Nota del Editor: Ponencia ante la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado, dictada por Miguel Ángel Reyes De Jesús, uno de los portavoces de la Alianza Nacional contra el Desplazamiento Poblacional (ANCODEPO), sobre el P. de la C. 1557 que busca permitir y legalizar las plataformas como AirBNB y otras que se lucran del alquiler a corto plazo.
Miguel Ángel Reyes De Jesús
El establecimiento de este tipo de negocio trae como consecuencia el desplazamiento forzado de las personas y familias que dependen del alquiler a largo plazo para tener, por lo menos, puesto que no hay acceso real a viviendas fijas, un techo bajo el cual guarecerse, un lugar donde la familia pueda dormir y descansar y una comunidad de la cual formar parte.
Es fundamental para un país como el nuestro, donde la inseguridad en todos los niveles de nuestra vida, es el pan nuestro de cada día, que haya un lugar al que las personas, ya sea solas o con familia, puedan llamar hogar y a su entorno, comunidad. Un espacio en el que puedan, dentro de las circunstancias que vivimos, tener algo de paz y descansar para continuar la lucha por la sobrevivencia y permanencia en nuestro país.
El virus capitalista de los AirBNB y otras plataformas digitales está contagiando al país y está penetrando a las comunidades residenciales, provocando que se altere la forma en que se relacionan las personas que allí viven y toda su vida comunitaria.
En los lugares donde se establecen zonas turísticas sea “de jure” como en el Condado, con la zona hotelera u otros lugares donde ubican paradores, sea “de facto” , como los lugares en que se han establecido los AirBNB y otras plataformas de alquileres a corto plazo, como las comunidades residenciales, se altera de manera drástica la vida y convivencia de las y los residentes de esos lugares, pues cambia la relación económica del lugar, dando paso al aburguesamiento del mismo, lo que provoca que las personas tengan que irse, abandonando sus comunidades, víctimas del desplazamiento o, si viven alquilados, les cancelan o aumentan la renta para convertir las propiedades en AirBNB con el mismo efecto desplazador.
En aquellos países en los que los llamados alquileres a corto plazo han penetrado las comunidades, los problemas de desplazamiento son graves. Esto ha hecho que muchas ciudades en los Estados Unidos, Canadá, Europa, Japón, Singapur y otras partes del mundo, tomen cartas en el asunto e incluso hay lugares que los han prohibido para contrarrestar el turismo excesivo y el desplazamiento poblacional.
Aunque no hay que ir muy lejos, solo visiten el Malecón en Esperanza, en Bieké.
Según la Compañía de Turismo de Puerto Rico, cualquier problema que provoquen quienes alquilen los AirBNBS no es de su incumbencia. Esa corporación solo tiene que ver con que le den el impuesto por habitación. El representante de AirBNB, que, de hecho, no vive en Puerto Rico, sino que reside en Washington DC, trajo a las vistas celebradas por la Comisión de Turismo y Cooperativismo de la Cámara de Representantes la posición de esa transnacional que, en palabras sencillas, fue: nosotros creamos los problemas y otros que los resuelvan, pero sin perjudicarnos el negocio.
Todos los argumentos a favor de estos negocios son económicos, no hay -porque no existe- un planteamiento que atienda el desarrollo social de las comunidades. En un artículo de opinión publicado en un diario de circulación mayor se dice que los alquileres a corto plazo son una “gallina de los huevos de oro”.
Los alquileres a corto plazo, como los AirBNB, son “la gallina de los huevos de oro”, no para Puerto Rico, no para las comunidades que ven alterada su vida comunitaria, lo son para quienes, gracias a su poder económico, adquieren propiedades dedicadas al alquiler a largo plazo y desplazan a las y los inquilinos aumentándoles la renta o simplemente echándoles fuera.
ANCODEPO se opone a que se legalicen o permita de cualquier forma el establecimiento de estos negocios en las comunidades residenciales porque son fuente de desplazamiento y desintegración comunitaria.
Estos llamados alquileres a corto plazo han generado una ola especulativa de propiedades, provocando que aumenten los precios de las viviendas, haciendo que, si en un principio, era difícil adquirir una casa, ahora es imposible y las personas que buscan alquilar una casa o apartamento a largo plazo para usarlo como vivienda se ven imposibilitadas de lograrlo porque ni siquiera el vale que se les otorga para vivienda por el Plan 8 es suficiente.
Además, no hay prácticamente propiedades disponibles para este tipo de alquiler y los precios de las viviendas para la venta son impagables.
Ante la realidad de que el desplazamiento poblacional en nuestro archipiélago es un hecho innegable y que las Leyes 20 y 22 de 2012, ahora Ley 60 de 2019, entre otros factores, aceleran el desplazamiento, permitir que negocios como los Airbnbs se sumen a esta campaña de desplazamiento poblacional contra el pueblo, provocando la desintegración de nuestras comunidades y por ende de nuestro país, es validar y asumir como suya la nefasta consigna de: “un Puerto Rico sin puertorriqueños”.
Es por eso que estos negocios tienen que ser prohibidos en todas las comunidades y áreas residenciales del país. Se requiere voluntad política y compromiso para impedir que esto ocurra, aunque eso signifique enfrentar a los grandes intereses económicos y, de ser necesario, a la metrópoli que nos coloniza.
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