Los informes de auditoría de la OCPR reflejan que el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, siempre ha sido un mal administrador
Primero de dos artículos
RHINA M. JIMÉNEZ MS
Periodista independiente
El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez ha reiterado en múltiples ocasiones que quienes deseen obtener información sobre las finanzas y administración del municipio deben referirse a los informes de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
Esto para justificar su negativa de entregar información referente a las finanzas del municipio, en específico lo que tiene que ver con la nómina de los empleados. El pasado 2 de mayo, un juez del Tribunal de Primera Instancia ordenó al municipio de Cayey y su alcalde a publicar una lista con los nombres, salarios y puestos de los empleados municipales.
José Carlos Rivera Santiago, candidato a la alcaldía de Cayey por el MVC, ha indicado que la información que pidieron a través de la Ley 141 del 2019 es pública y que existen precedentes donde el tribunal ha ordenado su publicación a las ramas legislativas y judiciales estatales.
Incluso, el presidente del PPD, partido al cual el alcalde Rolando Ortiz pertenece, ha solicitado la divulgación de información de nómina a 14 agencias del gobierno. Estableciendo así, que la información solicitada al municipio de Cayey es de dominio público.
El municipio, a través de su abogado, el ex gobernador Alejandro García Padilla, radicó una moción de reconsideración al tribunal. Sin embargo, el alcalde Rolando Ortiz hizo declaraciones a la prensa estableciendo que no haría pública dicha información y que está dispuesto a llegar hasta el mas alto foro judicial para no entregarla. Esto, luego de que el pasado viernes 24 de mayo se llevara a cabo una manifestación frente a la alcaldía de Cayey exigiendo la publicación de la información solicitada.
Dada la insistencia del alcalde indicando que la información pública sobre el municipio está disponible en la página de internet de la OCPR, nos dimos a la tarea de evaluar todos los informes de auditoría del municipio de Cayey desde que el alcalde Rolando Ortiz ejerce como incumbente.
Valga recalcar que el alcalde ha estado al mando del municipio desde el 1997, cuando juramentó su primer término luego de las elecciones del 1996 donde resultó electo.
Evaluamos las auditorías realizadas al municipio de Cayey entre el 1 de julio de 1998 y el 30 de junio de 2019, las cuales están disponibles en la página de internet de la OCPR: https://iapconsulta.ocpr.gov.pr. Descartamos una auditoría que incluye los primeros dos años del alcalde incumbente, ya que también cubría parte de un periodo de tiempo de su predecesor en la alcaldía.
En total evaluamos 10 auditorías que realizó la OCPR al municipio de Cayey en un periodo de 21 años. Los números de los informes de auditoría evaluados fueron los siguientes: OC-24-01, M-18-27, M-14-46, M-14-47, M-12-20, M-12-18, M-12-17, M-07-59, M-05-12 y M-02-41.
El propósito de evaluar las auditorías realizadas por la OCPR al municipio de Cayey es visibilizar los hallazgos y recomendaciones realizados al alcalde durante toda su incumbencia y tener una noción de su capacidad como administrador del municipio.
Todas las auditorías se realizaron para evaluar las operaciones fiscales del municipio de Cayey y velar que las mismas cumplan con las leyes y reglamentaciones aplicables. Las auditorías se dividen en dos partes principales: los hallazgos y las recomendaciones. Los hallazgos son eventos ejecutados por el municipio los cuales NO cumplen con las leyes o reglamentaciones aplicables. Las recomendaciones son parte del plan de acciones correctivas de la OCPR. Se establecen para resolver o corregir los hallazgos reportados y evitar que vuelvan a ocurrir.
A continuación, un resumen de los hallazgos y recomendaciones encontrados en las 10 auditorías evaluadas.
Hallazgos significativos de las auditorías realizadas por la OCPR al municipio de Cayey:
• Aumento de sueldo al alcalde sin considerar los requisitos establecidos por Ley y la condición financiera del Municipio.
• Falta de inventarios físicos anuales de la propiedad mueble, desaparición o hurtos de propiedad sin realizar investigaciones administrativas.
• Contratación de servicios pagados con fondos federales sin obtener propuestas.
• Compras realizadas a una corporación imposibilitada de mantener contratos con el gobierno.
• Gastos extravagantes e innecesarios.
• Policías municipales asignados a realizar tareas de tasadores de la propiedad municipal no contempladas en la ley.
• Delegación indebida de funciones y deberes del alcalde a la presidenta de la Legislatura Municipal.
• Participación de un miembro de la Junta de Subastas en reuniones mientras fungía como alcaldesa Interina.
• Deficiencias relacionadas con la aprobación de órdenes de cambio y trabajos, sin obtener previamente permiso de construcción.
• Pago de multas, intereses, penalidades y recargos a diferentes agencias gubernamentales estatales y federales.
• Pagos a un contratista por trabajos realizados sin el otorgamiento de un contrato escrito.
• Puesto ocupado por empleados que no cumplían con el requisito de licencia para ejercer su profesión.
Entre los otros hallazgos podemos encontrar adjudicaciones de contratos o compras de equipos sin realizar subastas o sin contar con fondos suficientes, deficiencias relacionadas con la administración del personal, múltiples pagos indebidos, patentes sin cobrar, déficit presupuestario y falta de fiscalización de parte de la Unidad de Auditoría Interna.
El alcalde y la legislatura municipal tienen la oportunidad de justificar sus decisiones respecto a cada uno de los hallazgos y así consta en todos los informes de auditoría evaluados. Sin embargo, los auditores de la OCPR concluyeron que sus argumentos no justificaban las decisiones o no eran válidos, sosteniendo así los hallazgos reportados.
Prensa sin censura 