Por Rhina M. Jiménez MS
PRENSA SIN CENSURA
El abogado del Municipio de Cayey, el exgobernador del Estado Libre Asociado, el popular Alejandro García Padilla, muy bien podría representarnos en las Olimpiadas en la disciplina del tenis.
Al parecer es experto en tirar, a diestra y siniestra, mociones de reconsideración y desestimación de una demanda que pudo haberse resuelto hace meses. Podríamos asumir que Alejandro “lo dejó todo en la cancha” y demostró como gasta los $50,000 que le paga el pueblo de Cayey por sus servicios legales.
Sin embargo, jugó como nunca y perdió como siempre. En un juego que nunca debió pasar, ante un adversario nuevo, subestimando las reglas y la autoridad del juez.
Lo que empezó como una simple solicitud de información basada en la ley 141-2019 (Ley de Transparencia y Proceso Expedito para Acceso a la Información Pública) terminó con una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.
Fueron 7 meses los cuales el municipio de Cayey, representado por Alejandro García Padilla, estuvo “jugando al tenis” con el candidato a alcalde por el MVC José Carlos Rivera Santiago. Impidiendo el acceso a diferentes tipos de información pública, incluyendo los nombres, sueldos, puestos y fecha de contratación de empleados municipales.
En resumen, el “juego” se dio como sigue:
– Diciembre, 2023: José Carlos Rivera (JC) solicita la información al municipio y llena el formulario requerido.
– Enero 16, 2024: El municipio contesta que no puede procesar el formulario porque le es requerido una identificación para confirmar su identidad. Ni la ley 41-2019, ni el formulario enviado por el municipio requieren dicha identificación.
– Enero 30, 2024: JC presenta un recurso especial en la corte para el acceso a la información debido a que el municipio nunca le contestó la solicitud.
– Marzo 9, 2024: JC solicita al tribunal que anotara al municipio en rebeldía por incumplir en la entrega de la información.
– Febrero 22, 2024 y marzo 6, 2024: El tribunal notifica al municipio que entregue la información en 10 días.
– Marzo 18, 2024: El municipio contestó la demanda indicando que, si JC hubiese sometido su identificación, le hubiesen dado la información. Excepto la información de los empleados y cualquier otra que se encuentre en las páginas de internet del CRIM y de la OCPR.
– Mayo, 2024: El tribunal ordena la entrega de la información. El municipio pide moción de reconsideración, pero JC se opone. El municipio pide desestimación de la demanda. El tribunal acepta moción de reconsideración.
– Junio 11, 2024: Se celebró la vista argumentativa de la moción de reconsideración.
– Julio 29, 2024: El Tribunal de Primera Instancia de Caguas ordena, mediante sentencia que el municipio tiene que entregar inmediatamente y sin demora la lista de empleados (nombres, puestos de trabajo, salarios y fechas de contratación) a José Carlos Rivera.
Tanto Alejandro García Padilla como el alcalde incumbente de Cayey, Rolando Ortiz insisten en que la información solicitada por José Carlos Rivera sobre los empleados es privada.
Durante todo el proceso, ambos aparecieron en los medios de comunicación expresando que la información que se pedía en la demanda incluía acceso a los expedientes de los empleados. Dichos expedientes contienen información privada y protegida como número de seguro social, dirección, estado civil, entre otros. Inclusive, el municipio de Cayey envió un comunicado de prensa en respuesta a la sentencia del tribunal indicando que los empleados no estaban de acuerdo en entregar su información privada. Pero en realidad, dicha información privada nunca se ha solicitado ni está incluida en la demanda.
Resulta indignante y repudiable, que se gaste el dinero del pueblo en servicios legales para atender este caso que nunca debió llegar al tribunal. Mucho menos pasar 7 meses de un lado a otro, cual bola de tenis en una cancha donde ya se habían jugado partidos similares.
En la parte de la discusión de la sentencia, el juez superior Jorge Rafael Rivera Rueda explica con detalles varios casos que precedieron a la demanda en cuestión. Tanto en el Tribunal Supremo como en el Tribunal de Apelaciones se concluyó que: la información de los empleados municipales (nombres, puestos, salario, fecha de contratación) es generada por el Estado. Por lo tanto, involucra el uso de fondos públicos y no existe legislación que prohíba su divulgación, pues dicha información no se cataloga como privilegiada o confidencial.
Por otro lado, mientras se daba éste “juego” en el tribunal, Alejandro García Padilla firmaba otro nuevo contrato con el municipio de Cayey para proveer servicios legales. Sin embargo, esta vez lo hizo bajo el nombre de una nueva compañía: Santana & García LLC. (518789), inscrita en octubre del 2023 y quien fusionó a la entidad Alejandro García Padilla LLC, (389851). El nuevo contrato con el municipio de Cayey asciende a $50,000, pero en vez de durar un año, vence en diciembre del 2024.
Al parecer Alejandro García Padilla es un “atleta de alto rendimiento” ya que entre los años del 2018 al 2021 tuvo contratos con los municipios de Yauco, Guayanilla y Villalba ascendientes a $260,000 en total. Desde el 2022 ha tenido dos contratos anteriores anuales con el municipio de Cayey por $30,000 y $50,000. Valga la pena añadir, que los lazos del ex gobernador con el alcalde Rolando Ortiz han de ser de confianza, ya que también es donante de campaña del alcalde incumbente.
Si hay algo que debe quedar muy claro cuando se compite en buena lid, ya sea en el deporte o en la política, hay que obedecer las reglas, las leyes y a los jueces. Para ganar, se requiere de cierta destreza que no necesariamente se consigue con la experiencia o con el dinero. Por eso, un atleta experimentado no se puede recostar en sus triunfos anteriores para lograr ganar competencias ante nuevos oponentes. De igual forma, un atleta profesional, bien remunerado y de cierto prestigio no puede asumir que va a ganar solo por existir. Ambos pecarían de ilusos y perderían por las faltas más básicas, sacando la bola fuera de las líneas, peleando con el juez porque lo penalizó por una perreta o simplemente porque dejó caer la bola.
Alejandro y Rolando, el juez ya les suspendió el juego. Perdieron tratando de hacer trampa, desperdiciando dinero del pueblo descaradamente para no llegar a ningún lado. Ya están sentenciados a obedecer el mandato del tribunal. El cual, al día de hoy, todavía no han obedecido. Si Rolando insiste en seguir gastando dinero para llegar a los más altos foros, tal como prometió que haría para “proteger a sus empleados”, va a tener que retirarse del deporte político. Y si eso pasa, Alejandro tendría que irse con su raqueta a otro lado, donde le paguen un contrato jugoso, como si fuese un atleta profesional.
El pueblo exige la transparencia que la ley le brinda, para saber cómo se utiliza el dinero del ayuntamiento. Los empleados municipales necesitan justicia salarial, no la desigualdad que depende de jurar lealtad y donarle dinero al cacique Rolando.
En el juego de Rolando vs José Carlos, el pueblo votará en las urnas. Y tal como en el tenis, ganará el que más puntos logre sacar. Todos estaremos pendientes a ese juego.
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