Rhina M. Jiménez MS
Prensa Sin Censura
Ante la falta de transparencia del alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, el Pueblo debe empoderarse para lograr fiscalizar el uso de propiedades y fondos públicos.
El alcalde de Cayey se ha negado a publicar información sobre los empleados municipales, sus puestos y salarios; aún luego de la sentencia del tribunal.
Sin embargo, ha expresado en numerosas ocasiones que la información que se le pide está accesible en diferentes agencias tales como el CRIM y la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR). Es por eso que éste medio se ha dado a la tarea de investigar el manejo de fondos públicos, precisamente con información obtenida de las agencias que ha mencionado el alcalde, entre otras.
La investigación publicada ayer sobre el hospital municipal de Cayey es la tercera investigación que ha hecho este medio utilizando la información disponible en la página de la OCPR. Las investigaciones previas se centraron en informes de auditorías del municipio de Cayey, durante la incumbencia del actual alcalde y en un contrato vencido para la restauración del parque del sector Pepe Hoyos.
El propósito de la investigación sobre el hospital municipal es fiscalizar la otorgación y el contenido de los contratos que se pagan con fondos públicos. No fue nuestro objetivo investigar la calidad de los servicios prestados por los proveedores contratados, sino, la naturaleza de los contratos. Toda la información se obtuvo de fuentes públicas y verificables. Esto incluye nombres, cuantía de los contratos, donaciones a comités de campañas políticas, responsabilidades del trabajo, títulos, escalas salariales comparables, registros de comerciantes, número de proveedor (NPI), especialidades, nombres de administradores, horarios de servicios, etc.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de saber cómo los individuos en cargos electivos están utilizando los bienes que les pertenecen. ¿Cómo se obtienen los fondos y a quiénes se le otorgan los contratos? ¿Se brindan los servicios acordados? ¿Cumplen los alcaldes, legisladores y otros funcionarios electos con todas las leyes aplicables a la hora de administrar nuestro patrimonio? Preguntas como éstas son las que debemos formularnos para poder evaluar el desempeño de los incumbentes.
La situación en Cayey no es aislada, más bien generalizada y normalizada. Hay un alcalde electo, que por costumbre o por falta de otras opciones, ha estado al mando del ayuntamiento por casi tres décadas. Eso le ha permitido crear la percepción de que no existe ninguna otra persona que pueda hacer el trabajo mejor que él. La percepción sesgada del alcalde le da una seguridad ilusoria de poder hacer lo que quiera, sin que nadie lo rete o lo confronte. Recurriendo a evasivas, para manejar la exigencia de transparencia en su trabajo y al drama para atrapar la opinión pública.
Por lo tanto, seguiremos investigando y fiscalizando el manejo de los fondos públicos en el municipio de Cayey y exhortamos a los constituyentes a que usen las herramientas existentes para querellarse. No podemos seguir permitiendo que el municipio pague contratos por trabajos/tareas no realizadas, o incurran en gastos onerosos al erario público. Estos dos ejemplos son suficientes para someter querellas en la Oficina del Contralor de Puerto Rico y en otras entidades fiscalizadoras gubernamentales.
Al día de hoy, el alcalde de Cayey no ha reaccionado a ninguna de las investigaciones publicadas en este medio respecto a su municipio. Solo hemos recibido una reacción que concierne la investigación del hospital y fue de un familiar de uno de los médicos contratados. El familiar expresó preocupación por la imagen del galeno, porque no entendió el alcance de la investigación que solo incluye lo estipulado en el contrato y no de la calidad de los servicios prestados.
También, responsablemente investigamos si hubo donaciones a la campaña del alcalde de parte de las personas contratadas. Esto en respuesta a las quejas que han expresado algunos empleados municipales que denuncian con temor y en anonimato la disparidad de sueldos como consecuencia de las donaciones.
Sin embargo, investigaciones como las que esta periodista ha realizado para Prensa Sin Censura son oportunas para crear conciencia en el Pueblo de que los fondos públicos tienen que fiscalizarse y utilizarse en beneficio de todos los constituyentes.
Ayer recibimos una confidencia acerca de la oficina de la Dra. Ovalles, ubicada en el hospital municipal. La fuente indica que desde hace casi un año dicha oficina no tiene aire acondicionado, los pacientes se han quejado y el director médico tiene conocimiento de la situación. Por razones de salud y seguridad, ninguna oficina médica dentro del hospital puede estar sin aire acondicionado.
El poder no es de los incumbentes, es del Pueblo quien los escoge para administrar los bienes comunes. Por lo tanto, ha de ser una labor patriótica señalar a aquellos que le están fallando, que no representan ni defienden los intereses colectivos.
Prensa sin censura 