Los informes de auditoría de la OCPR reflejan que el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, siempre ha sido un mal administrador
Segundo de dos artículos.
RHINA M. JIMÉNEZ MS
Periodista Independiente
Otra parte importante de los reportes de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) son las recomendaciones. Los auditores someten recomendaciones al alcalde, a sus empleados municipales y directores de agencias municipales y estatales, entre otros.
Se observa que, en varias de las auditorías evaluadas, hay recomendaciones recurrentes hechas al alcalde. Esto debido a que los hallazgos fueron similares o iguales a los de previas auditorías. También se destacan varias recomendaciones al Secretario de Justicia y al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental.
Recomendaciones al alcalde de parte de los auditores de la OCPR:
• Ejercer una supervisión eficaz sobre las funciones del director de Finanzas (7 veces).
• Cumplir con los reglamentos, procedimientos y leyes respecto a las subastas públicas (5 veces).
• Asegurarse del cumplimiento de la permisología, órdenes de cambio e inspección de proyectos (4 veces).
• Asegurarse de que los contratistas a los que se le adjudiquen trabajos de construcción cumplan con las leyes y los reglamentos (4 veces).
• Asegurarse de que cuente con los fondos necesarios y suficientes para el pago de los contratos o sueldos (3 veces).
• Ejercer una supervisión eficaz sobre las funciones del director de Planificación.
• Asegurarse de que se corrijan deficiencias relacionadas con nombramientos de empleados transitorios que exceden el término de un año.
• Pagar las deudas a las entidades gubernamentales dentro del tiempo establecido.
• Cumplir con leyes aplicables para que los policías municipales brinden sus servicios según sus funciones establecidas.
La recomendación mas frecuente que le dio la OCPR al alcalde en todas las auditorías es recobrar el dinero producto de pagos indebidos, o deficiencias operacionales. En tres ocasiones las recomendaciones de recobro de dinero fueron incumplidas. Dichas recomendaciones fueron añadidas en los reportes de auditorías subsiguientes.
• Recobro de dinero y pagos indebidos:
– $121,400 pagados a contratista por trabajos que no fueron realizados.
– $75,858 pagados por distintos conceptos comentados en el Informe de Auditoría anterior M-12-20.
– $1,045 pagados indebidamente a una institución universitaria por maestros y ayudantes que no asistieron a los adiestramientos.
– $1,671 pagados indebidamente a contratistas para cubrir gastos de alojamiento.
– $55,455 por arbitrios de construcción y patentes municipales.
– $15,023 pagados por cursos universitarios a 10 maestros, sin cumplir con los requisitos.
– $58,735 por sueldos pagados indebidamente a seis empleados.
– $2,100 pagados indebidamente a una institución universitaria por cursos a maestros que ya habían tomado y aprobado los cursos.
– $4,292 sin recobrar por deficiencias relacionadas con la operación de los parquímetros.
– $42,093 por pagos indebidos y otros conceptos comentados en el informe de auditoría anterior M-04-35.
– $305,395 por distintos conceptos señalados en los informes de auditoría anterior (M-00-20).
Recomendaciones al Secretario de Justicia de parte de los auditores de la OCPR en auditorías realizadas en el municipio de Cayey
• Brindar asesoría al alcalde para ejecutar el recobro de dinero descrito en los hallazgos.
• Estudiar la legalidad de la Resolución Núm. 81 de marzo de 2001 respecto al aumento de sueldo al alcalde.
Recomendaciones al Director Ejecutivo de Ética Gubernamental de parte de los auditores de la OCPR en auditorías realizadas en el municipio de Cayey
• Investigar multa impuesta al alcalde por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico: Mediante el otorgamiento de un contrato de servicios profesionales a una exempleada del Programa Head Start, sin obtener la dispensa requerida.
• Investigar la delegación indebida de funciones y deberes del alcalde a la presidenta de la Legislatura Municipal y posible conflicto de intereses de ésta en dichas funciones y deberes.
A pesar de las recomendaciones hechas, en general, las mismas no fueron aceptadas u acogidas por el alcalde ni los otros funcionarios, ya que se siguieron encontrando los mismos hallazgos en múltiples ocasiones y en diferentes y posteriores auditorías.
Basados en las auditorías evaluadas, se puede concluir que el alcalde ha fallado en su mandato al no aceptar ni llevar a cabo las recomendaciones ofrecidas por la OCPR, causando pérdidas monetarias y la recurrencia de hallazgos que se pudieron haber evitado en auditorías siguientes.
Vale la pena señalar que las recomendaciones sometidas al Secretario de Justicia y al Director Ejecutivo de Ética Gubernamental perdieron visibilidad y no se les dio seguimiento.
Por lo tanto, ninguna de las partes responsables cumplió con el plan de acciones correctivas de la OCPR para minimizar o evitar los hallazgos recurrentes.
El alcalde de Cayey Rolando Ortiz Velázquez ha demostrado, según documentado en las auditorías de la OCPR, que no ha sido un buen administrador del municipio ya que los hallazgos principalmente señalan problemas con administración de dinero, de personal (recursos humanos) y de proyectos.
La información provista en las auditorías para justificar su mala administración es que el municipio tiene un superávit en sus arcas desde hace varios años.
El alcalde siente que puede ir por encima de la ley al ignorar las recomendaciones de recobro de dinero, aumentándose el sueldo, pagando multas con retrasos, incumpliendo con las reglamentaciones de subastas/compras o fallando en supervisar al Director de Finanzas del municipio.
Armado y protegido por el superávit del municipio, el alcalde se siente cual hombre adinerado que puede comprar su paso por la vida sin ninguna consecuencia. Lo que parece no entender el alcalde es que, los bienes y el superávit son del municipio, o sea, de sus constituyentes.
Así las cosas, el municipio de Cayey con tal presupuesto debería estar impecable. No debería tenerproblemas con el estado de las carreteras o con la violencia y la seguridad. Con tanto dinero, mucho menos sería necesario el desplazamiento de los residentes de las zonas urbanas pobres o las construcciones innecesarias.
Así como es de conocimiento general que el dinero sobra, el Pueblo reclama transparencia en la información: ¿De dónde proviene el dinero del superávit y cómo se utiliza para el bienestar de los constituyentes de Cayey? ¿Hay algún conflicto de interés entre los contratistas o empleados del municipio con los donantes de campaña o amigos del alma del alcalde?
El Pueblo tiene derecho a la información pública, de manera expedita. Sobre todo, si sufre las consecuencias de una bonanza ilusoria, pero teniendo necesidades tercermundistas.
Prensa sin censura 