Ensayo basado en una investigación periodística, observaciones y corroboración de datos en Cayey
Por Rhina M. Jiménez MS
Prensa sin censura
El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez al parecer no entiende cuáles son sus funciones como administrador del municipio que representa.
Según la Ley 107 del 2020, un alcalde “será la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva del gobierno municipal y en tal calidad le corresponderá su dirección, administración y la fiscalización del funcionamiento del municipio.”
La ley es clara al establecer que los alcaldes, además de administrar, deben dirigir y fiscalizar el funcionamiento de los municipios, cuyo fin eventualmente es el bienestar común y la atención a los problemas y necesidades colectivos de sus habitantes.
Sin embargo, según el informe de auditoría OC-24-01 realizado al municipio de Cayey y publicado por la Oficina del Contralor de P.R. en julio del 2023, el alcalde está muy lejos de cumplir con sus responsabilidades.
Dicho informe, en el cual se auditó el periodo de marzo 2017 a junio 2019, se detallan cuatro hallazgos serios, dos comentarios especiales y múltiples recomendaciones. Entre los hallazgos se encuentran los siguientes:
– Costos por $509,556 asumidos por el municipio y $180,222 dejados de reclamar por retiro de una oferta luego de haberse celebrado una subasta para la remodelación de la Plaza de Recreo.
– Ausencia de los informes mensuales de inspección de la construcción de la rotonda Benigno Fernández, a un costo de $4,068,500. El municipio pagó a un ingeniero $2,461,499 por los informes/inspecciones desde noviembre 2015 hasta mayo 2017. Pero el mismo no sometió ningún informe/inspección adicional luego de mayo 2017 hasta la terminación del proyecto en junio 2019.
– Pagos indebidos por $121,400 luego de una orden de cambio, por trabajos no realizados para la remodelación de la Plaza de Recreo.
– Pagos por $96,797 correspondientes a trabajos deficientes y material de baja calidad. Específicamente las losas de pavimento instaladas durante la remodelación de la Plaza de Recreo, las cuales tuvieron que ser removidas.
Según detallado en el informe de auditoría, el alcalde y las agencias municipales intentaron sin éxito explicar y justificar los hallazgos mencionados. Pero, los auditores los mantuvieron debido a que claramente violaban las leyes y reglamentos bajo los cuales se realizó la auditoría. El informe también contiene dos comentarios especiales de otros asuntos surgidos los cuales son de extrema importancia. Estos muestran y reflejan el problema de mala administración del alcalde de Cayey así como la falta de acciones correctivas que vayan a la par con las situaciones expuestas. Los comentarios especiales del informe de auditoría fueron los siguientes:
– Multas impuestas al alcalde por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental de P.R. En una querella presentada en el 2015, por contratar a una ex empleada del Programa Head Start, sin tener la dispensa requerida por la OEGPR. Luego de varios intentos en los tribunales para evitar las sanciones de la OEGPR, el alcalde tuvo que pagar varias multas por no haber cumplido con lo provisto en la ley. En junio del 2017, el alcalde tuvo que pagar una multa de $2,000 al Departamento de Hacienda y restituir $19,852 al municipio de Cayey por concepto de ingresos y beneficios pagados ilegalmente.
– Demandas civiles pendientes de resolución. A marzo del 2020 quedaban pendientes 10 demandas civiles en contra del municipio de Cayey ascendentes a $9,900,868. Algunas de las causas incluyen: daños y perjuicios, hostigamiento laboral, despido injustificado, anulación de compraventa, sentencias declaratorias y administración del personal.
El alcalde de Cayey Rolando Ortiz tiene $120,000 razones al año para hacer bien su trabajo. Sin violar la ley y fiscalizando para que la administración del dinero o los bienes del municipio estén asegurados.
Rhina M. Jiménez, Periodista Independiente
El reporte de auditoría incluye bastantes recomendaciones a diferentes agencias estatales y municipales, en respuesta a los hallazgos informados. Al alcalde se le especifica que tiene que velar por el proceso de subastas, las inspecciones de proyectos, las órdenes de cambio y el recobro de dinero municipal. Claramente, lo que se le pide al alcalde es que realice el trabajo para el cual se le paga y que le corresponde según la Ley 107 del 2020: “Dar cuenta inmediata a las autoridades competentes sobre cualquier irregularidad, deficiencia o infracción a las leyes, ordenanzas, resoluciones y reglamentos aplicables al municipio.”
El alcalde de Cayey Rolando Ortiz tiene $120,000 razones al año para hacer bien su trabajo. Sin violar la ley y fiscalizando para que la administración del dinero o los bienes del municipio estén asegurados. Utilizándolos para resolver los problemas y cubrir las necesidades de los habitantes de Cayey. Pero no ha sido así, en parte por la seguridad relativa de impunidad que respiraría cualquier alcalde que, como él, lleva casi tres décadas en su “reinado”.
Mientras tanto, los cayeyanos esperan pacientemente, que el alcalde resuelva los problemas colectivos y actúe en beneficio de los habitantes de su municipio. Tienen que vivir manejando carreteras intransitables, como la 743 del barrio Las Vegas o la Lucía Vázquez del casco urbano. Aceptar el aumento en criminalidad, sin contar con un cuerpo de policía municipal. Soportar las expropiaciones, el desplazamiento y la gentrificación del casco urbano y áreas limítrofes. Acostumbrarse a ver cerrar los negocios en el casco urbano y los locales vacíos en los centros comerciales.
Tolerar la falta de protección de los recursos naturales de un “Cayey Verde” que solo existe en las redes sociales. Esperar pacientemente a que se ejecuten acciones correctivas debido a las inundaciones, producto de las otorgaciones de permisos de construcción desmedidos. Observar las demoliciones de estructuras habitables para “crear espacios nuevos” que no son necesarios. Preguntarse, cuál es la necesidad de construir complejos deportivos y estacionamientos nuevos cuando basta con rehabilitar los existentes.
Ver como cierran el Hogar de Ancianos cuando la población de la tercera edad aumenta. Transitar por rotondas innecesarias en áreas residenciales y urbanas, justificadas por un sistema de transporte prometido hace décadas y que todavía no existe.
Juzguen ustedes, constituyentes de Cayey.
Prensa sin censura 