Nota del Editor: el autor tiene un bachillerato en Psicología y es estudiante de Maestría de Trabajo Social Clínico y n la Universidad Ana G. Méndez
Heriberto Enrique Andújar de Jesús
En las pasadas semanas el Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Junta de Libertad Bajo Palabra han estado presentes en la conversación pública. Desde diversos foros y sectores, se ha levantado la voz de alerta sobre procesos, reglamentaciones y labores en ambos entes gubernamentales.
La excarcelación del feminicida Hermes Ávila, convicto por múltiples asesinatos, agresiones sexuales, entre otros, ha sido el pie forzado para que componentes políticos, sociales y gubernamentales observen las posibles problemáticas que estas principales dependencias acarrean.
Ante la ola de violencia que experimenta Puerto Rico y específicamente en niños y mujeres, la representante Jocelyne Rodríguez Negrón, quien es presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, radicó una pieza legislativa que tanto en Senado como en Cámara, fueron avalados unánimemente.
El P de la C 2106, en esencia busca que individuos convictos por agresión sexual, pornografía infantil, sodomía, incesto, violación, actos lascivos, secuestro, secuestro agravado, agresión sexual conyugal, entre otros, no se beneficien de la consideración de cumplir parte de sus sentencias en libertad condicionada.
Del mismo modo se espera que el gobernador de Puerto Rico con su firma, finalmente lo convierta en ley. Mientras tanto el tétrico panorama que atraviesa la administración correccional y su secretaria Ana Escobar Pabón, han propiciado a que se inicien investigaciones tanto legislativas como judiciales, avalando consideraciones a que en efecto se modifique la ley 25 que permite liberar confinados con enfermedades terminales.
Ante el terremoto político y mediático que ha trastocado al gobierno en general, se han cancelado hasta nuevo aviso las excarcelaciones de convictos con enfermedades terminales.
Sin embargo, otro ámbito que en escasas ocasiones se discute, es el de las víctimas, sobrevivientes y familiares de crímenes como feminicidios y asesinatos en modalidades graves. No se puede negar que nuestro país sea violento y que requiera medidas más agresivas para combatir o prevenir el crimen. Pero es momento de que las personas que fueron autores o partícipes de asesinatos y masacres que incluyen niños, agentes de la policía, ancianos y mujeres, como mínimo paguen la totalidad de sus respectivas condenas.
El proyecto de ley que se aprobó en 2022, redujo el término de que una persona pudiese solicitar consideración a la Junta de Libertad Bajo Palabra de 35 años a 25 años y de 15 a 10 años en caso de menores sentenciados como adultos. ¿Dónde queda la opinión de las víctimas y sus familias?
La mayoría de estos asesinatos son atroces, salvajes y con intención y pura maldad. Dejando atrás una estela de tristeza, desconsuelo y quebranto significativo. Mencionando los feminicidios que en varias instancias se perpetran delante de hijos, amigos o familias. Los protagonistas de estos actos horrendos, ¿tuvieron compasión de sus víctimas? ¿Pensaron en el efecto traumático y negativo que eso redundaría en sus comunidades, familias y conocidos? La respuesta es NO. Estamos de acuerdo que el confinado merece ayuda y rehabilitación. Sea de delitos menos graves o un poco más como robo, agresión, posesión de sustancias controladas, posesión de armas, vehículos hurtados, escalamiento en sus modalidades, fraude en sus modalidades, entre otros más.
Lo que no sería correcto es que un asesino tenga igualdad de oportunidad de salir a la calle, abriendo heridas y traumas. Tras que el duelo de una pérdida es intenso, saber que el responsable del crimen de tu ser querido pudiese salir libre, triplica la desesperanza y la falta de fe en el sistema jurídico nacional.
Todo el andamiaje de seguridad judicial y forense debe honrarse y respetarse en todos los niveles. Cada uno abona a que se procese un individuo y se le encuentre convicción en los tribunales de este país. No se puede menospreciar esa labor de todos los servidores públicos de la Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia, Instituto de Ciencias Forenses y la Administración de Tribunales.
Con el mayor de los respetos, a nombre de miles de ciudadanos, hago un llamado a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico a que consideren enmendar la ley aprobada en el año 2022 y que personas convictas por asesinatos en primer grado, feminicidios o declarándose culpable de estos, no se beneficien de privilegios o consideraciones de la Junta de Libertad Bajo Palabra.
Creemos en la rehabilitación de estas personas, claro que sí, pero que lo hagan extinguiendo sus condenas en una prisión y no en la calle.
A representantes y legisladores, les digo que escribirían una nueva página en la historia del país haciendo valer la opinión y el dolor de las víctimas. Que la solidaridad, sensibilidad y paz inunden sus mentes y corazones. Empatía para las víctimas del crimen.
Prensa sin censura 