municipio de Cayey.
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